ElTiempo – La operación del Ejército Nacional en el Alto Remanso, en Putumayo, tenía como objetivo capturar a un disidente de las Fac que, supuestamente, se encontraba en el sitio.
Las autoridades colombianas deben garantizar investigaciones independientes e imparciales en los casos de soldados presuntamente responsables de matar a civiles durante una operación militar en marzo de 2022 en Alto Remanso, Putumayo , pidió Human Rights Watch al presentar este lunes, 18 de septiembre, un escrito ‘Amicus Curiae’ ante la Corte Constitucional.
En el escrito, Human Rights Watch asegura que la investigación debería llevarse a cabo en el sistema de justicia civil; no en los tribunales militares.
«Las autoridades colombianas deberían transferir el caso al sistema de justicia ordinario y garantizar justicia para las personas en Alto Remaso (…) La Fiscalía General también debería investigar si algún funcionario intentó deliberadamente obstaculizar la investigación sobre estos asesinatos del ejército”, explica en el escrito Juanita Goebertus, la directora de Human Rights Watch para América.
La Corte Constitucional analiza si la justicia militar o la civil conducirán la investigación
La operación militar se desarrolló el 28 de marzo de 2022, supuestamente, para capturar a uno de los líderes de una disidencia de las FARC, que testigos dijeron que no se encontraban en la zona del Alto Remanso cuando los militares incursionaron.
Sin embargo, organizaciones sociales dijeron en esa ocasión que en realidad se trató de una masacre de indígenas y que el Ejército luego trató de hacer pasar por guerrilleros.
El presidente de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), José Homero, destacó que en el caserío Alto Remanso «hubo una emboscada el pasado lunes 28 de marzo por parte del Ejército Nacional, que empezó a disparar a la población civil», que estaba reunida participando en «una actividad veredal».
Tras la muerte de las 11 personas, el Ejército colombiano procedió a ponerles a los cadáveres «botas (…) para poderlos hacer pasar por integrantes de las disidencias de las FARC»,aseguró el indígena que calificó el hecho como un «falso positivo».
Según el Ejército, el objetivo de la operación era Carlos Emilio Loaiza, alias ‘Bruno’, parte de la comisión financiera de los Comandos de Frontera, que supuestamente están aliados con la Segunda Marquetalia.