Mongabay – NATALIA PEDRAZA BRAVO
- En el departamento del Putumayo, Colombia, el pueblo Inga, descendiente de los Incas, hace todo lo posible por evitar que multinacionales concreten sus planes de extraer cobre y molibdeno de sus montañas sagradas ubicadas en la cuenca alta del río Mocoa, lugar en donde también hay una reserva forestal protectora nacional.
- Por las afectaciones ambientales que causaría la minería, varias decisiones judiciales y administrativas les han dado la razón a las comunidades indígenas y campesinas, en su larga lucha de poco más de dos décadas en contra del proyecto minero que ahora busca realizar una empresa canadiense.
- La construcción de paneles solares y generadores de energía eólica requiere de metales como los que existen en las tierras de los Inga de Condagua, especialmente el cobre. Con ese pretexto, las mineras han justificado la necesidad de explotarlas.
No es un nombre étnico. Condagua es la suma de dos palabras que representan bien al pueblo indígena que habita en las montañas del Putumayo: Cond, vocablo de origen quechua, trae el recuerdo de muchas familias de cóndores que, según cuentan los abuelos, sobrevolaban y vivían en esas tierras; y aqua, palabra en latín traída por los españoles que enaltece la variedad de fuentes hídricas que allí existen y que los ingas veneran como tesoro preciado porque para ellos es vida.
Los cóndores ya no se ven, pero en cualquier extremo del resguardo indígena de Condagua se escuchan las quebradas que se abren paso entre el suelo y la montaña. «Los ríos y cascadas son el seno de la madre tierra del que nosotros, sus hijos, nos prendemos cuando estamos sedientos», relata Zoraida Chindoy, lideresa ambiental e indígena de la comunidad.
Una de las semillas que representan al pueblo Inga —la Pouteria caimito—, y que usan en sus cantos y rituales sagrados, imita el sonido de un río fluyendo. Para mantener eso, es que hoy luchan. Desde hace ya varios años temen que el agua, su fuente de vida, desaparezca ante la posible extracción de cobre y molibdeno, metales cuya presencia se identificó hace cuatro décadas en el interior de sus montañas sagradas y que desde hace 24 años han pretendido extraer varias multinacionales. Hasta hoy, las autoridades indígenas, con ayuda de líderes campesinos y funcionarios elegidos popularmente, han logrado frenar el avance de los proyectos mineros, pero el peligro sigue latente.
Dueños ancestrales de las tierras
En las primeras décadas del siglo XVI, durante la tercera expansión Inca, las montañas del sur de Colombia se poblaron de indígenas enviados para ampliar el imperio. Bajo la figura de mitimak o mitimaes, expedicionarios militares llegaron por el Ecuador a poblar lo que hoy son los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo, según relatan Antonia Agreda, Pastora Chasoy y Agustín Agreda, indígenas ingas en el libro Preparando el pensamiento para tejer el saber del pueblo Inga.
Los Ingas son los descendientes de esos pobladores ancestrales del sur del país que para 2018, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) eran cerca de 20 000 personas, pero hoy la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) calcula en 15.450. El Gobierno Nacional reporta 21 resguardos de esta etnia en Colombia y de ellos 14 en Putumayo, entre los cuales se cuenta el de Condagua que se ubica a unos 30 minutos en motocicleta desde Mocoa, la capital del departamento.
«Condagua fue fundado legalmente en 1912 por el abuelo Bonifacio Barreto. Antes, como en 1700, estaba ubicado en la población de Santa Marta, pasando el río Caquetá, pero una enfermedad por la que estaban muriendo muchos niños apareció en la comunidad y los abuelos decidieron pasar el río para intentar protegernos. Como vieron que aquí había cacería y que había muchas plantas medicinales, trasladaron el asentamiento para acá», narra de memoria la lideresa Chindoy.
El resguardo Condagua fue constituido oficialmente en 1993, sobre un predio conocido como La Esperanza, de tan solo 227 hectáreas, pero en 2006 logró aumentar su extensión a 2518 hectáreas y así es reconocido de manera oficial. Sin embargo, la comunidad ha mantenido su lucha para que el Estado les reconozca un territorio más amplio.
