Semana – La entidad ha advertido riesgos por presencia de disidencias de las Farc con 136 alertas tempranas.
Desde el año 2017 hasta diciembre del 2022, la Defensoría del Pueblo ha advertido riesgos por la presencia y accionar de los miembros de las disidencias de las Farc. Más de la mitad de todas las alertas que se produjeron, pues las 136 alertas tempranas corresponden al 52,5 % del total que emitió la entidad.
La Defensoría ha advertido sobre el accionar de las disidencias de las Farc en 237 municipios y 29 departamentos del territorio nacional, principalmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca. El cómo actúan varía según la región en la que delinquen.
Por ejemplo, en Arauca se ha encontrado que el territorio es ideal para que ellos obtengan rentas, financiándose con la extorsión y los conocidos secuestros exprés, además de las actividades ilegales de contrabando de ganado y bienes, sumando al robo de combustible en la zona de frontera colombo-venezolana.
En el departamento de Caquetá las disidencias creadas por Gentil Duarte han aplicado los manuales de comportamiento de las antiguas Farc, logrando la estandarización de cobro de extorsiones y restricción la movilidad.
En la región del Catatumbo, el grupo armado ilegal mantiene la disputa del territorio con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Según el comunicado emitido por la Defensoría del Pueblo, las disidencias de las Farc también han mostrado especial interés por el suroccidente del país. Las estructuras Dagoberto Ramos y Jaime Martínez tienen una abierta articulación con economías ilícitas, repartiendo el territorio y asentándose en la región, por medio de la imposición de normas, impartiendo justicia en veredas y poblaciones rurales, y propendiendo por el control de la población civil donde identifican aliados y enemigos.
Finalmente, en la región de la sur Amazonía, las disidencias de las Farc, con los autodenominados Frente Primero Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera (adscrita a la Segunda Marquetalia), intensificaron sus acciones armadas y violentas contra la población civil, al igual que buscan obtener el control territorial en zonas estratégicas de Puerto Leguízamo, Putumayo.
Las principales fuentes de financiación de las disidencias son el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, con un reciente incremento en los préstamos gota a gota. Sin embargo, muchas de las alertas tempranas se emitieron luego de conocer la presión que ejercen las disidencias en la población, debido a que se ha podido identificar amenazas a personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales siendo estas unas de las practicas más recurrente.
Sin dejar de contar que son las disidencias de las Farc quienes generan los desplazamientos forzados y el reclutamiento. Así como el uso y utilización de niños, niñas y adolescentes para cometer delitos.
En el análisis que hacen los funcionarios de la entidad defensora de derechos humanos, se evidencia la existencia de dos organizaciones disidentes, que para 2020 ya estaban conformadas por 23 estructuras: el Frente Primero llamado como Los Gentilianos, cuyo origen de organización es previo a la firma del Acuerdo de Paz y encabezado en su momento por Gentil Duarte, y la otra organización disidente es la denominada Segunda Marquetalia, la cual se configuró de manera posterior a la firma del Acuerdo de Paz en 2016, es decir, se originó luego que hubiesen desistido de continuar con lo firmado, como los casos de Jesús Santrich e Iván Márquez.
«Esperamos que el anuncio del cese al fuego por los próximos seis meses elimine el riesgo para las poblaciones vulnerables en los territorios con presencia de las disidencias de las Farc”, dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo.