Parar la explotación de petróleo en la Amazonia no es tan fácil como parece

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ElEspectador – Aunque el presidente Gustavo Petro ha propuesto frenar la extracción de hidrocarburos en esta región, lograr ese objetivo no es tan sencillo. Los países vecinos tienen en marcha proyectos que van en contravía de esa propuesta.

En el documento acordado en la pasada Cumbre Amazónica, en la que estuvieron los presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva, quedó un gran vacío en torno al petróleo, que muestra que proteger la región de la explotación de hidrocarburos no es tan fácil como parece. En Ecuador y Brasil hay debates por casos específicos de exploración y explotación en ciertas regiones de la Amazonia; en Colombia avanza el proyecto de ley para prohibir el fracking; y en otros países, como Surinam y Guyana, las expectativas económicas a futuro están centradas en sus pozos petroleros.

El Tratado de Belém no menciona la palabra petróleo y en el único punto dedicado a los hidrocarburos exige que los países amazónicos inicien un diálogo para que la explotación sea “sostenible”. Pero para los expertos el hecho de que el petróleo esté ausente del documento no es algo menor. Para hacernos una idea de lo que este hidrocarburo significa con países como Colombia y Brasil basta ver algunos datos.

De acuerdo con información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos a 2023, en la Amazonia colombiana hay licencias de exploración de hidrocarburos solo en Caquetá, Putumayo y Meta, y de en Putumayo y Meta (ver infografía)


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Parar la explotación de petróleo en la Amazonia no es tan fácil como parece

Foto: Paula Sánchez

En el país vecino hay concesiones de exploración minera, de petróleo y gas a lo largo de la Amazonia legal, conformada por los nueve Estados que comparten esa región de Brasil, según datos de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). Además, de acuerdo con la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil, esta es la región con las mayores reservas probadas de petróleo y gas en tierra de ese país.

Según datos del DANE, en 2022, Colombia recibió más de US$18 mil millones por petróleo específicamente, un aumento de más del 40 % frente a 2021. En 2022, en Brasil, solo Petrobrás, que opera el 98 % de los pozos de la Amazonia legal, tuvo ganancias récord de US$36 mil millones.

De acuerdo con Juan Camilo Cárdenas, PhD en economía por la Universidad de Massachusetts y director del Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes, dejar el petróleo, tanto en el caso de Colombia y Brasil, es posible, “pero no en el corto plazo. Petrobras y Ecopetrol generan tantos ingresos a los dos gobiernos, que renunciar a estos recursos en el corto plazo es inviable si quieren mantener el balance fiscal”.


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Para explicarlo hace una metáfora: “Uno puede frenar un carro a toda velocidad, y si los niños no van con el cinturón de seguridad se golpean contra el vidrio; o uno puede frenar el carro con pausa anticipando qué va a pasar y poco a poco irlo haciendo con menos daños”.

Más allá de esas cifras, hay otro gran desafío para cumplir con el propósito de no extraer petróleo de la Amazonia: cada país que comparte un fragmento de esa región tiene una situación particular con los hidrocarburos. El mejor ejemplo es lo que ha sucedido en Brasil y Ecuador.

Explotar un Parque Nacional y perforar el mar

Desde hace un par de semanas el Parque Nacional Yasuní, el área protegida más grande de Ecuador, ha sido noticia. Con un 58 % de votos a favor, el país decidió en un referendo no explotar petróleo en esta área de la Amazonia occidental.

La historia de ese proceso comenzó hace más de una década, cuando en 2007 Rafael Correa les propuso a los países ricos que protegerían Yasuní de la extracción a cambio de una compensación para Ecuador de más de US$7 mil millones. La propuesta no fue tan bien acogida y apenas recolectó US$13 millones.

“No era caridad lo que buscábamos de la comunidad internacional, sino corresponsabilidad ante el cambio climático”, dijo Correa. En 2013 empezaron las exploraciones y en 2016 la explotación de petróleo en esa zona. Mientras tanto, arrancó una recolección de firmas por parte del colectivo Yasunidos para ir a una consulta. La iniciativa prosperó apenas hasta este año, gracias a una decisión de la Corte Constitucional.

Sin embargo, después del resultado, el Ministerio de Minas afirmó que continuarán la extracción de petróleo, pues, citando la Constitución, solo las personas que viven en cercanías al área pueden decidir sobre el futuro de un proyecto de explotación.

Mientras esto ocurre en Ecuador, Brasil, el país que tiene mayor porcentaje de la Amazonia (60 %) también está en medio de una compleja discusión. En un bloque petrolero, ubicado a 175 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas, Petrobras tiene intereses de exploración y perforación marina. Esto ha generado intensos debates en la Cámara de Diputados de Brasil, además de desencuentros entre el Ministerio de Minas y Energía, que da las licencias de exploración, y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), del Ministerio de Medio Ambiente, que da una licencia ambiental previa luego de que se hagan ciertos estudios.

