ElTiempo – Aunque los ecosistemas en esta zona tienen menos transformaciones que los del centro del país, el aumento en las temperaturas de la región, la explotación minera, las difusas fronteras agrícolas y los grupos armados los han expuesto a afectaciones que pueden ser irremediables.
La zona es de contrastes. Típica de un ecosistema andino y tropical. Por momentos, hace un sol ardiente, intenso, que deja un ambiente seco. Pero en cuestión de horas, todo se nubla, se vuelve gris y llueve a cántaros. Es un paisaje único de este lado del mundo y del país. Es algo característico de la zona montañosa de Nariño y Putumayo.
Uno de los lugares que lo enmarca está en el Cumbal, justo metros abajo del cráter del volcán y con una laguna que refleja la majestuosidad del ecosistema. Para llegar hasta allí, hay que tomar varios transportes. El recorrido desde Pasto, la capital nariñense, toma al menos cuatro horas. La carretera, en varios sectores, permanece averiada por las lluvias —dicen los conductores— pero también por la falta de mantenimiento del Estado y las administraciones locales —aseguran los pobladores—.
No hay tantos turistas y ese se ha vuelto un problema para muchos, sobre todo después de la reactivación tras la pandemia de covid-19. La laguna de Cumbal está rodeada de una cadena montañosa que deslumbra en el casi nulo nevado del mismo nombre —para 1985, el deshielo en el ‘gigante del sur’ ratificó su sentencia—. Cuando está despejado, a lo lejos se pueden ver frailejones, propios del ecosistema de páramo. El lugar tiene tres puntos habilitados para que las personas se acerquen a la orilla. Cuando se habla con personas que viven en la zona, entre tantas dificultades —incluida la compleja situación económica—, hay una frase en la que coinciden cuando miran hacia el horizonte y señalan: “Hay que cuidar los páramos que son los que nos dan el agua, aunque muchos no lo sepan”.
“Mis abuelos les dijeron a mis papás y ellos a mí y yo les digo a mis hijos y a mis nietos que los páramos se cuidan”, asegura una mujer que pidió no ser citada. Ella es campesina y tiene una familia numerosa: unos trabajan en diferentes oficios en el casco urbano, otros hacen recorridos turísticos y unos más venden alimentos. “Acá hay muchos problemas. Desde lejos no se ve bien, pero por las montañas, detrás de ellas, o en medio, hay cultivos y minería, golpean la tierra. Y pues uno no justifica porque es lo que a muchos les enseñaron y la única forma que tienen para conseguir la comida. También los cambios en la temperatura y los incendios los han afectado”, agrega.
UNA ESTRELLA FLUVIAL HERIDA
La riqueza natural del suroccidente del país es mágica. No todos los colombianos la conocen y se escucha muy poco de ella en los medios. En los colegios, se les indica a los niños y niñas que allí es donde la gran Cordillera de los Andes le da paso al Macizo Colombiano, el punto de origen de cinco ríos: el Cauca, el Magdalena, el Patía, el Putumayo y el Caquetá —que representan el 70 por ciento de agua del país—, y la zona desde donde se extienden las cordilleras central y oriental.
El Nudo de Almaguer, como también se le conoce a esa estrella hidrográfica, es un sitio majestuoso y reúne a varios ecosistemas de alta y baja montaña, según lo detalla el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Es un santuario que aloja al 27 por ciento de los páramos del país: solo en el complejo Guanacas – Puracé – Coconucos, se han registrado 1.204 especies de fauna y flora, 72 de ellas endémicas, indica el Instituto Humboldt. No en vano, la Unesco lo declaró reserva de la biosfera en 1979.
