Congreso aprueba presupuesto de regalías 2023-2024 en primer debate

Las comisiones tercera y cuarta de Senado y Cámara aprobaron este miércoles el Presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR), que regirá entre el primero de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, por un monto de $31,3 billones, cifra equivalente a 2,1% del PIB.

Se trata del monto más alto asignado a los territorios desde la entrada en operación del SGR en 2012. Estos recursos favorecerán, en gran medida, la transición gradual y ordenada hacia la descarbonización de las economías regionales y la transformación productiva incluyente, sostenible e intensiva en generación de empleo que requiere el país de cara a los retos de la agenda 2030.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, sostuvo que “este es un proyecto de gran importancia para el desarrollo regional del país, que además permitirá aumentar el gasto social en las regiones”.  

Es así como dando cumplimiento al artículo 361 de la Constitución Política, esta iniciativa favorece la descentralización de los dineros del Estado al asignar un presupuesto para la inversión de los territorios por $29 billones, de los cuales:

  • $7,5 billones serán asignados directamente para entidades territoriales productoras y puertos.
  • $3,8 billones se asignarán a los municipios más pobres y contribuirán al cierre de brechas y a la ampliación de capacidades productivas territoriales que permitan obtener mayores retornos económicos y sociales de los recursos del SGR.
  • $10,1 billones serán asignados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, susceptibles de generar economías de escala en el uso de los recursos.
  • $3 billones estarán orientados a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales $600.000 millones deben ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.
  • $3,4 billones financiarán, en el marco de una paz total, proyectos que estabilicen y transformen los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren los 170 municipios PEDET.
  • $694.000 millones serán asignados para los grupos étnicos del país encaminados a proteger los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom o gitano de Colombia.
  • $299.000 millones para la protección y conservación de las áreas ambientales estratégicas, el desarrollo sostenible y la lucha contra la deforestación, propósito que será fortalecido por la inversión de $599.000 millones, que deben garantizar para este fin los municipios más pobres del país y las comunidades étnicas.
  • Cormagdalena recibirá $150.000 millones para inversión en las entidades territoriales ribereñas del Río Grande de la Magdalena.

El director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, explicó que este proyecto de ley favorece la descentralización de los dineros del Estado, al otorgarles herramientas suficientes a los mandatarios departamentales y municipales para controlar e invertir sus recursos en proyectos que apoyen el desarrollo de sus comunidades. Y agregó que es importante que con este presupuesto se aprueben proyectos estratégicos de alto impacto para las regiones.

Los recursos del SGR, junto con los que se asignen del PGN tienen el reto de apalancar la ejecución de proyectos estratégicos de inversión dentro de altos estándares de eficiencia, que permitan combatir la corrupción y potenciar los efectos benéficos de la inversión pública en aras del bienestar colectivo.

Es de destacar que para el ahorro se destinarán a través de los Fondos para la Estabilización y para el Ahorro Pensional Territorial $1,3 billones. Así mismo, $299.000 millones para el control y vigilancia de la ejecución de los recursos del SGR.

También se destinarán $598.000 millones para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos; el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables; y para el incentivo a la exploración y a la producción.


El 96% de los ingresos aforados corresponde a ingresos corrientes ($29,9 billones) y el 4% restante a ingresos de capital. La totalidad de estos últimos proviene de rendimientos financieros ($1,3 billones).

La producción de hidrocarburos seguirá siendo la principal fuente de generación de regalías del país. En el próximo bienio, en promedio, 76% de los ingresos corrientes del SGR serán generados por el sector hidrocarburos y el 18% restante por el sector minero. La devaluación del peso y el ciclo alto de los precios internacionales impulsarían el aumento de los ingresos.

Frente a la perspectiva mundial de una transición energética hacia energías renovables, el país afronta el reto de usar los recursos del SGR para transitar, de forma gradual y ordenada, hacia la descarbonización de las economías regionales y locales, en línea con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), relacionados con la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, sin poner en riesgo su seguridad energética.

Lo anterior implica impulsar una transformación económica liderada por la incorporación del conocimiento en los procesos productivos, alineada con la transición energética hacia fuentes renovables; tal como lo recomiendan los estándares internacionales de organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es vista de ello, durante la fase de ejecución de este proyecto de ley se deben destinar importantes recursos para modernizar la infraestructura educativa del país.

Es un reto para el país avanzar hacia el financiamiento de las entidades territoriales más allá de las regalías provenientes de las actividades extractivas, ampliando las bases productivas. Esto, en el marco de un modelo descentralizado de aprobación de recursos y un sistema eficiente para avalar proyectos de inversión técnicamente fuertes y pertinentes con el propósito de mejorar la provisión de bienes y servicios públicos, así como la ampliación de capacidades productivas territoriales.

En un contexto de autonomía territorial y responsabilidad fiscal, es necesario fortalecer los mecanismos institucionales que permitan integrar la ejecución del presupuesto del SGR con el PGN mediante un juicioso trabajo de articulación de los planes territoriales de desarrollo y los tres pilares del Plan Nacional de Desarrollo PND 2022-2026, que giran en torno a las premisas de Paz Total, Justicia Social y Justicia Ambiental, en línea con el programa de gobierno “Colombia potencia mundial de la vida”. La articulación de los planes de desarrollo nacional y territoriales es un mandato legal que forma parte del sistema presupuesta del SGR. En este aspecto, la programación de este presupuesto da estricto cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales que rigen la materia; los cuales están contenidos en los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, la Ley 2056 de 2020 y el Decreto Único reglamentario del SGR (1821 de 2020).