En mayo el Ibama negó la licencia solicitada por Petrobras debido a “inconsistencias técnicas”. No obstante, a finales de agosto, la Fiscalía General de ese país emitió un dictamen diciendo que la falta de una evaluación ambiental del área sedimentaria no impide el licenciamiento ambiental.

Ante esto, la ministra de Ambiente, Marina da Silva, dijo en la Cámara que el Ibama no cambia su postura: “Entiendo que es una zona muy sensible, y que no tenemos el conocimiento de las corrientes marinas. Y siempre digo: ‘El Ibama no da licencias políticas, sino técnicas. No lo pone fácil ni difícil’”.

Ante esta situación, Ricardo Baitelo, director de proyectos del Instituto de Energía y Medio Ambiente de Brasil, dice que lo que sucede con Petrobras es lo mismo que ha pasado anteriormente con otras compañías: “Tiene que haber un plan decente de dispersión de petróleo, lo que lleva tiempo, y tiene que haber un plan decente para una evaluación integrada de toda la región, que Petrobras aún no ha podido producir”. Entonces, continúa Biatelo, “los técnicos del Ibama están alegando que su exploración no es aconsejable ni sostenible, dadas las incertidumbres en términos de potenciales impactos al sistema arrecifal y a las poblaciones que viven en esa región”.

Tanto lo que pasó en Ecuador como en Brasil ocurrió algunos días después de que culminara la Cumbre Amazónica, en donde, precisamente, el petróleo fue uno de los ausentes en el Tratado de Belém. El documento no menciona la palabra “petróleo” y en el único punto dedicado a los hidrocarburos exige que los países amazónicos inicien un diálogo para que la explotación sea “sostenible”, pero ese es un término que ha causado cierta inconformidad.

Solo con estos dos ejemplos, ¿qué posibilidades habría para, en el caso de toda la Amazonia, evitar que siga aumentando la exploración? Como ya existen mecanismos de financiación de conservación de la selva, agrega Madrigal, lo interesante sería comparar los beneficios (incluso en costos) y conservar con las ganancias que dan los hidrocarburos.

Los vacíos de una extracción sostenible

Durante su intervención en la inauguración de la Cumbre de Belém, Gustavo Petro fue enfático en la necesidad de ser “afines a la ciencia” y en que la solución ante el cambio climático es “dejar el petróleo, el carbón y el gas”. Para él, ninguno de los ocho países que la conforman debería producirlos. Pero otra cosa muy distinta piensa Lula.

Para Baitelo, la diferencia clave entre ambos presidentes es que desde sus anteriores gobiernos Lula se aferró al “uso del petróleo para promover el desarrollo en educación y salud, y fue reelegido”; sin embargo, dice que es contradictorio porque ahora “se promocionó como un campeón climático en la última COP, será el anfitrión de la cumbre climática dentro de dos años, y lo que le aconseja su equipo es que la exploración de petróleo en el Amazonas es viable dependiendo de dónde se haga y de las condiciones en que se haga”, es decir, teniendo en cuenta ciertas consideraciones pasaría por “sostenible”.

Pero el concepto de sostenibilidad, de entrada, es confuso. Para Cárdenas, toda forma de extracción del subsuelo, incluyendo minerales, metales e hidrocarburos (gas y petróleo), va a generar algún daño ambiental. Pone como ejemplo lo que ocurre con la minería en Colombia: “Una cosa es a cielo abierto y otra la minería a socavón, una es la minería con dragas y otra es la de barequeo de los pequeños mineros artesanales”. No obstante, agrega, todas “van a tener algún daño; es imposible pensar en una extracción sin ningún costo ambiental”.

A esto, dice Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente de la Universidad de los Andes, habría que añadir el hecho de que el “término de sostenible es bien complejo porque siempre se va a empezar a priorizar el costo beneficio de lo económico sobre los impactos”. Cárdenas prefiere hablar de “costos y beneficios ambientales” para determinar las implicaciones de “cada actividad, cuáles costos ambientales tiene y cuáles genera”. El reto, añade, es que los países logren evaluar eso.

Justo ahí hay otro gran vacío para Baitelo, pues dice que al referirnos a la Amazonia estamos “hablando de un corredor de biodiversidad que podría estar entre los más grandes del mundo”, pero insiste en que el punto es que “apenas se conoce, por lo que explorar ahora ni siquiera permite cartografiar los impactos”.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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