Cuidar la selva en el Putumayo, un objetivo que les cuesta la vida

PrensaRural – A donde se mueven los Inkal Awá, termina llegando la guerra. El pasado 31 de agosto de 2022 sucedió la masacre número 73 del año en Colombia según INDEPAZ, en la vereda Brisas del Palmar, no muy lejos de donde ahora habitan en La Hormiga, cabecera municipal del Valle del Guamuez. Los primeros reportes de prensa hablaban de cuatro muertos, dos de ellos indígenas Awá.

David González M. / Jueves 24 de noviembre de 2022

“Dónde sea que hemos estado la violencia nos ha sacado”, asegura un líder del pueblo Inkal Awá del municipio del Valle del Guamuez, en Putumayo. Cuenta que es la tercera vez que construyen un asentamiento en su vida, tras dos desplazamientos forzados previos. Camina junto a dos mujeres sabias de su comunidad y una perra criolla manchada que sube rauda a su moto. “Éramos 45 familias donde crecieron nuestros abuelos, nos vinimos quince por la violencia, pero acá tuvimos otro desplazamiento porque un indígena pisó una mina, era territorio minado”, dice.

Desde una loma nos muestra el cauce cristalino de una quebrada que va hasta el río San Miguel, en la frontera con Ecuador. Nos cuenta que ahí se vive un boom de la coca y que el comercio se paga con dólares.

El rugido mecánico de las retroexcavadoras que realizan labores para la construcción de viviendas se oye a unos metros del bosque que cuidan esas familias sobrevivientes del pueblo indígena Inkal Awá, más conocidos como los Awá, en el Putumayo, al sur de Colombia. El Valle del Guamuez, que forma parte de la Gran Reserva Forestal de la Amazonía, no es su territorio originario, pero donde sea que ellos están, las plantas medicinales crecen y los árboles se mantienen vivos al lado de la quebrada.

Luis* es uno de los habitantes del nuevo cabildo. Narra que ellos huyeron en el 2007 de Alto Comboy, al sur, a orillas del río San Miguel, cuando llegó el Ejército colombiano a combatir otros grupos que disputaban esos corredores. No se fueron todos, Luis sí. Menciona que un grupo armado, no sabe cuál, fue responsable un tiempo después de la desaparición de un sobrino. Todavía le duele hablar de eso: “Viví en ese territorio muchas cosas que uno no quiere que se repitan, no me gusta contarlas porque me da mucha nostalgia”.

A donde se mueven los Inkal Awá, termina llegando la guerra. El pasado 31 de agosto de 2022 sucedió la masacre número 73 del año en Colombia según INDEPAZ, en la vereda Brisas del Palmar, no muy lejos de donde ahora habitan en La Hormiga, cabecera municipal del Valle del Guamuez. Los primeros reportes de prensa hablaban de cuatro muertos, dos de ellos indígenas Awá. “En el cuerpo de ellos, después de que los matan, les dejan un letrero que fue por sapos (por hablar). Uno no sabe a qué horas le toque a uno, nos tienen en la mira”, dice Luis.

¿Por qué los persiguen? Mongabay Latam visitó la zona para conocer la situación de este pueblo y constató que alrededor de los principales centros poblados del Putumayo queda muy poca selva. En el camino al pueblo de La Hormiga predominan los prados para ganado, en lo que antes eran bosques. El camino es bordeado por un oleoducto que viene de la selva, atraviesa hasta los cementerios, y es cuidado por el Ejército. En la entrada del pueblo hay una base militar que forma parte de la VI división. Frente a ellos y frente a todo esto, operan los grupos armados que controlan la zona, que se lucran con las economías ilegales y para quienes los habitantes indígenas son un obstáculo en medio de una nueva guerra por los recursos de las selvas del Putumayo.

Guardianes del Katsa Su resisten a los ejércitos de la coca

“Hoy en día viene mucha gente de afuera, van comprando y como tienen plata, van deforestando de una u otra forma para la siembra de cultivos ilícitos, todo esto ha hecho que los ecosistemas dentro de estos territorios estén muriendo”, explica un líder indígena awá. Cuenta que horas antes estuvo en una reunión con las autoridades de la alcaldía de La Hormiga, para precisamente pensar en la creación de una ruta segura para los líderes más vulnerables de la zona.

Luis fue al pueblo con pantalón y camiseta blanca, no quería llamar la atención, pero al llegar al cabildo se coloca nuevamente su collar tradicional y un penacho con plumas de guacamayas y de aves pardas y rojizas. Para los Inkal Awá está selva boscosa tropical es parte de la “Casa grande” que en su lengua originaria llaman Katsa Su. Y está amenazada, asegura Luis, por la voraz deforestación impulsada por los proyectos mineros energéticos, la praderización y la expansión de los cultivos ilegales de coca.

