UNAL – La diversidad ecológica y cultural del departamento ha sido objeto de disputa entre diversos actores armados, razón por la que los proyectos extractivos que allí se adelantan o se proyectan revisten de especial sensibilidad, pues aparte de las afectaciones ecológicas, socioeconómicas o culturales, existen condiciones de contexto que acrecientan la vulnerabilidad de sus habitantes.
¿Qué imagina cuando se habla de Putumayo? ¿Se viene a la mente, quizá, un territorio selvático, más próximo a Ecuador que a Colombia? ¿Se piensa en la masacre de 1999 perpetrada por paramilitares en el Valle del Guamuez? o ¿en la masacre de 2022 en la que murieron 11 campesinos en la vereda El Remanso, Puerto Leguízamo, en medio de un operativo militar y de sindicaciones de pertenecer a disidencias de las extintas FARC? o ¿se asocia al tráfico de drogas, de armas y de otras economías ilícitas?
Putumayo es un departamento que cubre un área de 25.968 km2 y 358.896 habitantes, de los cuales el 50,4% se localiza en la zona rural. Este territorio se extiende desde los páramos del macizo colombiano, con su estrella fluvial hasta la llanura amazónica, bañada por los ríos Caquetá y Putumayo.
Este es un lugar de enunciación de diversos pueblos étnicos, entre los cuales destacan los indígenas Kamentsä, Siona, Pastos, Yanacona y Nasa, a los que se suman pueblos afrocolombianos agrupados en Consejos Comunitarios como Puerto Limón y Martin Luther King, así como población mestiza fruto de oleadas migratorias asociadas con las economías de extracción (quina, caucho, maderas, pieles, tagua, petróleo, coca), o la ampliación de la frontera agrícola en un país, como el nuestro, caracterizado por la concentración en la propiedad de la tierra.
Esa diversidad ecológica y cultural ha sido objeto de disputa entre diversos actores armados, explicando la amplia proporción de población víctima del conflicto armado desde la década 1980, razón por la que los proyectos extractivos que allí se adelantan o se proyectan revisten de especial sensibilidad, pues aparte de las afectaciones ecológicas, socioeconómicas o culturales, existen condiciones de contexto que acrecientan la vulnerabilidad de sus habitantes.
El “proyecto para la explotación de cobre en Mocoa” despierta mucha oposición en el municipio y en el departamento, máxime cuando se viene de atravesar una de las tragedias nacionales: la “avalancha” o avenida fluviotorrencial del 31 de marzo de 2017 de Mocoa, que causó la muerte de 335 personas y dejó otras 22.324 damnificadas al igual que 1.456 viviendas destruidas. Los expertos llaman la atención sobre la ubicación de Mocoa, sobre un piedemonte cordillerano y amenazada por crecientes y la presencia de las fallas geológicas del borde amazónico, que configuran un alto riesgo geológico para la población.
¿De dónde viene el interés minero por Mocoa?
Entre 1973 y 1983, estudios y expediciones dieron cuenta de la presencia de cobre y molibdeno en el llamado “depósito de Mocoa” que hoy tienen relación con 4 títulos mineros pertenecientes a la multinacional canadiense Libero Cobre Ltda., con una superficie de 7.830 ha, equivalentes al 6% de todo el territorio del municipio y localizado a solo 10km al norte del casco urbano de Mocoa. A estos se suma la radicación de 30 solicitudes mineras en los departamentos de Cauca y Putumayo, dentro de un cinturón de pórfidos del Jurásico (cinturón de yacimientos de cobre) en el macizo colombiano, que ascienden a 103.578 hectáreas.
¿Por qué surge la preocupación?
En 1978 parte del macizo colombiano fue declarado por la Unesco como como Reserva de la Biósfera Constelación Cinturón Andino y es definido como “una región estratégica para el país”. La convergencia orográfica, la riqueza ecosistémica y su tipo de suelo generan condiciones especiales que favorecen la regulación hídrica y el mantenimiento de una alta riqueza biológica, paisajística y cultural”, es una red de ecosistemas estratégicos interconectados donde además del río Caquetá y Putumayo, nacen los ríos Magdalena, Cauca, Patía, entre otros, que generan el 70% del agua dulce del país (DNP, 2018. pág. 3). En 2023, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de vida”, también contempla su protección y restauración.
