InfoBAE – De acuerdo con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, continúan los procesos de erradicación forzada sin respeto a la autonomía territorial indígena nasa, en Puerto Guzmán
La primera vez que una organización indígena de Colombia interpuso una acción de tutela en contra de las autoridades antinarcóticos del país fue en 2001. En ese momento, la Organización de Pueblos Indígenas de Colombia (OPIAC) solicitó que se les protegieran los derechos fundamentales a la vida, existencia comunitaria, medio ambiente sano, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso y derecho a la participación en las decisiones que los afectan, que estaban siendo vulnerados por la realización de las fumigaciones aéreas con glifosato en sus territorios.
Una vez presentada esta solicitud, el juez 15 Civil del Circuito de Bogotá ordenó el 23 de julio de 2001, como medida provisional, suspender las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos en zonas de resguardos indígenas.
Pero el 6 de agosto de 2001, el mismo juez revocó la medida y resolvió no conceder el amparo pedido, argumentando que “no existe un peligro inminente que pueda causar un perjuicio irremediable a los Pueblos indígenas”. Esta decisión fue confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.
Desde ese momento, los pueblos originarios de Colombia vienen luchando contra las autoridades nacionales para que se le proteja su territorio ancestral y no se sigan realizando aspersiones aéreas cerca a comunidades indígenas.
Después de 21 años de la primera denuncia, estos hechos se siguen presentando dentro de varias comunidades indígenas de Colombia. Puntualmente, este 2 de agosto, el cabildo indígena Nasa Cerro de Guadua, ubicado en el municipio de Puerto Guzmán (Putumayo), denunció la presencia de integrantes de la Brigada XXVII del Ejército Nacional en su territorio.
De acuerdo con lo relatado por la autoridad indígena, los uniformados ingresaron al territorio en compañía de erradicadores civiles, “violentando nuestro espacio”, se aseguró en el comunicado compartido este martes.
“Los uniformados y civiles realizaron procesos de erradicación manual de cultivos de coca, desconociendo el derecho fundamental a la consulta y consentimiento libre, previo e informado”, se lee en el comunicado.
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Según informó la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización que viene haciendo un acompañamiento a la comunidad nasa, “desde el pasado jueves 28 de julio, los militares han venido ingresando inconsultamente al territorio del Cabildo Nasa Cerro de Guadua”.
Siguiendo con lo expuesto por la organización de derechos humanos, “dos días después, el sábado 30, la comunidad se reunió con el capitán, Carlos Iván Moreno Ojeda, quien manifestó que seguiría erradicando dado que la orden venía desde la Presidencia de la República”.
Para la Comisión de Justicia y Paz durante el gobierno de Iván Duque el desconocimiento de los derechos fundamentales a los pueblos indígenas, reconocidos en tratados internacionales y con amplia jurisprudencia en la Corte Constitucional, fueron constantes.
Ante esta realidad, las comunidades indígenas esperan que el nuevo gobierno, encabezado por Gustavo Petro, garantice los derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas.
Históricamente, han sido los pueblos indígenas los más afectados por las aspersiones aéreas con glifosato.
“A causa de las fumigaciones con químicos, diferentes organizaciones colombianas han acudido a instancias judiciales con el fin de que los derechos de las poblaciones asentadas en las regiones en que estas se realizan, sean protegidos”, indicó un reciente estudio de Indepaz.
En varias sentencias, la Corte Constitucional ha expresado que es necesario hacer la diferenciación entre la hoja de coca y la cocaína. “Es necesaria puesto que numerosos estudios han demostrado no solo que la hoja de coca podría tener formas de comercio alternativo legal, que precisamente podrían evitar la extensión del narcotráfico, sino que además, el ancestral consumo de coca en nuestras comunidades indígenas no tiene efectos negativos”.
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