El Putumayo es uno de los tres departamentos con más plantaciones de coca en Colombia. Y, según el último informe de la UNODC, el 41% de la coca está en solo 14 enclaves productivos de las zonas de frontera. El Valle del Guamuez es uno de los cuatro municipios que reúnen el 65% de la coca en los departamentos de Putumayo y Caquetá.

Con la devaluación del peso colombiano y el incremento a 21 millones de personas consumidoras de cocaína en el mercado mundial, el narcotráfico es una actividad boyante y peligrosa para la biodiversidad, de acuerdo con el informe de la UNODC. Según el profesor Gabriel Tobón, docente de la facultad de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana, “hay un cálculo que por una hectárea de bosque deforestado para sembrar coca, se tienen que deforestar entre 12 y 15 hectáreas de bosques (adicionales)”, considerando que esa primera tala de la vegetación le abre las puertas a otras actividades ilegales. Con eso se pierde la función de regular la temperatura, se afectan especies animales, suelos y la capacidad de capturar el dióxido de carbono.

Además, algunos de los insumos que se utilizan para la producción de un kilo de coca base o pasta básica de cocaína, como el permanganato de potasio, ácido sulfúrico o hidróxido de amonio pueden contaminar los suelos y aguas aledañas a los laboratorios de procesamiento de la droga. Expertos como Liliana Dávalos, conservacionista y bióloga, coinciden también en que la coca es un factor de deforestación indirecto. “Hay una asociación entre coca y los eventos violentos. A más coca, más eventos violentos. A más eventos violentos, más deforestación. Encontramos ese canal indirecto por el cual la coca ejerce una influencia. Pero el motor más grande sobre la deforestación es la expansión de los pastos”, dijo Dávalos a Mongabay Latam.

Según su investigación, las zonas con coca cultivada son 42 % más propensas a la deforestación. Y la mayoría de esos cultivos están en zonas especiales de protección. El informe de la UNODC afirma que el 52 % del área con coca está en tierras de las comunidades afro, reservas forestales, resguardos indígenas y parques nacionales naturales.

Según Global Forest Watch, entre 2002 y 2021 en Putumayo se perdieron 152 mil hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa una disminución del 9 % del total que había en 2002. Además, según las mismas mediciones de la plataforma de monitoreo satelital, los últimos cinco años se han visto los mayores indicadores de pérdida de cobertura arbórea, siendo el Valle del Guamuez el quinto municipio del departamento más afectado por esa deforestación.

“No estamos frente a procesos de deforestación como se dieron a mediados del siglo XX entre los cuales los actores principales eran los colonos campesinos. No, ahora se enfrentan a grupos armados ilegales con alianzas políticas”, explica Tobón.

Desde el nuevo sitio del cabildo, que es un rancho de madera, rodeado de media hectárea de selva, se escuchan las máquinas que construyen las viviendas unos cien metros más abajo. “En cada uno de estos territorios hay lagunas, charcos, nacederos… Con la tala de árboles se secan los nacederos, también la fauna se va alejando porque van acabando con su hábitat”, dice Luis.

El grupo de Luis es reducido, los más jóvenes ya no la pasan en el cabildo, sino que han buscado trabajos en el pueblo. Las mayoras o sabias que acompañan al líder se lamentan de la pérdida de su cultura, dicen que los jóvenes ya no quieren aprender los saberes indígenas que han servido para cuidar el territorio. Incluso algunos se han ido a cultivar la coca o fueron reclutados por los grupos armados que controlan los territorios.

“Nuestros jóvenes se acogen a todo eso, se va rompiendo ese lazo de unidad como había anteriormente”, concluye.

Los awá en medio de una disputa armada por el territorio

Tras los acuerdos de La Habana y la salida de las FARC del territorio en el 2016, un ejército irregular, autodenominado ‘Comandos de la Frontera’, consolidó su poder en la zona. El grupo heterogéneo agrupó mafias locales como ‘La Constru’, disidentes que se salieron del acuerdo de paz y hasta herederos de los extintos grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC. Hace unos meses anunciaron ser parte de la red de la Segunda Marquetalia, guerrilla creada por Iván Márquez, exjefe negociador de las FARC en La Habana.

