Defensoría alerta que comunidad en Puerto Leguízamo está confinada por accionar de grupos criminales

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Semana – En este municipio se dio el operativo del Ejército contra disidencias de las Farc en el que murieron 11 personas.

La vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo), estuvo en el ojo mediático a finales de marzo por cuenta del operativo militar en el que, según el Gobierno Nacional, murieron 11 presuntos disidentes de las Farc.

La operación militar generó polémica luego de que sectores de oposición empezaron a señalar que dentro de los muertos supuestamente había civiles inocentes que estaban celebrando en medio de un bazar.

Sin embargo, un informe enviado por la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República, conocido por SEMANA, señala que, efectivamente, la comunidad en este territorio se encuentra sometida por el accionar del frente primero de las disidencias de las Farc, los Comandos de la Frontera- Ejército Bolivariano (CBF-EB), así como las facciones disidentes autodenominadas Frente 7 y 62 y la Compañía Miller Perdomo.

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En el documento, la entidad gubernamental alerta por el “alto nivel de estigmatización y amenazas a autoridades étnicas, líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, colectivos y organizaciones, quienes, a juicio de los actores armados ilegales con operación en la zona, se consideren informantes, simpatizantes o adeptos al bando enemigo, o a la Fuerza Pública”.

Una de las revelaciones más sorprendentes de la Defensoría tiene que ver con el reclutamiento forzado de menores en esta zona para luego usarlos en la ejecución de actos criminales.

“Respecto del grupo denominado ‘Comandos de la Frontera’, su conducta en escenarios territoriales colindantes da cuenta de invitaciones a los jóvenes a través de pagos de dinero a que se sumen en actividades no solo de vigilancia, corroborándose el uso y utilización de los mismos en hechos ilegales”, señala el informe.

El texto agrega que, en algunos casos, las amenazas contra los menores son tantas que desembocan en el desplazamiento de todo el núcleo familiar como medida de autoprotección.

“A esta situación se suma las acciones de registro, control y un incremento en las requisas en los caminos veredales que comunican a las familias que viven en las fincas y comunidad indígena de Bajo Remanso”, apunta la Defensoría.

La entidad, luego de visitas hechas a la zona, corroboró que la comunidad se encuentra en medio del “confinamiento y las restricciones de movilidad” que limitan gravemente las actividades de subsistencia de las comunidades como la caza y la pesca.

Los habitantes de esta zona se han visto atemorizados por los “homicidios selectivos“ de líderes comunales y autoridades étnicas.

Igualmente, los menores no han podido volver a la escuela debido al estado de deterioro en el que se encuentra la institución y a que el único docente con el que cuentan no volvió debido al temor que genera la presencia de los grupos criminales.

“Esta Institución tiene un pénsum académico de preescolar hasta quinto de primaria, con un sólo docente, el cual según manifestaciones de los pobladores no asiste de manera continua a dictar clases y no cumple el plan de estudio requerido; además, informan, no ha regresado a la escuela”, apunta el documento.

El informe fue enviado por la Defensoría para un debate de control político, al que también fue convocado el ministro de Defensa, Diego Molano.

El debate fue citado por el representante Luis Alberto Albán, quien hasta hace pocos años era uno de los mandos de las Farc y se reintegró a la vida civil como parte del acuerdo de La Habana.

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