Tras evidenciar los altos niveles de desprotección al que está sometida la población del Putumayo, así como el aumento de muertes evitables de maternas y los casos de desnutrición en la población menor de 5 años,además de las altas deudas de las EPS con los prestadores públicos y privados, el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, aseguró en la capital del Putumayo que en los próximos días la Superintendencia va a instalar mesas temáticas de intervención en el territorio para abordar la problemática del sistema de salud del departamento y buscar soluciones inmediatas.
“Las circunstancias que hemos evidenciado en este territorio nos motivan a que traslademos la institucionalidad de la Supersalud a este departamento; vamos a despachar desde aquí los días que sean necesarios para que haya orden y para que exista la correspondencia entre el deber funcional y el cumplimiento de las obligaciones”, anunció el jefe del máximo órgano de control de la salud.
Para hacer realidad las mesas de intervención, en aproximadamente quince días tendrán presencia en Putumayo las Delegadas para la Protección al Usuario, de Prestación de Servicios, de Aseguramiento y de Entidades Territoriales de la Supersalud.
“Esta mañana sostuve una reunión con la Secretaria de Salud del departamento y quedé muy preocupado con la realidad de la salud en este territorio. Le dije: es mejor que vengamos a hacer una jornada de intervención a que, con todo lo que hemos visto, procedamos a intervenir la dirección departamental de salud”, reveló el Superintendente.
Durante una reunión multitudinaria que contó con la presencia de congresistas de la región, representantes de la comunidad y autoridades del departamento, Beltrán López dio a conocer alarmantes indicadores que demuestran el deterioro progresivo de los servicios de salud y la afectación tanto a la población putumayense como a los hospitales y clínicas.
Uno de los grandes incumplimientos tiene con el flujo de recursos que deben hacer las EPS a las redes pública y privada de prestación. Pese a que la Supersalud expidió una circular de obligatorio cumplimiento para que las EPS hicieran el traslado, retroactivo al primero de enero, del incremento porcentual de la UPC del 2023, hasta e momento las EPS no han realizado dicho traslado en la contratación de 2023 a los hospitales públicos y clínicas privadas.
“Es más, ya estamos finalizando el cuarto mes del 2023 y a los hospitales públicos no les tienen formalizada la contratación de esta vigencia por parte de las EPS a pesar que en esos hospitales se vienen atendiendo sus afiliados desde el primer día de este del 2023. Pero además preocupa que desde el territorio no se le haga vigilancia al uso que dan a los recursos las EPS que operan aquí en el Putumayo. Y entre otras razones, debido a que no se hace esa vigilancia, es que tenemos los deplorables resultados de salud”, agregó.
En Putumayo se han radicado 3.614 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) en los últimos 15 meses y en el mes de marzo que acaba de pasar se registró la mayor cantidad de insatisfacciones contra las entidades de aseguramiento que operan en este territorio.
La situación es más alarmante para los usuarios cuando se observa que, del total de PQRD, un 40% correspondieron a pacientes que tenían en riesgo su vida y sobre los que urge actuar con inmediatez en busca de una solución de salud.
Se mantiene aumento en muertes evitables Según la radiografía de la Supersalud, que está basada en los reportes de los actores del sistema territorial, en Putumayo vienen aumentando los casos de pacientes con cáncer por la deficiente gestión en la detección y diagnóstico temprano que deben realizar las EPS.
“Ninguna de las EPS que están aquí alcanzan el mínimo de cobertura aceptable en Colombia en vacunación y qué podemos esperar entonces de una población infantil que no se protege contra las enfermedades inmunoprevenibles. Y no es por falta de biológicos, ni vacunas”, expresó el Superintendente.
Desde 2021 hasta la fecha se han reportado 447 casos de menores con diagnóstico de desnutrición aguda en una tendencia progresiva de un año a otro. “Es que no se toman medidas para corregir, se permite”, sostuvo Beltrán López.
Adicionalmente, los indicadores demuestran aumentos en la mortalidad materna.
“Aquí los usuarios están afiliados, pero no protegidos; muchas maternas en los últimos años no debieron morir. Una muerte evitable es la evidencia de un Estado fallido. No podemos acostumbrarnos al paisaje de muertes evitables como parte de la cotidianeidad territorial. Sin embargo, eso está pasando aquí”, puntualizó el Superintendente.
Las EPS con más casos de mortalidad materna en las ultimas vigencias son Emssanar y la indígena AIC, que tienen a la mayor población afiliada del departamento en el régimen subsidiado