Acuerdo de Paz: Procuraduría advierte incumplimientos en adjudicación y formalización de tierras

InfoBAE – El Ministerio Público enfatizó que se deben reforzar las medidas de seguridad y protección de los excombatientes, así como las de los defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales.

En el cuarto ‘Informe sobre el estado del Avance en la implementación del Acuerdo de Paz’ la Procuraduría General de la Nación solicitó al Gobierno nacional fortalecer el proceso de adjudicación de tierras a campesinos establecido en el Acuerdo de Paz.

De acuerdo con la entidad, solo se ha cumplido con el 16 % de la meta fijada, lo que significa que hasta ahora se han entregado 485.349 hectáreas de un total de tres millones de hectáreas.

Sobre la formalización de tierras, es decir, la entrega de títulos que acreditan la propiedad sobre las mismas, la Procuraduría indicó que también se debe avanzar en este punto, pues de siete millones de hectáreas solo se han regularizado 2′612.983, es decir el 37 %.

El pasado 29 de octubre el presidente Gustavo Petro, desde la finca Támesis, que fuera ocupada por Carlos Castaño, anunció que con la entrega del predio a 50 familias campesinas iniciaba la reforma agraria.

Uno de los planes del Gobierno nacional para impulsar su reforma agraria es entregar 680.000 hectáreas de tierra en 19 departamentos como Cauca, Putumayo, Córdoba, Vichada, Amazonas y Tolima, entre otros.

“La titulación masiva de predios es un reflejo del compromiso del gobierno con la reforma agraria y el cumplimiento del Acuerdo de Paz”, dijo la ministra de agricultura, Cecilia López Montaño, en ese momento.

El informe de la Procuraduría fue conocido este martes y se radicó ante el Congreso de la República. El documento contiene las conclusiones y recomendaciones realizadas tras analizar los avances y dificultades registradas en cada uno de los puntos acordados.

Dentro de las recomendaciones realizadas por la Procuraduría General de la Nación se enfatizó en que se deben reforzar las medidas de seguridad y protección de quienes se encuentran en proceso de reincorporación, así como las de los defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales.

Desde la firma del Acuerdo Final de Paz, en 2016, han sido asesinados 342 firmantes, de esos, 36 han sido en 2022. El último fue José Alirio Quitumbo Cayapu el sábado pasado en Caloto, Cauca.

Uno de los caminos que trazó la Procuraduría para garantizar la seguridad de los excombatientes es que se debe actualizar la caracterización de la población en reincorporación y de sus familias, tanto de quienes aún se encuentran en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), como de aquellos que ya no se encuentran en esos lugares, con el fin de optimizar la ejecución del procedimiento.

“Para lograr ese objetivo “se requiere una estrategia permanente por parte de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización -ARN- para el acompañamiento y seguimiento técnico de estas iniciativas, y mejorar las garantías de seguridad en los entornos donde se está desarrollando el proceso”, sostuvo el Órgano de Control.

Respecto a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado, la entidad advirtió que se debe impulsar la participación de las víctimas en los Planes Regionales de Búsqueda, y avanzar de manera urgente en la creación de la herramienta que permita generar los reportes de información.

Frente al capítulo étnico, el Ministerio Público aseguró que las acciones ejecutadas en la fase actual aún no se reflejan en la superación de las condiciones de marginalidad, exclusión y victimización, ya que “no obstante los avances que se han obtenido persisten debilidades en la implementación y falta de concreción de los resultados esperados”.