Los 18 contratos bajo sospecha en nuevo caso de corrupción en gestión del riesgo

ElTiempo – Hasta 2021 se destinaron 3,4 billones de pesos en megaproyectos para emergencias.

Una comisión de funcionarios de Policía Judicial enviada por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, de la Contraloría General revisó durante una semana con lupa la contratación en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Las inspecciones estuvieron a cargo de cinco agentes que pasaron por varios despachos para llevarse copias inicialmente de 18 contratos que presuntamente tienen irregularidades.

Las pesquisas se iniciaron solo unas horas después de que el director de la unidad hiciera públicas denuncias sobre concentración de contratos y presuntas irregularidades en una entidad que ya aparecido en sonados casos de corrupción como el que llevó a la condena del exsenador Mario Castaño señalado de tener a su servicio una red criminal que corrompió varias entidades estatales.

La visita a las instalaciones de la entidad terminó en horas de la tarde del viernes, y fue en el marco de la verificación e investigación a contratos conocidos por EL TIEMPO, y previamente alertados por la Diari, en los que se encontró un alto riesgo por el desfase en el cronograma de ejecución que pudo haber derivado en una presunta pérdida de recursos públicos.

El monto que hay en juego de la contratación en cuestión pasará a ser establecido por los agentes especiales, aunque EL TIEMPO conoció en primicia que solo tres de los 18 contratos en promedio son por 60.000 millones de pesos y fueron suscritos en Bolívar.

Los sabuesos de la Contraloría se concentran en obras ubicadas en la región de La Mojana, específicamente en municipios de Sucre y Bolívar. Por eso, en los próximos días otra comisión se desplazará al río Cauca para la verificación y establecimiento de puntos de monitoreo, por medio de imágenes satelitales y de vuelos de dones, con el fin de verificar el cumplimento de los cronogramas y la correcta ejecución de los recursos.

Lo que se llevaron

Este diario estableció que los primeros contratos que se llevó la comisión especial de la Contraloría en su mayoría están asociados a la construcción de obras de rehabilitación de diques, tras inundaciones y afectaciones a pobladores de corregimientos de Magangué, Majagual, Guaradná, San Marcos, San Jacinto del Cauca y Achí.

Además de estos contratos, la Diari ya había alertado hace unas semanas varias irregularidades en La Mojana como contratos entregados a dedo, contratistas con sanciones y empresas acaparando negocios. Entre las cifras que dio a conocer la Contraloría en esta región, hay cuenta de 1.4 billones de pesos en adecuaciones hidráulicas en el chorro de Caregato, aun cuando hay familias viviendo con el agua en sus camas.

La denuncia del director

La denuncia que hizo Javier Pava, el nuevo director de la Ungrd, en relación con las irregularidades que se habrían presentado en contrataciones de la anterior administración, en cabeza de Eduardo José González -durante el gobierno de Iván Duque-, da cuenta, una vez más, del presunto entramado de corrupción que se habría enquistado en esta entidad, que va desde el favorecimiento de contratistas, anticipos de dinero, sobrecostos hasta obras inconclusas.

Para averiguar qué pasa, los órganos de control le pusieron la lupa a la Ungrd desde hace ya un tiempo atrás. Según la Contraloría, solo entre 2019, 2020 y 2021 se invirtieron 3,4 billones de pesos para la ejecución de megaproyectos que buscaban atender emergencias y desastres, pero en los que su impacto está lejos de ser el esperado.

“En una auditoría interna se encontró más de un 28 por ciento de obras siniestradas, con problemas en su ejecución, por ser contratadas con esquemas básicos, sin diseños definitivos y, por lo tanto, hay proyectos que terminaron con graves dificultades y hoy muchos presentan problemas en la terminación de las obras. Seguramente se presentarán reclamaciones y nuevos riesgos”, señaló Pava.

La entidad aparece en las investigaciones de la Fiscalía como uno de los fortines de la red del exsenador Castaño que habría cobrado coimas para la adjudicación de proyectos de vías terciarias ante la Ungrd.

Así mismo, en su momento EL TIEMPO reveló dos contratos de esa entidad, uno de ellos por 18.975 millones de pesos que se le había entregado al Consorcio San Miguel, cuyo representante legal era John Jairo Giraldo Salazar, capturado dentro de la red de corrupción de Castaño; y otro que se le entregó a un segundo consorcio en el que aparecen mencionados John Alexander Sánchez, alias El Pato, y Juan Carlos Martínez, contrato por el cual Castaño habría recibido mil millones de pesos de comisión.

