Entre la noche del 31 de marzo y el amanecer del 1 de abril de 2017, fuertes lluvias en el Piedemonte Andino-Amazónico generaron en Mocoa el desbordamiento de quebradas –como La Taruca, Taruquita y Sangoyaco– que dejó 335 muertes, 57 desapariciones y más de 22.322 damnificados. Han pasado seis años y la solución de problemas como la vivienda, el sustento económico o las dinámicas socioculturales en la zona aún no tienen una solución eficiente debido a dificultades en la administración, desarticulación institucional, retraso burocrático y problemas de financiación.
De las 1.209 viviendas urbanas que se proyectaba construir en dos fases solo se finalizaron 300, y de las 256 viviendas rurales se ha avanzado en 36. Eso significa que 1.129 familias (909 de la zona urbana y 220 de la zona rural), es decir cerca de 4.516 personas, aún esperan el sueño de tener una casa propia. Lo mismo sucede con los 144 integrantes del cabildo Musurunakuna, que esperan a que el Gobierno les brinde una solución habitacional según sus usos y costumbres.
Así lo determinó José Luis López, magíster en Ordenamiento Urbano Regional de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien realizó una caracterización de las afectaciones y del impacto generados por el desastre natural. Para ello adelantó trabajo de campo y entrevistas en 15 municipios de Putumayo, Caquetá, Cauca y Huila, considerando aquellos que tienen en común su ubicación sobre la cuenca alta del río Caquetá.
Según el experto, “al menos el 90 % de las personas entrevistadas en Mocoa –en condición de damnificados o afectados– tenían una relación directa entre sus viviendas y sus medios de subsistencia, ya que sus casas eran talleres de ebanistería, ferreterías, tiendas de comida rápida y espacios de alquiler, entre otros”.
“Existen incumplimientos muy dicientes sobre obras que no se han llevado a buen término y que estaban propuestas en las líneas estratégicas del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que respaldaba la reconstrucción del municipio. Entre dichas obras están: la construcción tanto del acueducto como de un megacolegio y de una plaza de mercado, además de otras de mitigación y revisión, el plan maestro de alcantarillado y el ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT)”.
“La atención del desastre se centró en la reconstrucción material, dejando de lado la del ámbito económico y social que se destruyó, y luego de este, las dinámicas del agua en el territorio se perciben como un problema y una amenaza, y no como parte de la solución para los procesos de reasentamiento”.
“La defensa del agua es fundamental y se propone el ordenamiento del territorio posdesastre alrededor de la cuenca, posicionando al río como eje central de las configuraciones territoriales”.
Se mantiene la alta vulnerabilidad
Algo determinante que se encontró en el estudio es el rango de impacto de la catástrofe. Municipios como Solita y Curillo, en Caquetá, que estaban a 240 km de Mocoa, pero comunicados a través del río Caquetá, fueron afectados por la contaminación de sus bocatomas, es decir de las estructuras hidráulicas encargadas de pasar y derivar el agua del río para abastecer de agua potable. Hasta allí llegaron los cuerpos de las personas fallecidas, lo que provocó un problema en el abastecimiento de agua.
“Estudios realizados por el Departamento Nacional de Planeación y la National Geographic muestran que en la cuenca de los ríos Caquetá y Mocoa existe una alta vulnerabilidad, debido no solo al cambio climático sino también a la variabilidad hidrológica de la cuenca amazónica, cuyos ciclos del agua se ven afectados por la deforestación que se realiza para actividades de ganadería, agricultura, monocultivos y minería, todo lo cual genera conflictos en el uso del suelo”, señala el experto.
Sostenibilidad del territorio y reubicación de damnificados entre las propuestas
El investigador hace 4 propuestas clave para mitigar el problema:
- Garantizar la sostenibilidad del territorio, que debe ir más allá de lo material y de las viviendas.
- Reubicar a los damnificados en zonas seguras en términos geomorfológicos, lo cual hoy tiene como impedimento el retraso existente y ha llevado a que las personas regresen u ocupen zonas de riesgo no aptas para ser habitadas, generando afectaciones incluso en suelos de protección nacional.
- Garantizar la participación ciudadana como una herramienta de diálogo y consolidación social y política, cuya estructura principal es el “estatuto del lugar”, una metodología que ayuda a consolidar procesos democráticos y de participación efectivos y que enfatiza en la importancia de que las instituciones cumplan rigurosamente con su labor técnica y operativa.
- Garantizar condiciones iguales o mejores para los damnificados, reconstruyendo sus vidas no solo respecto a una vivienda.