Masacre Alto Remanso: militares insisten en sacar el caso de la Fiscalía

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ElESpectador – La Fiscalía se alistaba para imputar a los 25 uniformados que participaron en el operativo. El Espectador conoció una petición de los abogados de los militares, hecha a última hora, por la que se suspendió la audiencia programada para el 1 de agosto. La última palabra la tiene la Corte Constitucional.

A una semana de la audiencia de imputación por el delito de homicidio en persona protegida contra 25 militares por el operativo militar en Putumayo, los abogados de los uniformados pidieron que el caso no siga en los despachos de la Fiscalía, sino que pase a la Justicia Penal Militar. El Espectador conoció un documento emitido este jueves, 27 de julio, en el que un juzgado de Puerto Leguízamo decidió suspender la audiencia mientras la Corte Constitucional resuelve el conflicto de intereses.

Lo curioso es que, a finales de 2022, la misma Justicia Penal Militar remitió el expediente a la Fiscalía aludiendo que no era de su competencia. Sin embargo, los abogados de militares insisten en sacar ese proceso de la justicia ordinaria.

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Este diario también conoció un documento que emitió el fiscal del caso, Luis Alfonso Cabezas Guzmán, en el que considera que no existe conflicto de intereses. De hecho, advierte que sería un “exabrupto” enviar el caso a la Corte Constitucional, porque se corre el riesgo de que se venzan los términos. Sin embargo, el juzgado remitió el caso para que la Corte emita una decisión de fondo. La audiencia de imputación, que estaba programada para realizarse entre el 1 y el 4 de agosto de manera virtual, quedó suspendida hasta que no haya decisión del alto tribunal.

La solicitud para que el caso llegara a la Justicia Penal Militar la elevaron los abogados de los militares en el mes de junio. El caso que investigan es el operativo militar ocurrido el 28 de marzo de 2022, en el que murieron 11 personas, entre ellas, al menos cinco civiles y otras cuatro quedaron heridas. Periodistas de El EspectadorVorágine Cambio fueron hasta el lugar de la zona cinco días después del operativo y revelaron detalles sobre las inconsistencias, como la posible manipulación de los cuerpos.

Una de las denuncias que reveló esa alianza periodística fueron tres fotografías que probarían que el cuerpo de Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años muerto en el operativo, habría sido arrastrado del lugar donde cayó.Además, demostraría que le habrían puesto un fusil sobre el cuerpo después de muerto, según el análisis de un médico forense que consultamos sobre este material.

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El pasado mes de mayo la Procuraduría también abrió una investigación disciplinaria contra varios oficiales del Ejército, por las presuntas irregularidades en las que incurrieron. La investigación de la entidad incluyó al brigadier general, Walther Adrián Giraldo Jiménez, al coronel Carlos Mauricio Salgado Romero, al teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, el sargento segundo Andrés Quiñonez Mendoza, y los cabos primeros Wilson Santamaría Ramos y Wilmer Rodríguez Arango.

Este operativo fue defendido por el entonces comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, y el exministro de Defensa, Diego Molano, quienes desde el parte militar un día después, hasta que ambos salieron de su cargo, se mantuvieron firmes en que se trató de un operativo limpio y en el que no cayeron civiles. Según ellos, todas las víctimas eran integrantes de los Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC de la Segunda Marquetalia.

De hecho, por este caso, el Congreso citó al exministro de Defensa, Diego Molano a una moción de censura y a un debate de control político de los que, finalmente, salió victorioso.

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Sin embargo, entre las víctimas estaba Pablo Panduro Coquinche (gobernador indígena), Divier Hernández (presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda), Ana María Sarrias (una mujer embarazada), Brayan Santiago Pama (un niño de 16 años) y otras personas identificadas como Rubén Darío Peña Scarpetta; Óscar Oliva Yela; Luis Alfonso Guerrero Martínez; Enuar Ojeda Sánchez; José Antonio Peña Otaya; Alexander Peña Muñoz y Jhon Jairo Silva Mutumbajoy.

Los militares investigados, por ahora, son: el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, el sargento segundo Michael Andrés Quiñonez Mendoza, el cabo primero Wilmer Leonardo Rodríguez Arango, el cabo primero Wilson Andrés Santamaría Ramos, Cristian Pérez Galindo, Dairo José Arboleda Toro, Jhon Félix Badel Correa, Hernando Cucunuba Olmos, Edinson Javier Esteban Aguiar, José Efraín Lectamo Yalanda, Santander Licona Ramos, Wilmer Mosquera Poscué, Luis Ángel Núñez Peña, Danilo Quintero Urrea, José Alexánder Villa Ciro, Fenancio Noé Anama Escobar, Maycol Mauricio Abril Hernández, Yeizon David Becerra Gutiérrez, Róbinson Beleño Herrera, Franky Fabián Hoyos Pérez, Jhon Freddy Hoyos Quiñónez, Carlos Alberto Perdomo Romero, Jeisson Rico Soto y Yeison Andrade Rivera Holguín.

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