Sus acciones militares van tras el botín de los cultivos ilícitos de coca, el control de los laboratorios de procesamiento y los “comisionistas” (intermediarios que compran la hoja de coca para venderla a las mafias) encargados de negociar la coca. Incluso, según información de la Defensoría, este grupo Comandos de la Frontera “estaría presionando a las autoridades étnicas para que faciliten los censos de tierras, como parte de un ejercicio de mayor control sobre la economía de la coca. Estas comunidades han resistido a las órdenes impuestas”. De obtener estos censos con la ubicación, el número de familias y las dimensiones de cada parcela indígena, los awá quedarían en total vulnerabilidad.

Según la alerta temprana 02-2022 del 29 de agosto de la Defensoría del Pueblo, los pueblos indígenas y afrodescendientes están en riesgo por la disputa territorial de los Comandos de la Frontera con otro grupo que ha llegado a desafiar su poder. Desde el Caquetá llegó el Frente Primero Carolina Ramírez conectado con las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, que tienen su fortín en las selvas del Guaviare, al oriente del país. Esta guerrilla, que busca retomar las viejas banderas de la Farc, creó además en el Bajo Putumayo un grupo especializado: la Columna Móvil Jhonier Toro Arenas perteneciente al Comando Coordinador de Occidente.

Tras la firma del acuerdo de paz, la salida de las FARC del territorio y la ausencia del Estado, se reconfiguraron los actores armados ilegales. El clima es tenso en la zona. Un defensor de derechos humanos que pide la protección de su nombre le dijo a Mongabay Latam qué ahora son más fuertes los Comandos. “Pero ha habido muertes de lado y lado”, agrega. ”Recuerdo a un chico que fue asesinado por llevar obligado en el bote a miembros de uno de los grupos (armados), más se demoró en irlos a dejar y cuando regresó lo mató el otro grupo por transportarlo”.

Los grupos al margen de la ley abundan, dice una fuente local que pidió la protección de su identidad. “La situación es muy dura porque han puesto leyes, por ejemplo, después de las 6 de la tarde no quieren ver a nadie andando. El que lo haga debe pagar una multa de un millón, si lo cogen nuevamente tiene que irse. Eso nos tiene acongojados porque como tienen sus armas, hacen y deshacen”.

Dentro del territorio de los awá hay tensiones con colonos que llegan a cultivar la hoja de coca. Según el líder awá, algunas familias indígenas también se han sumado a esa economía. La decepción por el incumplimiento del programa de sustitución de cultivos que contemplaba el acuerdo de paz y la misma necesidad, los lleva a hacerlo.

“El tema es cambiar las condiciones económicas de los territorios, no hay vías, no hay mercado estable para la producción agrícola. Acá la gente no tiene cómo vivir de otra forma distinta a la siembra de coca”, explica un defensor de derechos humanos que pidió la protección de su nombre.

“Apenas ahora se van a entregar unos proyectos (de sustitución de cultivos) en unos lados, casi 6 años después. Acá hay una decepción muy fuerte frente a lo que fue el acuerdo de paz porque la gente creyó en eso”, agregó el defensor.

Pero los cultivos ilícitos de coca y la producción de droga no son lo único que interesa a los Comandos de la Frontera. Proteger los proyectos de extracción petrolera y su renta también está en la baraja de sus fuentes de financiación, como explicó el mismo defensor de derechos humanos y los líderes indígenas con los que hablamos. Incluso algunos líderes awá han sufrido amenazas por denunciar esta complicidad.

Resistencia Awá a la guerra y el petróleo

Luis fue en moto hasta un punto de extracción activo de petróleo a un kilómetro del cabildo. Hay unas máquinas de extracción cuidadas por una cerca y con dos antenas en la mitad. El suelo es un peladero de piedra y arena gris, hay pocos árboles alrededor y la tierra a ambos lados de la vía o bien es árida o son prados con algunas vacas.

“Esto era selva”, señala hacia las máquinas de la petrolera. Ni siquiera al fondo se ven rastros de la selva, pero sí de más vías y fincas ganaderas.

En la cosmogonía awá, los animales que habitan la superficie con el ser humano se convierten en seres como nosotros cuando bajan al Ishkun Awá, el mundo de abajo. Por eso su relación con otros seres vivos es entre pares. El territorio es un ente vivo con espíritu y conformado por cuatro dimensiones, la naturaleza no se entiende como recursos sino como parte de ese todo y el manejo ambiental es el resultado de relaciones tensas y negociaciones con esos otros seres. El Ishkun Awá contiene el petróleo, la sangre de la tierra. Y extraerlo rompe con el equilibrio, según los Awá.