La preocupación del impacto sobre el macizo aumenta por la pretensión de la multinacional de sustraer el área de Reserva Forestal de la Cuenca Alta del río Mocoa, área protegida desde 1984, y por el desconocimiento de la presencia de comunidades indígenas en la zona de influencia. A pesar de las grandes inversiones mediáticas para el posicionamiento de Libero Cobre, la comunidad ha convocado masivas manifestaciones en contra porque no se logran despejar los temores asociados con lo que se sabe que genera la minería: la remoción de coberturas vegetales, la alteración de geoformas que puede intensificar los procesos erosivos, las vibraciones producto de las voladuras, en una zona de amenaza por remoción en masa, eventos fluviotorrenciales e inundaciones, a lo que se suma el miedo por la destrucción de sistemas hídricos subterráneos y superficiales al perforar a gran profundidad las entrañas de la montaña, en zonas de alta recarga acuífera.
La autoridad ambiental Corpoamazonia, a través del Concepto técnico, suspendió las actividades de campo de la minera. Foto: Luis Robayo / AFP
A estos riesgos deben sumarse los impactos a perpetuidad, como las aguas lixiviadas con metales pesados y otros elementos tóxicos, generadas por la exposición de materiales del subsuelo a las condiciones atmosféricas. Tales drenajes provienen, en gran parte, de los diques de cola o presas de relave, infraestructura minera donde son depositados los materiales sobrantes de la explotación y que no pocas veces presenta roturas o fallas catastróficas, un riesgo que se incrementa con el tiempo y con las condiciones inestables del terreno. Así las cosas, el proyecto minero no solo comprometería las fuentes hídricas que nacen en esta región y que abastecen al 42% de los acueductos del departamento, sino que podría aumentar el riesgo para las poblaciones asentadas aguas abajo.
¿Qué se debería esperar?
En relación con los territorios étnicos, el proyecto debería aplicar la consulta previa con las autoridades de Resguardos Indígenas y consejos comunitarios Afrodescendientes, no todos ellos reconocidos por los pronunciamientos de autoridades judiciales o administrativas. Por otra parte, el Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección de Bosques, debería evaluar concienzudamente la pertinencia y las implicaciones que tendría la sustracción de Reservas Forestales, en el contexto actual de cambio climático y de pérdida de conectividad ecológica entre los biomas amazónico y andino.
Por su parte, la autoridad ambiental Corpoamazonia, a través del Concepto técnico CT-DTP-292-2022 del 06 de abril de 2022, suspendió las actividades de campo de la minera, pues logró comprobar actividades en fase de exploración durante el tiempo de suspensión de los títulos mineros se traslapan con determinantes ambientales y pueden generar afectaciones irreparables a los corredores de conectividad ecológica de los ecosistemas andino-amazónicos y del macizo colombiano.
Si a lo anterior se suma el Acuerdo 020 de 2018 del Concejo Municipal de Mocoa, el cual busca proteger el patrimonio natural y prohíbe la minería a mediana y gran escala, siendo este un aspecto reiterado en el Plan de Desarrollo 2020-2023, se tienen elementos suficientes para insistir en la suspensión definitiva del proyecto, escuchando las voces del territorio que también forman parte de los intereses de la nación.
El Acuerdo Municipal surge como un acto jurídico complementario de la Sentencia Unificada 095 de 2018, que a pesar de prohibir la consulta popular, convoca a la concertación entre autoridades territoriales. Su validez jurídica y competencia ha sido ratificada (en dos demandas) por los fallos en primera y segunda instancia del Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Mocoa, del Tribunal Administrativo de Nariño que resolvió el recurso de apelación, del Consejo de Estado que rechazó por improcedentes los recursos de reposición y súplica interpuestos por la Agencia Nacional Minera o por la Procuraduría General de la Nación, que confirma que rechazó la nulidad simple interpuesta en su contra.
La protección de este territorio de piedemonte andino amazónico no es una lucha que competa únicamente a los mocoanos y putumayenses. Es una lucha que nos compromete a todos los colombianos, hombres y mujeres, pues está en juego la vida de nuestros conciudadanos y de los ecosistemas de los que dependemos, como es el caso del macizo colombiano y la selva amazónica.