ElTiempo – Durante el foro hablaron de cómo llegar desde los gobiernos locales a una gobernanza del agua.
Desde la ciudad de Mocoa, alcaldes de las ciudades capitales mostraron la realidad actual de sus territorios y las necesidades que tienen para proteger sus tierras, especialmente del recurso hídrico como lo son los ríos y el acceso al agua.
Los planteamientos se hicieron con el fin de poner en la agenda pública los desafíos y experiencias exitosas alrededor del agua como eje de desarrollo humano, ambiental y económico de los territorios, a través del foro: Gobernanza del Agua. El evento, que fue organizado por Asocapitales y la alcaldía de Mocoa, se llevó a cabo el pasado jueves 20 de octubre y usted puede verlo de manera virtual haciendo click aquí.
Durante el primer panel, los alcaldes y representantes del Gobierno Nacional debatieron en torno a cómo llegar efectivamente desde los gobiernos locales a una gobernanza de agua y poder así pasar a la acción, además dieron un panorama para comprender como están los territorios.
Argenis Lasso, directora de la seccional Putumayo de Corpoamazonía, aseveró que una de las principales problemáticas de los 6 departamentos que conforman la Amazonía es la deforestación. “Solo en el Putumayo se pierden 1,48 hectáreas de bosque cada hora; es decir, 13.000 hectáreas anuales en el departamento. La deforestación corta el ciclo hidrológico en toda nuestra jurisdicción y en la Amazonía”.
Luis Antonio Ruiz, alcalde de Florencia, expresó que “la deforestación se debe frenar de inmediato. Los terrenos que dejó la antigua Farc hoy están deforestados porque no los pudo controlar el Estado”.
Por eso, hacen un llamado a trabajar articuladamente entre la región y el Gobierno Nacional y piden una política pública de Estado unificada para todo el país que proteja los ecosistemas.
Pablo Acosta, alcalde del Inírida, comentó que este terreno es conocido por ser una tierra de muchas aguas “tenemos los ríos Inírida, Guainía, Guaviare, Atabapo, lagunas y la cuenca hidrográfica del gran río Orinoco una de las más importantes a nivel mundial”, aclaró Acosta.
En su opinión, otra de las problemáticas de estos territorios es la minería que afecta los diferentes ríos de los departamentos, territorios en su mayoría rodeados por resguardos indígenas y considerados sitios sagrados. “Estamos de acuerdo con la minería artesanal, pero toca formalizarla y pedimos al gobierno diálogos y participación efectiva”, dijo Acosta.
Además, piden que se cree una alta Consejería para la Amazonía para que haya una mayor interacción entre estos territorios y el Gobierno; de esta forma, esperan que sus ideas puedan tener inferencia en las políticas o en las decisiones que tome el Gobierno Nacional. “El presidente, Gustavo Petro, le ha dado una relevancia a la Amazonía. Aquí vivimos un millón de habitantes, Florencia es la ciudad más habitada en la Amazonía con 220.000 habitantes”, dijo el alcalde de Florencia, Luis Antonio Ruiz
“Si estamos en el pulmón del mundo tenemos que trabajar simultáneamente en la descontaminación de los ríos, además de la deforestación, articulando el trabajo con los países vecinos que también hacen parte de la Amazonía”, resaltó Ruiz.
Luz Adriana Jiménez, de la Dirección de Gestión Integral del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estuvo de acuerdo en que el agua se debe tener en cuenta como eje articulador del desarrollo territorial. Explicó que la propuesta del actual gobierno le apunta al ordenamiento territorial y que Colombia sea visto como “una potencia mundial de la vida, con ecosistemas funcionales y una economía basada en la biodiversidad”, dijo Jiménez.
Por lo que, en todo el país le apuntan a ello, aunque priorizaron ciertas áreas como la Amazonía, el Pacífico, la Orinoquía y la parte insular del Caribe. Asegura que resulta necesario que todos los actores se apropien de la iniciativa para que salgan adelante.
“La gobernanza del agua nos plantea nuevas maneras de entender la gobernabilidad en tanto ubica la autoridad del Estado en función de su capacidad de comunicación y concertación con roles y responsabilidades claras para acceder al agua de manera responsable equitativa y sostenible”, añadió Jiménez.
