Juzgados especializados en Putumayo admiten 11 demandas colectivas que buscan restituir más de un millón y medio de hectáreas

(@URestitucion). El proceso de restitución de los territorios colectivos avanza a pasos agigantados en el departamento del Putumayo. Es el caso de nueve comunidades indígenas y dos consejos comunitarios afrocolombianos, que conocieron recientemente la admisión de las demandas presentadas a su favor, ante los juzgados primero y segundo especializados en restitución de tierras de Mocoa.

Se trata de las comunidades indígenas de Vegas de Santana, Santa Cruz de Piñuña Blanco, Yunguillo, San Gabriel del Fragua, Siloé, Ksxa’w Nasa Alto Danubio, Bajo Santa Elena, Playa Larga, Day Drua Las Palmeras pertenecientes a los pueblos Inga, Siona, Awá, Nasa y Embera; así como de los consejos comunitario de Burdines y de los Andes, quienes acogen en conjunto a 3.069 personas, habitantes de los municipios de Mocoa, Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito y Valle del Guamuez, en Putumayo, y Piamonte y Santa Rosa, del vecino departamento del Cauca.

Las demandas, pretenden que se reconozcan los derechos territoriales que tienen estas comunidades sobre un total de 1.645.723 hectáreas. Además, que se protejan y salvaguarden los territorios colectivos y a sus integrantes del accionar de los grupos al margen de la ley que hacen presencia y se disputan el control territorial y que durante décadas amenazan con vulnerarlos.

La admisión de estos procesos sucede después de alcanzar un complejo resultado de trabajo por parte de la Unidad de Restitución de Tierras, como la consecución de las pruebas que fungieron como evidencias claras de las muchas afectaciones que han tenido que sufrir los pueblos indígenas y consejos afro en medio de las dinámicas del conflicto presentadas en Putumayo.

Según el director territorial, Andrés Rivadeneira Medina, “la admisión de las demandas es un paso muy importante ya que estas comunidades han sufrido por más de dos décadas el asesinato de sus líderes; desplazamientos y confinamientos; reclutamientos forzados, amenazas e intimidaciones, al tiempo que vieron quebrantado su gobierno propio, así como sus prácticas culturales, entre muchas otras afectaciones.»

“Estas demandas evidencian nuestro compromiso con el restablecimiento de sus derechos, y también que la Unidad de Restitución de Tierras ha cumplido con las disposiciones que establece la ley para llevar estos casos ante la justicia y muy seguramente, después de una sentencia favorable, más de 3000 personas integrantes de las comunidades étnicas encontrarán acompañamiento y representación en esta entidad”, finalizó.

La admisión de las once demandas da celeridad al proceso de restablecimiento de derechos territoriales a favor de las víctimas integrantes de dichas colectividades. El proceso se lideró de manera concertada y, de fallar favorablemente las sentencias, lograrían reconocerlas en calidad de víctimas de la violencia y en forma consecuente, amparar el derecho a su restitución jurídica y material, así como brindar garantías de seguridad, titulación colectiva, recuperación ambiental de las fuentes hídricas y reservas naturales y la recuperación de su identidad cultural, seguridad alimentaria y saneamiento espiritual del territorio.