Mis abuelos les dijeron a mis papás y ellos a mí y yo les digo a mis hijos y a mis nietos que los páramos se cuidan
Pero el sitio no ha sido ajeno a las transformaciones. Aunque pareciera que fuera poco transitado y al que no llegan turistas de forma masiva, lo cierto es que los habitantes del sur del Cauca y Huila y del norte de Putumayo y Nariño dan cuenta del deterioro del ambiente por la minería y el conflicto armado. Los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros, y la búsqueda de los grupos ilegales para establecer y apropiarse de rutas de narcotráfico, han afectado los ecosistemas. “Desde los ríos hasta los páramos, trazaron caminos. Todos saben dónde se ubicaba cada uno de ellos y ellos se movían en moto o a caballo”, relata a este diario un habitante de Bolívar, Cauca. “A todos no los dejaban pasar por allá y saben quién entra y quién sale”, agrega.
Esos senderos, que parecen cicatrices, se suman a las más notorias de la región por la minería ilegal. El río Sambingo se convirtió en el primero en el país en desaparecer por completo. Tenía 20 kilómetros de longitud y desembocaba en el Patía. En 2016, mientras los focos estaban en verificar los niveles de los ríos Magdalena y Cauca ante una intensa sequía en el país, las imágenes reveladas por el Ejército daban cuenta de un escenario dantesco: la extinción de un río por la extracción de oro.
Y eso fue solo la punta del problema. Las comunidades indígenas, afro y campesinas del Macizo han denunciado las afectaciones por la minería en los territorios. En 2021, más de 30.000 personas de seis municipios del norte de Nariño y Cauca votaron una consulta popular en contra de las extracciones mineras en la región. “Lo que pocos ven es que muchas licencias se entregan en zonas de páramo y se destruyen los ecosistemas, dragan los ríos y los químicos que usan contaminan lo demás”, asegura el hombre, una afirmación que coincide con lo que escribió el economista Fernando Guerra Rincón en 2019 en Razón Pública: “Al menos 10,200 hectáreas en la corona del Macizo están concesionadas a grandes mineras, muchas de ellas en zonas de páramos y de reserva forestal, donde la ley prohíbe este tipo de explotación”.
CAMBIO CLIMÁTICO Y MINERÍA: EL RASTRO HACIA EL SUR
Lo que sucede en el Macizo Colombiano es un abrebocas de la situación en los páramos de Nariño y Putumayo. Resoluciones de 2018 del Ministerio de Ambiente declararon los complejos de La Cocha-Patascoy, Doña Juana-Chimayoy, Chiles-Cumbal y Cerro Plateado.
Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia), referenciado por el Instituto Humboldt, solo en La Cocha-Patascoy hay cerca de 1.497 especies de fauna y flora, de las cuales, 68 son endémicas y 34 están en algún nivel de amenaza: tres en peligro crítico, nueve en peligro y 22 vulnerables. Por su parte, en Chiles-Cumbal, hay registro de 779 especies de fauna y flora, 22 endémicas y 12 se encuentran en alguna categoría de amenaza.
Uno de los principales problemas que enfrentan está relacionado al cambio climático. “El aumento de las temperaturas, la variabilidad de las precipitaciones y la disminución de la nieve y el hielo afectan los ecosistemas de alta montaña. Esto puede llevar a cambios en los patrones hidrológicos, desequilibrios en la biodiversidad y la pérdida de especies endémicas”, explica José Andrés Díaz, subdirector de intervención para la sostenibilidad ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño).
Y agrega: “Eso se suma a la extracción no regulada de minerales que contamina los cuerpos de agua con mercurio y otros químicos tóxicos, daña los suelos y destruye el hábitat de muchas especies”.
Lo anterior ha sido registrado tanto por habitantes como por la academia. Un estudio de la Universidad de Nariño, publicado en 2015, señala que la minería por esta región tiene su origen en la década de los 60, sobre todo en los municipios de Santacruz, La Llanada, Los Andes, Samaniego, Mallama y Cumbitara. “Al comienzo, todo era artesanal, después llegaron las grandes empresas con maquinaria y el gobierno empezó a legalizar las zonas mineras”, asegura Johan Gomajoa, un campesino de la zona.
Lo que pocos ven es que muchas licencias se entregan en zonas de páramo y se destruyen los ecosistemas
Aunque el informe no especifica si se trata de actividades mineras en zonas de páramo, lo cierto es que conocedores de la región aseguran que sí las afecta. Algo que lo demuestra son las solicitudes de contratos de concesión ante la Agencia Nacional de Minería: por ejemplo, un reciente auto, publicado el 10 de abril de 2023, informa que no fue concedida una licencia por “superposiciones parciales” con la zona de páramo Cumbal-Chiles, entre otras razones.