Los Inkal Awá, cuyo nombre en su lengua awapit se traduce “gente de la montaña”, son cerca de 26 000 personas según el Estado colombiano y 50 000 según estimados de los awá, que viven en más de 500 000 hectáreas de montañas, bosques de niebla, manglares y selvas, desde el Chocó en el pacífico colombiano, pasando por la cordillera de los Andes, hasta el norte de Ecuador. Son un pueblo binacional amenazado y con medidas cautelares desde 2009 de la Comisión Interamericana de DDHH.

José* es un líder awá, creció en el Valle del Guamuez, pero por las amenazas tuvo que irse a una población cercana. Se mueve con un esquema de la Unidad Nacional de Protección, que dispone de un vehículo blindado y escoltas.

El líder indígena salvó su vida de milagro. En 2019 cayó en un retén ilegal de los Comandos de la Frontera. Lo obligaron a esperar un par de horas, llevaba su agenda con todas las citas que tenía esa semana con otros líderes y por eso lo reconocieron.

“Una cosa que me dijo el señor cuando me cogieron en 2019 es que nosotros los líderes nos oponemos al desarrollo que estaban haciendo las empresas multinacionales y que nosotros no queríamos que tumbaran la montaña. Nosotros conservamos la montaña porque ahí hay vida”, explica.

José dice que ha visto su situación de riesgo crecer por las denuncias que se han hecho contra la petrolera Gran Tierra Energy. Datos de la investigación Manchados por el petróleo de Mongabay Latam arrojan que el Estado Colombiano licenció a la petrolera la totalidad del área del resguardo Inkal Awá en Putumayo, o en otras palabras, una intersección del 100 % del área de 107 220 hectáreas del resguardo, concesionado a esa empresa. Esto pese a que la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo —ACIPAP— fue creada en 1996. Gran Tierra Energy fue fundada en Canadá en 2005 y empezó operaciones en el 2006 en Putumayo. “Hicimos el procedimiento de la consulta previa, pero esta se protocolizó sin acuerdos. Las compensaciones (al daño) eran muy mínimas. No hay recursos económicos que nos garantice que si ellos contaminan, cómo nos pagan. La empresa sigue insistiendo en qué van a sacar el petróleo de la región”, dijo José.

GTE reconoce que la Consulta Previa es un derecho fundamental y un mecanismo importante para asegurar que los grupos étnicos sean adecuadamente informados y consultados, antes de cualquier actividad que pueda afectarlos directamente a ellos y sus derechos. En los últimos 11 años, la Compañía ha realizado 122 procesos de consulta previa, incluyendo a comunidades del Pueblo AWA, y en los últimos 6 años el 87% de los procesos de consulta previa han resultado en acuerdos con las comunidades locales.

Comunicado Gran Tierra – Noviembre 26 de 2022

Según José, la empresa canadiense tiene nexos con los grupos Comandos de la Frontera. Dice que en el territorio Awá Curanzu, en una vereda de Puerto Asís, municipio contiguo al Valle del Guamuez, en las tardes han visto jugar fútbol o departir en las tiendas de la vereda a los contratistas de la empresa con miembros armados del grupo ilegal.

Un líder de ese cabildo, tuvo que irse del territorio por denunciar esas relaciones. “La empresa quería obligarnos y el mismo Ministerio del Interior estaba detrás porque nos ordenaba unas imposiciones muy grandes, con palabras técnicas para otorgar el permiso a la empresa —en la consulta previa— para que siguiera explotando el territorio”, cuenta José.

De confirmarse, no sería el primer caso de petroleras en el Putumayo aliadas con estos grupos ilegales que controlan el territorio. Cuestión Pública y Mongabay Latam registraron denuncias de comunidades y oenegés en el Putumayo según las cuales la petrolera Amerisur-Geopark también tendría vínculos con Comandos de la Frontera. Hasta ahora la empresa Gran Tierra Energy no ha respondido a la entrevista solicitada por Mongabay Latam sobre las denuncias.

