WWF – Durante décadas, los territorios de las comunidades indígenas del Putumayo han sido afectados por el desarrollo de proyectos mineros. Por medio del proyecto ‘Amazonía Indígena: Derechos y recursos’, WWF orienta la participación de estas comunidades durante los procesos de licenciamiento ambiental de proyectos extractivos para que puedan proteger sus territorios.
Bosques degradados, fuentes hídricas contaminadas, especies de fauna desplazadas… Estas son tan solo algunas de las amenazas que enfrentan las comunidades indígenas del Putumayo debido al desarrollo de proyectos de extracción de hidrocarburos que, desde hace más de 60 años, es una de las principales actividades económicas del departamento, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2021).
Justamente, este tipo de proyectos extractivos (de carbono, petróleo, gas u otro tipo de químico derivado del carbono o hidrógeno) se han convertido en una actividad constantemente relacionada con la violación de los derechos territoriales y fundamentales de estas comunidades. En algunos casos, sus peticiones de detener y reevaluar los procesos extractivos que perjudican sus territorios son ignoradas.
Además, el desarrollo de proyectos extractivos es uno de los motores relacionados con amenazas y asesinatos de líderes y lideresas indígenas en el departamento. Para septiembre de 2021, 611 líderes ambientales perdieron la vida en Colombia desde la Firma del Acuerdo de Paz, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), y 55 de estos asesinatos ocurrieron en el departamento de Putumayo.
Actualmente, en Putumayo hay 98 polígonos con áreas de asignación de proyectos de hidrocarburos (áreas disponibles para la actividad, áreas exploradas, en producción o en evaluación técnica) que afectan o podrían afectar 150 hectáreas de, al menos, 56 resguardos indígenas, de acuerdo con datos del Sistema de Información Ambiental de Colombia (2020), el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) y la Agencia Nacional de Tierras (2022). Estos polígonos corresponden a los 33 contratos activos o en revisión para la explotación de hidrocarburos que se adelantan actualmente en la región.
Según el Artículo 76 de la Ley 99 de 1993, las comunidades indígenas tienen derecho a participar en la toma de decisiones sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de sus territorios, incluida la explotación de hidrocarburos. Por esta razón, tienen un espacio especial en los procesos de licenciamiento ambiental, un proceso que se realiza antes de otorgar cualquier permiso para el desarrollo de proyectos extractivos como los de hidrocarburos, con el propósito de revisar si en su ejecución podría afectar de manera irreparable los territorios y las comunidades que dependen de ellos. De ser así, la ley permite rechazar el permiso para estos proyectos. Pero ¿cómo se desarrolla este ejercicio según la ley y cuáles son los momentos claves para que las comunidades participen?
WWF Colombia, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) y la Organización Zonal Indígena del Putumayo (Ozip) ―en el marco del proyecto Amazonía Indígena: Derechos y Recursos, financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)― han desarrollado una serie de materiales de consulta que sintetizan los conocimientos más relevantes para los pueblos indígenas sobre el proceso de licenciamiento ambiental, con el fin de que puedan conocer su desarrollo, parámetros, actores, alcance y las oportunidades que tienen para hacer efectiva su participación. Además, explican cuáles son los mecanismos de participación y protección que tienen las comunidades indígenas para defender su participación en estos procesos y así hacer valer sus derechos dentro y fuera de sus territorios.