Sin embargo, pese a que las autoridades están al tanto de las solicitudes formales, lo cierto es que la minería ilegal, que se ha asentado en las últimas décadas, ha cobrado fuerza, aún más en medio del conflicto armado. El trabajo de la Universidad de Nariño, que también ha sido referenciado por el Instituto Humboldt, señala que el uso de químicos, como el mercurio, contaminan los cuerpos de agua y afectan los páramos. Esto ha sido reportado a través de redes sociales por activistas ambientales con fotografías.
Cabe aclarar que la contaminación de los cuerpos de agua y de los ecosistemas, que expone a afectaciones a los páramos y su vegetación, también está dada por malos usos del suelo para la agricultura, la baja cobertura de servicios básicos como el depósito de aguas residuales y el mal estado de los sistemas de alcantarillado y acueducto, así como las actividades con ganadería, las especies exóticas invasoras y la construcción de infraestructura vial y de represas, explican los expertos consultados.
Bomberos de Nariño
CAMBIO CLIMÁTICO Y MINERÍA: EL RASTRO HACIA EL SUR
Pero también hay otro factor que contamina: los ataques a los oleoductos en Nariño y Putumayo por parte de grupos armados ilegales. Solo en 2019 se registraron 19 atentados contra el Oleoducto Trasandino. Y si bien los derrames no se dan en las zonas de páramo, lo cierto es que las consecuencias ambientales a largo plazo y la contaminación del agua vuelve a los ecosistemas vulnerables, según analistas
“Existen informes y evidencias que indican que el conflicto armado y la presencia de grupos ilegales han tenido un impacto negativo en varios páramos, aunque no es el único factor que los transforma”, asegura José Andrés Díaz, de Corponariño. “El conflicto armado en estas áreas agravan aún más los problemas y dificultan los esfuerzos de protección y restauración de estos valiosos ecosistemas”, añade.
Hay que señalar que Nariño y Putumayo han sido territorios donde los grupos armados ilegales, como Farc, Eln, Auc, Bacrim y disidencias, han estado presentes, una realidad similar a la que se ha vivido en los páramos de Boyacá y Cundinamarca. La razón: los corredores de alta montaña fueron usados para movilizar drogas, armas, comida y tropas, lo que permite “el control parcial o total por algún actor del conflicto y lo enmarca en una condición estratégica”, señala el informe de la Universidad de Nariño de 2015.
Muestra de ello son los municipios de Pupiales, Cumbal, Aldana, Carlosama, Los Andes y Túquerres, cercanos de Ipiales y de la zona de páramo delimitada en 2018. Estos territorios son estratégicos para el transporte de coca y amapola hacia Ecuador. Campesinos de la zona le contaron a este diario que “durante el conflicto, a muchos no les importaba caminar por la alta montaña y abrirse camino”. Es decir, creaban senderos rompiendo el monte y en medio de los páramos.
No obstante, varios pobladores que viven cerca de los complejos de páramos aseguran que desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, el panorama cambió y la presencia de grupos armados ilegales se redujo. “Ya no se ve eso como antes. De pronto hacia la frontera con Ecuador o hacia Tumaco”, cuenta Johan Gomajoa.
ENTRE INCENDIOS Y DIFUSAS FRONTERAS AGRÍCOLAS
Como ocurre con otras zonas del país, la expansión de la frontera agrícola y el uso de las zonas de páramo para actividades agropecuarias han ocasionado serios conflictos sociales por la ocupación de las áreas: la ganadería y el cultivo de papa son predominantes, incluso en altitudes por encima de los 2.900 metros sobre el nivel del mar. Ospina, Pupiales, Guachucal y Gualmatán son municipios donde más se produce el tubérculo en Nariño.
