Gustavo Petro recibe un plan de emergencia para proteger la vida de los líderes sociales

ElPaís – La estrategia, pensada para ejecutarse en los primeros 100 días de gobierno, trae 29 acciones en el corto plazo en siete subregiones y en 65 municipios del país

Gustavo Petro en la entrega del informe de la estrategia para proteger a líderes sociales. Foto: RRSS

En la tarde de este viernes varias organizaciones de derechos humanos le presentaron al presidente electo, Gustavo Petro, un plan de emergencia para proteger la vida de los líderes sociales y los firmantes de paz. Durante un evento, representantes de la Cumbre Agraria, la plataforma Colombiana de Derechos Humanos y del Programa Somos Defensores le expusieron al mandatario las ideas centrales de una estrategia que está pensada para que la ejecute en los primeros 100 días de gobierno, con 29 acciones concretas para siete subregiones y en 65 municipios del país.

El plan lo apoyan cinco senadores y un representante a la Cámara del Pacto Histórico, la coalición por la que fue elegido Petro: Iván Cepeda Castro, Jahel Quiroga Carrillo, Gloria Flórez, Isabel Zuleta, Aida Avella, Pablo Catatumbo y Alirio Uribe. Durante la presentación del documento, Franklin Castañeda, vocero de las plataformas de derechos humanos, le agradeció al nuevo presidente por recibir sus propuestas. “Nos alegra mucho contar con usted esta tarde, señor presidente Petro, porque para reunirnos con Iván Duque tuvimos que hacer muchos trámites y gestiones burocráticas y nunca nos escuchó”, dijo.

El documento muestra cómo se intensificó la violencia contra los líderes sociales, las personas defensoras de derechos humanos y los firmantes de la paz en los últimos cuatro años. El Programa Somos Defensores registró, en 2021, 996 agresiones al liderazgo social, de las que 139 fueron homicidios, 665 fueron amenazas y 93 fueron atentados. Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) registra en 2022, hasta julio, 102 homicidios de personas defensoras y 26 de personas firmantes, que suman 337 desde la firma del Acuerdo Final de Paz.

La estrategia se construyó con la asistencia técnica de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en consulta con la Misión de Verificación de la ONU.

El plan de emergencia tiene tres objetivos: 1) que las instituciones del Estado reaccionen rápido, especialmente en los municipios que concentran el incremento de agresiones; 2) que el Gobierno ponga en marcha acciones preventivas para reducir la hostilidad y estigmatización; 3) empezar a construir una política pública de garantías.

Para su funcionamiento, explican los defensores de derechos humanos, el Gobierno debe conformar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se debería crear en función del Acuerdo con las FARC, pero que aún no se ha instalado. La Comisión debe verificar que se cumpla la estrategia y recomendar cómo aplicarla, en elementos que van desde que el Ministerio de Interior cree puestos de mando unificados de prevención y protección en todas las regiones hasta que haya oficiales del ejército encargados de esos planes, pasando por sacar a las personas más amenazadas de los territorios.

El plan tiene una mirada territorial clara, con seis regiones priorizadas (Pacífico y Cordillera Nariñense, Sur y Norte de Cauca, Pacífico Chocoano, Nordeste Antioqueño, corredor del Magdalena Medio, región de frontera de Colombia y Venezuela, incluyendo Catatumbo y Arauca y la región del Putumayo) y especial atención a los 5 municipios con niveles de violencia más críticos en contra de personas defensoras y firmantes del Acuerdo de Paz: Argelia (Cauca); Roberto Payán y Tumaco (Nariño); Tibú (Norte de Santander); e Ituango, (Antioquia). La idea es que esa priorización pueda ir cambiando si es necesario.

Además, el plan busca realizar los estudios de riesgo pendientes a los líderes y a las personas en proceso de reincorporación que se encuentran en los 65 municipios, en un plazo no mayor a 30 días, e implementar las medidas de protección en un plazo no mayor a 15 días, con enfoque étnico y de género. También se solicita que se pongan en marcha los juzgados penales para la investigación específica de conductas contra líderes y firmantes del acuerdo.

Al recibir el plan, el presidente electo, Gustavo Petro, anunció que una de las apuestas para mejorar la seguridad durante su mandato será la prohibición total del porte de armas para civiles. El mandatario recordó que esa estrategia funcionó durante su alcaldía, e insistió en que quiere implementarla en todo el país. “Eso ayudó en la disminución de homicidios en la ciudad”, dijo Petro.