La Contraloría General de la República inició un proceso de responsabilidad fiscal por valor de $21.000 millones de pesos, en virtud del daño al patrimonio público causado las irregularidades detectadas en la ejecución del contrato de obra suscrito para la reconstrucción del acueducto de Mocoa (No. PAF-AT-O-025-2017).
A la fecha, el contrato presenta incumplimiento y la obra y no presta servicio a la comunidad.
En el desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal se vincularon a los garantes llamados a responder, en aras de garantizar el resarcimiento del patrimonio público.
Al mismo tiempo, el organismo de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto daño al patrimonio público en cuantía de $1.575 millones en la construcción de las obras de mitigación sobre el río Sangoyaco. Adicionalmente, se decretaron medidas cautelares y se vinculó a los aseguradores como terceros civilmente responsables.
Se trata de la ejecución del Contrato de obra No. 9677-PPAL001-1119-2020 por un valor de $5.280 millones, celebrado entre la Fiduprevisora S.A. (en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres) y el contratista A&A CONSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S.
En desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento realizada por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura, se evidenció que la obra construida presenta daño estructural, situación que se aparta de las condiciones de calidad contratada y exigidas en el contrato.
De igual manera, se realizaron cambios en las especificaciones técnicas de materiales diferentes a los contratados, lo que determinó un mayor costo que pone en riesgo la ejecución de todas las cantidades de obra contratadas.
La entidad afectada en este caso es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Indagación Preliminar por proyecto de vivienda Sauces II (etapas I y II)
En otra actuación, la Contraloría General de la República inició el día 31 de enero de 2023 una Indagación Preliminar por las irregularidades evidenciadas en la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 9677 PPAL001-217-2017 por un valor de $53.646 millones, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar y ejecutar la rehabilitación, reconstrucción y/o construcción de viviendas, en el marco la declaratoria de situación de calamidad pública del municipio de Mocoa (Putumayo)”.
Este contrato fue suscrito entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- y el Contratista Consorcio Mocoa 2019.
De acuerdo con una Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial realizada por las Contralorías Delegadas Sectoriales de Vivienda e Infraestructura, se estableció que solamente se ha ejecutado a la fecha un 5% del total de la obra, afectando de esta forma a 909 familias con un retraso injustificado de más de 5 años en las obras de construcción de viviendas de Sauces II (etapas I y II).
El valor inicial del daño del presunto daño al patrimonio público por esta situación llega a $5.748 millones, correspondiente al valor de los subsidios de arriendo adicionales que se han venido otorgando y pagando a los damnificados de la avalancha de Mocoa.
Dichas ayudas se han dado por incumplimientos que han impedido la culminación del Proyecto de Vivienda Sauces II.
En desarrollo de la referida indagación preliminar, se ordenó citar para hacer oídos en declaración, al representante legal del contratista Consorcio Mocoa 2019. Al representante legal de la firma interventora, al supervisor del contrato y al Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.