Gran Tierra Energy rechaza categóricamente cualquier afirmación que vincule a la Compañía con cualquier tipo de grupo armado ilegal. Gran Tierra no tolera ningún tipo de contacto con grupos ilegales por parte de nuestros contratistas y estos lineamientos se encuentran incluidos explícitamente en los contratos firmados por nuestros proveedores antes de realizar cualquier trabajo con o en nombre de Gran Tierra Energy

Comunicado Gran Tierra – Noviembre 26 de 2022

El petróleo además es un riesgo para el territorio por los derrames y la afectación al agua. Según un análisis de Mongabay Latam, de la base de datos del Sistema de Información de Licencias Ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en el país han sucedido 2133 incidentes causados por el sector hidrocarburos reportados en los últimos siete años. Siendo el 2021 el peor año con 437 derrames. Entre 2015 y junio de 2022, Gran Tierra Energy fue la segunda petrolera en la región con más incidentes como derrames y fugas, con un total de 22.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo —ACIPAP— a la cual también pertenece José, tiene documentados siete graves incidentes en su territorio entre 2006 y 2012. Estos incluyen derrames de crudo que han resultado en contaminación de ríos, de donde sacan el agua que beben; afectación a su salud y a la fauna; sin contar con los incendios que han ocurrido, según los awá, por la voladura de oleoductos o el robo de petróleo.

Luis Felipe Cruz, investigador de la Línea de política de drogas de la Organización De Justicia, explica cómo la expansión de cultivos de coca y las actividades extractivas están detrás de la deforestación en la zona: “Estamos viendo que el problema es el campesino y no estamos viendo que sobre la Amazonía (de la que el Putumayo hace parte), el Estado Colombiano siempre ha tenido una política deforestadora, siempre ha tenido una política de extracción de recursos. Entonces se cuestionan por qué los campesinos tumban una hectárea en 3 años, pero no cuestionan la deforestación que causan por ejemplo los proyectos minero energéticos”.

Organizarse para resistir

En la vía que conecta el cabildo con La Hormiga vive Gloria*, una de las sabias que acompañó la visita al cabildo. La alcaldía le dio unos metros cuadrados de tierra al lado de la quebrada. Cuatro meses después de construir su rancho de madera y latas y limpiar el cauce de la quebrada, su casa está llena de plantas medicinales y flores.

Nos explica el uso que le da a cada una de las matas que conoce desde niña y que han florecido en el terreno con su llegada, también sembró unos palos de ají, chontaduro, hay micos en los árboles y patos en la orilla de la quebrada.

“Tenemos las frutas, las palmas, las plantas medicinales, hay árboles que también curan”, dice y nos muestra un árbol de tronco grueso que parece una ceiba. “Este es el costillo y me curó cuando tuve Covid”. Su casa recién construida es un oasis de selva que brilla en esa tierra arrasada que pronto será absorbida por los barrios de La Hormiga.

Gloria conoce la propiedad de todas las plantas de la selva y a sus 70 años recuerda que sus ancestros vivían hasta los 100 porque tenían un territorio sano. “Mi abuela me enseñó a no estar picando la tierra, solo donde van a sembrar. Hay que conservar la madre tierra porque ella siente. Lo que se va a necesitar es lo único que se va a cortar, decía la abuela. Luego venían los blancos a decir que nosotros éramos haraganes, no es de eso. Es que nosotros cuidamos, mantenemos el aire sano”.

Tanto Gloria, como José y Luis forman parte de la Gran Familia Awá, que está organizada legalmente en tres organizaciones divididas territorialmente. La del Putumayo, la ACIPAP, colaboró en la discusión y construcción del Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Inkal Awá.

Este documento es el resultado de diálogos entre mayores indígenas, miembros de la comunidad, líderes de 32 cabildos y 13 resguardos. Contiene propuestas para salvar la existencia awá y responde a una sentencia de 2009 de la Corte Constitucional que ordenó al gobierno armar un plan de salvaguarda y cumplirlo.

El plan construido en red contempla estrategias legales, plan de acción con las comunidades, memorias y saberes de su cosmogonía y una serie de mandatos ambientales. Entre los puntos claves incluidos en estos documentos está el prohibir la tala indiscriminada, fortalecer el conocimiento y uso del derecho de consulta previa, ordena la asignación colectiva de áreas del bosque para preservar la naturaleza y a cada comunero le dice cómo debe distribuir su parcela familiar: están obligados a mantener un 10 % de territorio para conservación ambiental y restringe la venta a colonos.

Detrás de la casa ceremonial, el follaje de los árboles es denso y oculta la tarde, entre las ramas hay surcos de luz crepuscular y de un árbol a otro crece un bejuco de ayahuasca.

Luis dice que al guicha (el hombre blanco) lo que le interesa es tener más riqueza, no cuidar. Y que ellos, los awá, tienen una enorme responsabilidad con los niños que vienen detrás: “miren un achapo, un granadillo, un barbasco y digan ese fue el legado que nuestros ancestros nos dejaron. Gracias a ellos los podemos conocer hoy en día”.

*Nombres cambiados por seguridad de las fuentes.