«Antes todo tenía su señalamiento con los mojones naturales. Decíamos de tal quebrada a tal quebrada va nuestra tierra y pasa por tal cordillera. Y una prueba de que muchos lugares antes nos pertenecían y no quedaron registrados en los documentos del gobierno es que hoy siguen manteniendo sus nombres en nuestra lengua materna: chaquizcapeña, oyanayaco o balza, por ejemplo», explica Ramiro Silvino Chindoy, gobernador y máxima autoridad indígena y espiritual del resguardo.
En 1982, Ingeominas, entidad que en ese momento era la encargada de realizar el estudio de los recursos naturales y los riesgos de origen geológico en Colombia, descubrió el yacimiento más grande de cobre y molibdeno en el país, en el departamento del Putumayo, justo en las tierras que en Condagua consideran sagradas.
Aunque no están registradas dentro de los límites legales del resguardo, los indígenas argumentan que se trata de un corredor ancestral que deben recorrer para conseguir las plantas que usan en su medicina tradicional, frutos para sus rituales y elementos espirituales. En esas tierras siembran y pescan, actividades que combinan con la tradición de tejer en los telares de guanga, en red y anudados.
En esas mismas montañas se encuentra el páramo Doña Juana-Chimayoy, en donde nacen los ríos Caquetá, Cascabel, Mocoa, Putumayo, Juanambú, Mayo, Sambingo y San Jorge. Además, según la resolución que delimita el páramo, de él se desprenden 1140 afluentes superficiales y alberga 56 lagunas que los indígenas consideran sagradas y atraviesan su territorio, ese que, aseguran, sus ancestros les heredaron.
Ignorando las peticiones de las autoridades indígenas, en 2006 el gobierno entregó títulos mineros que autorizan estudios, trabajos y obras de exploración y extracción de minerales sobre estas tierras que se traslapan con las zonas que los ingas consideran sagradas. Desde ese momento, estos documentos han pasado por varias manos, todas extranjeras.
La primera en tramitar y obtener la autorización fue la empresa británica Anglo American y luego pasó a manos de la sudafricana Anglogold Ashanti y la canadiense B2Gold. La compañía que hoy es dueña de esos títulos es la canadiense Libero Copper, registrada en Colombia como Libero Cobre que, desde 2018, tiene presencia en el Putumayo y es acusada de causar conflictos en las comunidades cercanas al área de extracción, incluida la del resguardo inga de Condagua.
Minería a cielo abierto: incertidumbre que causa miedo
En el informe que entregó Ingeominas en 1982, la entidad aseguró que después de analizar los resultados de los estudios fueron seleccionadas tres alternativas de explotación para obtener los minerales en Mocoa: subterránea, a cielo abierto y combinada (cielo abierto y subterránea).
Sin embargo, en una ficha técnica del 13 de abril de 2021, que se encuentra en la página web de la Agencia Nacional de Minería (ANM) se describe este proyecto como una mina a cielo abierto. Esto preocupa a los indígenas y a los campesinos de la zona, por los impactos ambientales y culturales que un proyecto de este tipo podría generar.
No es solo el temor por los cambios visuales del paisaje, explican los voceros de la comunidad, sino también por los posibles daños en las fuentes de agua cercanas a la extracción y el desplazamiento o desaparición de la flora y fauna nativa. Y no es para menos, la plataforma de contenido científico Science Direct, que reúne material de cerca de 3500 revistas científicas, tiene un repositorio de artículos académicos solamente para detallar este tipo de impactos.
Si a eso se suman los datos históricos de las consecuencias medioambientales causadas por las compañías que extraen cobre en el mundo por medio de minas a cielo abierto, los temores de la comunidad parecen justificados. Por ejemplo, los desechos dejados por la extracción del cobre han causado estragos en la Amazonía brasilera, así como en Chile, en donde afectaron la vida marina. Mongabay también ha documentado las afectaciones que ha dejado la minería de cobre y oro en las selvas de Papua Nueva Guinea.