Los incendios de la cobertura vegetal son cada vez más una de las principales causas de pérdida de coberturas de páramo
Cerca de Pasto está el complejo de páramos La Cocha – Patascoy, que se extiende hasta la frontera con Ecuador y está en el límite con Putumayo. La zona más próxima a la laguna de La Cocha es la más turística. Allí se ven páramos azonales, llamados de esa forma porque están por debajo de los 2.800 metros sobre el nivel del mar.
“Varios de ellos se han visto afectados porque personas los intentan aprovechar para la ganadería, los queman y los convierten en potreros, son incendios bastante grandes y muchas veces en zonas que no han sido tan exploradas ni delimitadas”, detalla Jorge Castro, guardaparques que vive en El Encano, un pueblo a las orillas de la laguna de La Cocha. “Todos tienen intereses particulares: algunos quieren ampliar la frontera agrícola, otros abrir canales y desviar el agua, y otros crear senderos”, agrega.
Y es que los incendios en páramos de Nariño han aumentado en los últimos años. El más reciente ocurrió en febrero de este año en el Cumbal, donde se afectaron al menos 40 hectáreas de vegetación nativa. “Esto se viene generando año tras año y estos incendios son provocados por la mano del hombre”, indicó en medios locales en ese momento Jairo Puerres, comandante de Bomberos del municipio.
En 2020, en La Cocha, al menos 100 hectáreas de frailejones, helechos, chupallas, licopodios y colchones de agua fueron devastados por un incendio. Según informó Corponariño, al parecer el hecho fue provocado para “expandir la frontera agrícola en el lugar, donde ya existen cultivos de papa y de pancoger. Además se evidenciaron extensos senderos dentro de esta área de importancia mundial”. El Instituto Humboldt explica que “los incendios de la cobertura vegetal son cada vez más una de las principales causas de pérdida de coberturas de páramo, y se presentan en casi todos los municipios de la región afectando los pajonales y frailejones dominantes de este ecosistema”.
Cientos de campesinos viven de la agricultura y ganadería. Con ellos se han realizado alianzas para conservar y proteger los páramos.
Leonardo Castro. EL TIEMPO
Justo en la zona más alta, hacia el páramo de Bordoncillo, o de kilinsayaco, es donde se ven difusas fronteras agrícolas e incluso cultivos dentro de las zonas delimitadas. “Acá se cultiva papa, arveja y fresa. Hubo tres grandes derrumbes en lo más alto y estamos volviendo a plantar árboles”, dice Héctor, un hombre que cultiva en la parte perimetral del páramo, pero al interior de la zona. “Ha habido muy poca ayuda aquí de los dirigentes del municipio. Nosotros siempre hemos hecho esto con lo que podemos y para poder sobrevivir”, añade.
Unos metros más abajo, en lo que sería el límite, Germán Trejos tiene una casa y cultiva desde hace cuatro años. “Llevo varios años implementando prácticas ecoamigables”, afirma. “Con las personas hay que cambiar patrones de conducta y pedir que exista una buena disposición de residuos y agroquímicos que no afecten los suelos”, dice.
Ambos coinciden en que Corponariño, la entidad encargada de los temas ambientales del departamento, no ha aparecido para asesorarlos o indicarles cómo establecer estrategias de conservación que impidan que la frontera agrícola se siga expandiendo y afecte los páramos.
Sin embargo, desde esa entidad aseguran que “se han realizado constantes acercamientos con las comunidades asentadas en los territorios ubicados en páramos, en articulación con los actores locales, líderes indígenas y entidades gubernamentales, con el fin de abordar las problemáticas ambientales que suscitan en dichos ecosistemas”.
LOS TRABAJOS CON LAS COMUNIDADES
Cuando se habla con miembros de las comunidades campesinas e indígenas, asentadas en zonas rurales de Nariño y Putumayo desde hace décadas, hay algo en común: se han convertido en guardianes de sus territorios.
