OPANoticias – Ya se cerró el proceso licitatorio mediante el cual se pretende contratar una empresa de seguridad que preste sus servicios en entidades de la justicia en Huila, Caquetá y Putumayo. Reclaman transparencia en el proceso y aseguran que se estaría beneficiando a una empresa que lleva 10 años ganando la convocatoria. El contrato supera los 8 mil millones de pesos.
Voceros de algunas empresas de seguridad que operan en la región, han puesto el grito en el cielo por lo que considera una licitación amada. Se trata de la adjudicación del contrato para prestar servicios de seguridad y vigilancia en dependencias de la administración de justicia en los departamentos del Huila, Caquetá y Putumayo.
El contrato es millonario, el monto aumenta a un poco más de 8.600 millones de pesos y según se indica todo el proceso está montado para que el mismo operador que viene realizando esa tarea desde hace 10 años, se quede con el manejo del contrato.
“Parece un contrato tipo sastre. Está elaborado para un solo proponente. Nos quieren dejar por fuera de toda oportunidad de buscar la pelea con exigencias a todas las luces incumplibles. Es horroroso lo que están haciendo, sobre todo que es la misma administración de justicia la que está al frente de este proceso que se ha construido claramente para beneficiario al de siempre”, señala un vocero de las empresas de seguridad en la capital del Huila.
Hace varias semanas la Dirección Seccional de Administración de Justicia abrió la convocatoria pública para que distintas empresas de vigilancia del país, participaran de un proceso licitatorio tendiente a asumir el manejo de los procesos de seguridad en distintas edificaciones y dependencias en los departamentos anteriormente mencionados.
Lo que señalaran algunos de quienes conocieron los pliegos publicados, se evidencia una clara inclinación hacia un proponente que viene cumpliendo esa tarea desde hace varios años y que dadas las características no podrían cumplir los demás debido al detalle y la minucia en aspectos que no podría ser de esa manera.
“Hay cosas posiblemente imposibles de cumplir. Como por ejemplo que exija un certificado de condición y manejo de un dron. Si revisan los perfiles que se exigen uno podría pensar que la convocatoria es un concurso de méritos y no para un contrato de vigilancia”, expresa otro gerente de una empresa de seguridad con operación en el departamento del Huila.
monopolio
Para varios de los propietarios de empresas de vigilancia el asunto se torna preocupante, pues se conduciría hacia el favorecimiento de un posible contratista, pero además la rama judicial estaría contribuyendo a la existencia de un monopolio o concentración en la misma firma de seguridad, sin Sea un proceso democrático, equitativo y justo.
“Cuando se cerró la convocatoria de inmediato muchos gerentes solicitaron aclaraciones que a la fecha no se han respondido. Hay un silencio total y eso es aún más preocupante. Es como si no existiera interés y todo lo tuvieran amarrado. Le hemos solicitado mediante nota al doctor Hermes Tovar , funcionario de la Judicatura, explica claras y precisas y vamos a poner en conocimiento de la doctora Diana Bolívar Boloc, de la dirección ejecutiva seccional de la Administración de Justicia esto que viene pasando, exigiendo igualdad de condiciones para poder competir con precios de mercado y amparados en lo que señala el Decreto 356 del 94 ”, aseguró otro de los gerentes, quienes piden guardar la reserva de sus identidades.
Para estos empresarios de seguridad que generan empleo y contribuyen con el desarrollo de la región, no se trata de una situación asilada, aseguran que es hora de ponerle atención a un problema que se viene haciendo común en este tipo de convocatorias y que está sacando de juego a muchos de ellos con procesos licitatorios amañados y claramente direccionados.
“es que si se lee con atención los puntos de la convocatoria, prácticamente ninguna empresa está en condiciones de poder cumplir las exigencias que allí se determinan. Por eso es claro que es una convocatoria tipo sastre porque como se coloca todo allí, solamente uno podría cumplir y eso que cree que tampoco, debido a los costos. Hay que tener claro que el personal de seguridad es mano de obra no calificada, la mayoría de las personas son uniformados retirados, civiles que deben adelantar un curso y certificarse para ello, pero lo que pide esta convocatoria es la certificación minuciosa, hasta de personal que no se debe certificar porque simplemente no hay manera de hacerlo”, dijo otro representante de las empresas de vigilancia.
Todos coinciden en lo mismo. En la necesidad que se revise este proceso. Lo considerando amañado, incluso se atrevería a decir que aquí habría un asunto de corrupción peor que el tristemente célebre Centros Poblados, porque si se hace la sumatoria de las convocatorias del todo el país se tratarían de multimillonarios recursos que se concentrarían en una lista limitada de privilegiados contratistas.
“Lo que estamos pidiendo es que se revise con lupa, en detalle todo este proceso. Nos han sacado a la mayoría a sombrerazos y son muchos los recursos en juego, pero también la sostenibilidad de muchas empresas del sector. Además está de por medio la administración de justicia. Aquí deben mirarse los antecedentes de los aspirantes, si tiene investigaciones, sanciones, pero además que de verdad pueden cumplir con los requisitos que eso es fundamental”, concluyó.
Se espera que en los próximos días se pueda conocer como queda definido el proceso y que el elegido realmente cumpla con lo estipulado en la convocatoria, en aras de la transparencia, la selección objetiva y el manejo eficiente de los recursos públicos.