La empresa Libero Cobre defiende el proceso de extracción que pretende hacer en el territorio de Condagua. La directora de relaciones corporativas, Thiana Álvarez, asegura que la compañía buscará implementar una minería diferente en Colombia: «Allá en el Putumayo se tiene que plantear una minería verde, subterránea, con las mejores prácticas. Por eso, desde el principio queremos tener en cuenta, no solo el conocimiento científico, sino también el ancestral y local. Porque, ¿quién conoce mejor la zona que los pobladores? Además, en Mocoa no existen títulos para gran minería, nuestros títulos son todos para mediana minería».
La diferencia entre la gran y mediana minería radica en el número de trabajadores, así como en la capacidad máxima de producción diaria del material a extraer y de toneladas de procesamiento anual. Lo que quiere decir, según lo que explica Álvarez y los estándares de la Agencia Nacional de Minería, que la extracción que Libero Cobre planea hacer en el Putumayo, no podrá tener más de 249 trabajadores, no producirá más de 4400 toneladas diarias de material primario ni superará el rango de 8000 a 200 000 toneladas de procesamiento de cobre anual.
El título minero de Libero Cobre, publicado en la página de la ANM, tiene cuatro bloques diferentes, todos activos. El primero (FJT141) fue otorgado en diciembre de 2006 para explotar minerales de cobre, molibdeno, oro, plata, platino y todos sus derivados, en un área de 1912 hectáreas, hasta el 17 de diciembre de 2037. Los otros tres bloques son para la construcción y el montaje de la mina, así como la explotación de piedras y otros minerales. Estos fueron otorgados en 2007 y van hasta 2038.
Lo que Libero Cobre denomina Proyecto Mocoa tiene, según está publicado en sus páginas oficiales, al menos 2.1 millones de toneladas de cobre, lo que la convierte en el tercer yacimiento más grande de Latinoamérica. La empresa asegura que actualmente se encuentran en la «fase de estudios geológicos, técnicos, ambientales y sociales».
Los voceros de la compañía canadiense aseguran que están haciendo todo para que su minería sea sostenible. Thiana Álvarez explica que están tomando medidas prácticas para disminuir el impacto de la explotación de las montañas colombianas. Por ejemplo, para limpiar el cobre reemplazarán el mercurio por la bentonita, una arcilla que, según la vocera de Libero Cobre, es inerte y reduce el impacto ambiental.
«La separación del cobre jamás va a requerir mercurio, porque ya está prohibido por ley para las empresas legalmente constituidas. Tampoco necesitará cianuro, porque no se requiere para el cobre, ya que es una extracción más física que química. Es un proceso que se llama flotación», explica.
Sin embargo, los campesinos e indígenas del sector aledaño a los bloques mineros, dicen que no creen en las palabras de la empresa porque desde 2018, cuando Libero Cobre llegó a la región, han ocurrido hechos que les generan desconfianza y por ello han interpuesto diversas acciones para impedir que la mina pueda ser explotada.https://www.youtube.com/embed/j_LnZMSyuMA
Cerrarle el paso a la minería
Hasta hoy, Libero Cobre no tiene autorización legal para iniciar la explotación minera en la zona. Diversas acciones de los pueblos indígenas, la comunidad y ambientalistas han detenido esta actividad.
Una de las acciones más significativas ocurrió en 2018, cuando el Concejo Municipal de Mocoa aprobó el acuerdo 020 que prohíbe el desarrollo de actividades mineras a mediana y gran escala en el municipio. Su objetivo, dice el documento, es garantizar la defensa del patrimonio ecológico y cultural del sector, lo que significa que la presencia de la multinacional canadiense en esta región, aún con un título, va en contravía de lo establecido localmente.