A su turno, Nelcy Verdugo, de la subdirección de hidrología del Ideam, expresó que desde la entidad trabajan en un análisis sobre las respuestas de los sistemas hidrológicos de la cuenca del Magdalena y del Cauca basado en tres ítems: la respuesta del sistema para la amortiguación de inundaciones, la provisión de servicios de alimentos y la conectividad del sistema hídrico. “Avanzamos en la caracterización de las amenazas y la extensión de las inundaciones”, puntualizó Verdugo.
Jhon Jairo Imbachi, alcalde de Mocoa, aseguró que es mejor prevenir que reconstruir, y para lograr una prevención se necesitan recursos para poder hacer los mapas de riesgos, pero aclara que hay una carencia de recursos para lograr una planificación y acción efectiva. “En Mocoa hemos tenido inundaciones, tenemos un problema de escasez de agua y necesitamos actualizar el sistema de alcantarillado para no seguir contaminando con aguas residuales los ríos”.
Por lo que hizo un llamado al Estado para poder obtener recursos que le permita a sus ciudadanos tener acceso a agua potable y a un buen alcantarillado.
Durante el foro, se evidenció que la problemática del agua no solo afecta a los departamentos de la Amazonía. Andrés Gómez, alcalde de Sincelejo, compartió con los asistentes que también les preocupa el tema del agua. “Sincelejo, capital del Sucre, fundada hace 247 años está a 80 kilómetros de distancia del río Magdalena.
Actualmente, la gente se surte de agua que proviene de pozos, que genera costos adicionales en la producción de agua”, comentó Gómez, e hizo énfasis en la necesidad de que todos los ciudadanos, tanto de Sincelejo como de otras partes del país, se apropien, cuiden y hagan un buen uso del agua.
En el país hay 3, 2 millones de habitantes sin cobertura de agua
Aníbal José Pérez, viceministro de agua y saneamiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, habló sobre el rumbo de las políticas nacionales frente al acceso, cobertura y calidad del agua en las ciudades como eje de desarrollo humano.
Además, dio un panorama alarmante sobre el acceso al agua en el país. Desde la cobertura aseguró que actualmente en el país hay 3, 2 millones de habitantes sin cobertura de agua, de los cuales 2, 6 millones viven en el sector rural. Además, 12 millones de personas en el sector rural tienen inadecuada prestación del servicio.
“Si queremos posicionar el agua como derecho fundamental, se deben concentrar los esfuerzos en el cierre de brechas entre las zonas urbanas y rurales. Ponemos el agua como un recurso limitado, no solo se necesitan recursos para tener infraestructura, sino que se debe garantizar acceso a agua continua y de calidad”, explicó el viceministro.
Frente al tema de alcantarillado, las brechas entre lo rural y lo urbano también son muy grandes. En el 2011 el porcentaje de tratamiento de aguas residuales en Colombia era del 30, 6 por ciento, y en el 2020 el porcentaje fue del 52 por ciento. Si bien hay un aumento, todavía hay muchos retos para seguir tratando las aguas residuales del país.
De igual manera, expresó que desde el Gobierno Nacional quieren acompañar especialmente a los municipios de categoría 5 y 6 en la estructuración de proyectos de agua que son una necesidad muy sentida. “Para que el agua sea visto como eje ordenador y eje de vida, es primordial que los proyectos de agua sean aprobados”, añadió Pérez.
Para lograrlo, están haciendo un esfuerzo en gestionar más recursos que permitan la pronta ejecución de proyectos. Se requieren 53, 2 billones de pesos para lograr la cobertura universal entre el 2023 y 2030 y así cerrar la brecha existente.
Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, procurador delegado para asuntos ambientales y agriarios de la Procuraduría General de Nación, aseveró que “el derecho al agua debe ser considerado como un derecho fundamental, un derecho humano reconocido internacionalmente. Además, está ligado a la garantía de otros derechos como la salud y el bienestar”, comentó Guerrero.
Por ello, explica que las políticas públicas para garantizar ese derecho deben ser progresivas y que deben propender por un nivel adecuado de vida para cada familia.