Y en ese orden de ideas es que se han articulado con las entidades e instituciones para plantear alternativas que mitiguen los impactos en los ecosistemas. Según el Instituto Humboldt, por ejemplo, en el complejo Guanacas-Puracé-Coconucos, donde ha habido pérdida de la biodiversidad por la caza y el cambio de coberturas por monocultivos, se han establecido “procesos de gobernanza territorial ejercidos por las comunidades indígenas y por iniciativas campesinas e institucionales para contribuir a un cuidado integral del territorio”. De esa forma surgieron alternativas de monitoreo participativo para tomar decisiones sobre la protección del ecosistema.
Otro ejemplo que registra el Instituto Humboldt es lo que se ha hecho en el complejo Chiles-Cumbal, donde a través de procesos comunitarios, impulsados desde los propios indígenas y campesinos, se ha invitado a la conservación y restauración del ecosistema, sobre todo en las zonas altas, al igual que la pedagogía a nuevas generaciones y turistas. Eso se suma a iniciativas de organizaciones como Cumbres Blancas Colombia que tiene un programa de vigías ambientales a nivel nacional y otro de padrinazgo de frailejones.
Desde Corponariño informan que uno de los principales logros con las comunidades indígenas y afrodescendientes ha sido el proceso de Consulta Previa con los resguardos indígenas y la concertación de espacios de participación para la educación ambiental, prácticas agrícolas y pecuarias, y la gobernanza en las áreas protegidas. “Se han podido involucrar personas voluntarias, a los que se les ha denominado vigías ambientales, para informar sucesos que vayan en contra de la integridad de los ecosistemas protegidos y a llevar un mensaje a los pobladores encaminado a proteger y conservar los recursos naturales”, explica Juan Andrés Ruiz, subdirector en esa entidad.
Muy cerca de la Laguna de la Cocha se encuentran los páramos azonales, que son los ecosistemas ubicados a menos de 2.800 metros sobre el nivel del mar.
Luis Fernando López. Instituto Humboldt
Entre los retos para mitigar las transformaciones de los páramos está seguir haciendo pedagogía y trabajo en conjunto con los habitantes de la zona. “No queremos que vengan y nos impongan cosas. Después vienen, nos ponen su acueducto y nos empiezan a cobrar por todo”, enfatiza Héctor, en el páramo de Bordoncillo. “Es importante vincular con proyectos ecológicos a las comunidades, hablarles de la importancia de cuidar los ecosistemas e impulsar las iniciativas que las mismas comunidades han desarrollado para mantenerse en el lugar”, señala el Instituto Humboldt.
Pero también está el financiamiento. “Es necesario que las entidades del orden Nacional destinen mayores recursos para los planes de manejo ambiental, pues pese a que la entidad cuenta con la infraestructura técnica y logística necesaria para formulación y puesta en marcha de los mismos, no posee todos los recursos que se hacen necesarios para suplir las necesidades de protección que se requieren”, señala Corponariño.
Del mismo modo, los expertos coinciden en que es necesario plantear alternativas para los habitantes que hacen agricultura y ganadería como forma de sustento económico. Si bien hay programas como el pago por servicios ambientales, entre 110.000 y 250.000 pesos mensuales por uno o dos años a cada familia que durante cinco a diez años conserve un porcentaje de hectáreas, aún falta establecer una estrategia sostenible con los años. “Hace falta la presencia del Estado con proyectos. La Cocha, por ejemplo, es una zona que ya está siendo afectada por el turismo descontrolado, pero no hay senderos. Qué tal si se plantean estrategias para que los habitantes sean quienes ayuden a estructurar eso y puedan al mismo tiempo proteger y cuidar los ecosistemas”, plantea el guardaparques Jorge Castro.
Lo cierto es que este rincón del país requiere atención, tanto para la población campesina, indígena y afrodescendiente, que ha estructurado su vida a partir de un contexto complejo, con infraestructura vial y muchos servicios básicos precarios, en medio del conflicto armado, y ahora sobreviviendo a los coletazos de los altos precios tras la pandemia de covid-19, como para la fauna y la flora de los páramos. Es un santuario natural que debe seguirse conservando y protegiendo. Es uno de los ecosistemas más particulares y únicos en el mundo. Es la vida misma.
*Este artículo contó con la reportería de Leonardo Castro en el páramo de Bordoncillo.