Durante el festival por el agua, la vida y la montaña, en abril de 2022, luego de que dos meses antes la empresa minera anunciara oficialmente el inicio de trabajos de exploración, la guardia indígena del pueblo Nasa —que ocupa otro territorio cercano— hizo una caminata hacia uno de los campamentos que la empresa canadiense tiene cerca de Mocoa. Juan David Acosta, líder ambiental del colectivo Guardianes de la Andinoamazonia, acompañó el recorrido.
Acosta relata que encontraron lo que ellos llaman «inconsistencias» con el discurso ambientalista que expresan los voceros de la compañía: «Han talado árboles en el lugar del campamento y no están manejando adecuadamente el agua residual del taladro que ya tienen instalado. El residuo hídrico llegaba a unos tanques que subían por motobomba, pero estaban expuestos, por lo que creemos que cualquier afectación climática, o simplemente un palo que les cayera, podría hacer que se rebosara y eso es, básicamente, agua contaminada con metales pesados y aditivos dañinos para el medio ambiente».
Los líderes de la región y las comunidades indígenas señalan que esa visita evidenció que la compañía canadiense no respetó una orden de suspensión de actividades, vigente entre julio del 2021 y julio del 2022, que ellos mismos tramitaron ante la Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la Amazonía (Corpoamazonía), autoridad ambiental del sector.
«Se supone que ese era un período muerto donde Libero Cobre no podía realizar ninguna actividad; sin embargo, ellos realizaron prospección y exploración donde está el título. Por ende, faltaron al acuerdo e incluso la Agencia Nacional Minera ha mandado varios documentos notificando la ilegalidad de la intervención en la zona sin que termine la suspensión. Además, aunque sabemos que para el proceso de prospección no se necesita licencia ambiental, si se necesitan unos permisos menores que los otorga Corpoamazonia y que, a la fecha, la compañía no tiene», denuncia.
Una larga lista de suspensiones
El anuncio del comienzo de los trabajos de exploración alertó a la comunidad y a las autoridades locales que solicitaron a diversas dependencias nacionales certificar que existiera una autorización oficial. Y ahí comenzó un tire y afloje entre las autoridades ambientales, mineras, administrativas, judiciales y la minera.
El 31 de marzo, Corpoamazonía difundió un comunicado en el que aseguran que los trabajos de exploración/explotación no cuentan con permiso, autorización, concesión o licencia ambiental y al menos hasta junio de 2022 tampoco tenían autorización de la Agencia Nacional Minera. Una visita a la zona, señalaron, permitió identificar un «traslape en algunas áreas de los cuatro títulos mineros con ocho determinantes ambientales», lo que podía constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y por ello el caso fue trasladado a la Fiscalía. Por todo esto, la dependencia ordenó a la empresa «suspender de manera inmediata» las actividades.
Libero Cobre respondió en otro comunicado que sus actividades son legales, porque los contratos de concesión estaban vigentes y lejos de la Reserva forestal protectora nacional de la Cuenca Alta del Río Mocoa. Acusan a la Corporación de violar el debido proceso, la presunción de inocencia y aseguran que los «prejuzgaron y criminalizaron», porque la suspensión es de las obligaciones ante la ANM y no de los títulos.
Cinco días después, también la ANM aseguró que existe una medida preventiva de «suspensión de actividades de uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos renovables en el área de los cuatro títulos» de Libero Cobre.
Después de esto, se han dado múltiples respuestas tanto de Corpoamazonía, como de la autoridad minera, reiterando que cualquier trabajo de exploración o explotación por parte de Libero Cobre está suspendido, porque no hay licencia ambiental y los títulos están sobre la reserva forestal protectora nacional de la Cuenca Alta del Río Mocoa. En febrero de 2022, un juez negó una acción de nulidad del acuerdo 020 de 2018 y exigió a la empresa Libero Cobre suspender cualquier actividad minera y abandonar el territorio y lo reiteró en segunda instancia a finales de septiembre.
Pero fue la declaración de los ingenieros de Corpoamazonía, durante una audiencia pública el 30 de abril, lo que levantó las alarmas de la ciudadanía. Explicaron que el área de los cuatro títulos mineros está en una zona susceptible de movimientos y, por lo tanto, podría generar (avenidas torrenciales) avalanchas de agua y piedras.