Procuraduría investiga

Luego de varias averiguaciones, el Ministerio Público tiene abiertas 10 investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios y contratistas, por presuntas malas maniobras. En el listado, conocido por EL TIEMPO aparecen funcionarios como Luis Fernando Piñeros, quien fue subdirector de Desastres de la Ungrd, así como María Amparo Arango, Pedro López y William Reatiga.

Los expedientes contra este grupo de personas están abiertos en Bogotá, Santander y Putumayo. En este último departamento, uno de los procesos es porque al parecer en la reconstrucción de un sector de Mocoa, afectada por una avalancha en la que murieron más de 300 personas, hubo sobrecostos en la compra de predios, y las obras del acueducto no se ejecutaron a tiempo, a pesar de estar contratadas para una fecha.

En todo este escándalo alrededor de las denuncias en la Ungrd, la Fiscalía también está investigando posibles conductas penales, no obstante, prefieren mantener sus actuaciones en reserva para no entorpecer los procesos. Fuentes oficiales anticiparon que penalmente el ente acusador también tomará decisiones en un corto tiempo.

Dossier de procesos contra exfuncionarios

En un informe conocido por EL TIEMPO sobre actuaciones de control fiscal en la Ungrd hay hallazgos entre 2018 y 2022 de 11.607 millones de pesos en deficiencias de supervisión, control, seguimiento y ejecución de obras.

Entre estos hay cinco hallazgos de 4.283 millones de pesos relacionados a pérdidas de biológicos de vacunas contra el covid-19 “por falta de gestión” de la institución.

Así mismo, entre el documento está la imputación de responsabilidad fiscal de 5.703 millones de pesos por parte de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría, contra el exdirector general de Ungrd, Eduardo José González Angulo, por “sobrecostos, faltantes en cantidad y producto y entregas incompletas de mercados destinados a damnificados y afectados por la emergencia sanitaria del covid-19”.

Esta imputación cobija además a tres subdirectores de Desastres de la Ungrd: Fernando Carvajal Calderón, por 2.527 millones de pesos; Ariel Enrique Zambrano Mesa, por 1.752 millones; y María Grisela Benítez Ospina, por 943 millones y en los que se les calificó de haber tenido una conducta gravemente culposa en estos hechos en investigación.

Según el informe, la Contraloría trasladó 15 investigaciones disciplinarias a la Procuraduría; y adelantó, por sí misma, 18 de carácter administrativo a corte del 3 de noviembre de este año.

De otro lado, a principios de abril, el ente de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal a González por afectación al patrimonio público de 7.204 millones de pesos, correspondiente al pago de dicha suma al contratista Chocó Solar SAS ESP, en un proyecto de Implementación de paneles solares en seis municipios del departamento del Chocó, en donde solo se llegó a ejecutar el 0,41 por ciento de las obligaciones del contrato.

Frente a ese caso, el contralor delegado Intersectorial le atribuyó también conducta gravemente culposa. Al exdirector, además, se le vincula con riesgos de pérdida de recursos públicos ante atrasos del Programa de Reconstrucción de Mocoa, Putumayo y proyectos a cargo de la Ungrd a los que la Contraloría les puso la lupa en Achí, Bolívar; Salamina, Magdalena, y en el jarrillón de Caregato en San Jacinto del Cauca, sur de Bolívar.

Fuentes de la Contraloría Le contaron a EL TIEMPO que en enero de 2023 se iniciarán dos actuaciones especiales de fiscalización al Programa de Reconstrucción de Mocoa y a toda la contratación para La Mojana hecha por la Ungrd y el Fondo de Adaptación (FA).

“Acabamos de terminar una auditoría financiera al manejo presupuestal y contable de la Ungrd en 2021, en la cual se configuraron cuatro hallazgos con presunta incidencia disciplinaria. No se feneció la cuenta fiscal y se emitió opinión negativa a la gestión contable y presupuestal de esta entidad”, señaló la fuente.

Este diario trató de contactarse con el exdirector de la Ungrd pero hasta cierre de esta edición no fue posible.