Red de DD.HH. del Putumayo denunció atropellos del Ejército contra población civil

RadioNacional – El Ejército respondió que las comunidades están siendo instrumentalizadas por grupos armados que buscan la salida de las autoridades de la zona.

Por : Jose Horacio Villareal

Campesinos de al menos 18 veredas pertenecientes a la inspección de José María, en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, ubicadas a orillas del río Caquetá, denuncian que se vienen presentados problemas de maltrato por parte del Ejército Nacional contra los habitantes de la comunidad, personas que han sido agredidas y que hoy temen por sus vidas ante los señalamientos y estigmatización del cual están siendo víctimas, según dicen.

En la zona, el pasado 19 de noviembre se presentó un enfrentamiento entre las disidencias Carolina Ramírez y los comandos de frontera que dejó como resultado más de 20 combatientes muertos y el desplazamiento de varias familias campesinas que quedaron en medio del fuego cruzado.

Ante estos hechos violentos, la brigada 27 de selva con sede en Mocoa, ordenó la militarización de la zona, pero la comunidad denunció que ahora son víctimas de la violación de derechos humanos por parte de los militares

La red de derechos humanos emitió un comunicado en el que pide atención inmediata de las autoridades:

“Ante los anuncios de riesgo para con la comunidad elevamos llamado urgente a las oficinas gubernamentales y no gubernamentales de nivel departamental y nacionalidad, acudir de manera inmediata a la comunidad en acciones de verificación, aplicar rutas de prevención y protección para con estos hechos de violencia sistemática que se agudizan ante la ausencia del Estado y la militarización”, señala el documento de los defensores de derechos humanos.

Por su parte, el general Fredy Gómez, comandante de la brigada de selva 27, aseguró que “hay campesinos que están siendo instrumentalizados por parte de los grupos armados ilegales para hacer este tipo de denuncias, porque quieren que se retire el Ejército para continuar con sus actividades de narcotráfico”, aseguró el oficial.

Por ahora, ni la gobernación del departamento, ni la Defensoría del Pueblo se han pronunciado sobre esta situación.