Lo reiteró el delegado del grupo jurídico Putumayo, Agua y Vida a Rcn radio en su momento, Cristian Bermúdez: «Se evidenció inestabilidad geológica, en dos de los títulos mineros».
Esa advertencia trajo amargos recuerdos a los habitantes de Mocoa: entre el 31 de marzo y el primero de abril de 2017, los ríos Mulato, Sangoyaco y Taruca se desbordaron y se unieron a las aguas del río Mocoa provocando una avalancha de lodo y piedra que dejó a 336 personas muertas y más de 400 heridos; además, destruyó 17 barrios de Mocoa.
Y por eso se hicieron peticiones adicionales y se ordenaron nuevas suspensiones por parte de la ANM. En la zona, sin embargo, la empresa ya instaló los dormitorios, almacenes, un comedor y un helipuerto. También, según está documentado en los reportes de las visitas de la Corporación, hay una plataforma de perforación exploratoria «que se encuentra sobre la corona de un deslizamiento activo que posee una extensión superficial aproximada a 13 hectáreas y de otros movimientos en masa con menor tamaño que se encuentran activos».
La vocera de la compañía petrolera, Thiana Álvarez, confirmó a Mongabay Latam que Libero Cobre está haciendo el piloto de una primera perforación «para empezar a capacitar a la gente», en 600 hectáreas que hacen parte del primero de cuatro títulos, cada uno de 4000 hectáreas, descartando la zona que hace parte de la reserva forestal y donde vive una comunidad llamada Montclair.
Otra batalla que ganaron los habitantes de Condagua fue cuando se demostró que nunca se realizó consulta previa. El 19 de abril de 2022, las autoridades del cabildo interpusieron una acción de tutela contra el Ministerio del Interior y Libero Cobre. El 2 de mayo se falló a favor de la comunidad indígena, pero la minera impugnó alegando que en la zona de exploración y extracción no había presencia de comunidades indígenas. Dos meses después, entre el 21 y 24 de julio, la dirección de la autoridad nacional de consulta previa visitó la zona y el 26 de septiembre admitió que sí era necesario consultar a los pobladores indígenas. Hasta hoy no se ha llevado a cabo el procedimiento y no hay una fecha para hacerlo.
Un riesgo que va más allá de lo ambiental
Los mayores y mayoras ingas que encabezan la lucha contra la minera explican que, además de la preocupación por la selva, el agua y las montañas, la presencia de la empresa está causando fracturas dentro de las comunidades.
Según Libero Cobre, de 116 personas contratadas en la compañía, cinco son indígenas que apoyan la extracción. Uno de ellos es Miguel Vargas, indígena Murui, técnico forestal del Sena y coordinador de relacionamiento étnico de la multinacional, que ve en la compañía una oportunidad de desarrollo para su comunidad.
«Sé que hay personas que dirán que estoy traicionando, pero yo creo que lo que planea hacer la empresa es un bien pensado para la humanidad. Es un sueño pensado en general porque hay que calmar esa fiebre del cambio climático. Yo trabajo en esta empresa porque soy un soñador, pero en el momento en que yo vea que las cosas son distintas a lo que yo espero, seré el primero en decirlo», asegura Vargas.
El tema ambiental al que hace referencia Vargas es una de las banderas de Libero Cobre para justificar la extracción de minerales en Mocoa. El cobre es uno de los materiales utilizados en energías renovables como paneles solares y energía eólica que podrían contribuir a la no utilización de combustibles fósiles, una de las fuentes de contaminación que más contribuyen a la crisis climática.
Pese a todas las órdenes de suspensión, Libero Cobre sigue trabajando en alternativas para justificar la explotación de la mina. El 11 de noviembre, el viceministro de Minas, Giovanni Franco, resaltó en sus redes sociales una investigación de la Universidad Nacional en Antioquia como una oportunidad para Colombia «desde la minería para contribuir a la transición energética e impulsarla con producción hecha localmente. Se las dejo para que la conozcan (suma un link)».
Lo que no dice el viceministro es que esas investigaciones son una alianza del centro universitario con Libero Cobre para buscar las alternativas de transformar el cobre y con ello desarrollar motores y generadores eléctricos. El proyecto que durará cinco años está concebido en la mina de Mocoa y, por lo tanto, requiere que la mina sea explotada. El líder del proyecto en la universidad explica que «el mundo va a necesitar cobre en la transición energética» y, agrega un artículo publicado por la universidad, actualmente «Libero Cobre cuenta con perforaciones con las cuales adquirió áreas de interés que son potencialmente enriquecidas en el metal. Por ahora, menciona, el Grupo de Investigación Instituto de minerales Cimex, está realizando un estudio a fin de establecer la cantidad que puede existir en el proyecto Mocoa».
Es decir, el proyecto —avalado por el Gobierno— cuenta con el mineral que se explote en Mocoa para trabajar en el proceso de transición energética impulsado por el gobierno de Gustavo Petro.
Lo particular del caso de Condagua es que la comunidad indígena no solo defiende un tema medioambiental que, como lo dice la minera, depende estrictamente de las decisiones legales que se tomen sobre el territorio. El pueblo Inga plantea un escenario que escapa del ámbito de las leyes: su conexión con la montaña es espiritual.
El gobernador Chindoy dice que él no cree que lo que se esté librando con la empresa sea una pelea. Su preocupación es la forma en la que trabaja la minería y el daño que puede hacerle a sus tradiciones: «Cuando nosotros recogemos cosas de la montaña nos llevamos algunas, pero dejamos un pedazo para que siga retoñando y sea sustentable. Con la minería eso no pasa, porque se llevan los minerales y eso ya no va a retoñar».
Recuerda que su abuela le contaba que en los ríos de la región recogían oro que encontraban a simple vista. «Para nosotros no tenía ningún valor monetario, eran piedritas que guardábamos y teníamos con nosotros. Eso pasó puntualmente en la quebrada del curiyaco (que traduce al español «agua de oro»), un día llegaron a sacarlo por montones y lo desaparecieron, ya no hay oro», cuenta y explica que teme que con el cobre pase lo mismo.
Además, advierte que la decisión de extraer los minerales de la montaña no depende ni de ellos ni de Libero Cobre: «Es el amo de la naturaleza que nos permite la vida el que decide. Métase a una montaña virgen, uno llega hasta donde puede, porque se oscurece y si no se devolvió a tiempo, ¿cómo hace para regresar? Así mismo es con las cosas de los minerales, todo tiene sus amos», dice.
La autoridad indígena asegura que las plantas que usan para conectarse con los amos de la naturaleza es lo que están usando para tomar decisiones en este proceso; cuenta que ha invitado a los voceros de Libero Cobre a probarla y hablar desde ella.
«Yo ya le he dicho a varios trabajadores de la empresa que para hablar con nosotros tienen que tomar medicina, porque quiero que entiendan lo que pasa cuando uno piensa desde ella. Ellos nos muestran su trabajo que, hasta bonito se mira, a nosotros a veces nos hace abrir los ojos con esas pantallas y proyecciones que nos muestran, pero no sentimos nada. Si ellos nos acompañaran a nosotros en nuestra espiritualidad, ahí si van a saber qué es lo que siente la tierra y van a ser ellos mismos quienes la escuchen», señala Chindoy.
La lideresa indígena y ambiental Zoraida Chindoy comparte el sentir del gobernador sobre lo que ignora la multinacional al relacionarse con la naturaleza: «Libero Cobre no entiende que esas son reservas naturales, eso nos da vida, eso es sanación, ahí están nuestros ancestros, nuestros espíritus que nos ayudan a fortalecernos. Y allá, de montaña a montaña, es donde nos soplan y nosotros podemos respirar aún ese oxígeno puro, sin contaminación, y ese oxígeno es el que nos permite inflar nuestros pulmones para seguir gritando, ¡No, no queremos minería en Mocoa!».