El nuevo ciclo de violencia en Putumayo

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La ejecución de dos masacres a principios de febrero de 2022 en las selvas de Puerto Leguízamo prendió las alertas en el Putumayo1. Entre el 2 y el 5 de ese mes, seis personas fueron asesinadas en la Inspección de Yurilla, antiguo punto de verificación del acuerdo de paz, hecho que generó la visita de la ONU, organismos humanitarios y llamados de la comunidad internacional. Pero no se trató de un hecho aislado: en los últimos dos años los habitantes de la región han sufrido confinamientos y desplazamientos forzados, homicidios selectivos y amenazas.

Parafraseando al escritor Arturo Alape, en el sur del país existe una “guerra dentro de la guerra”2. Esto sucede con frecuencia en Colombia después de los fallidos procesos de paz, los cuales generan disputas territoriales entre las facciones que se niegan a dejar la lucha armada.

Con la desmovilización de las Farc se cerró un capítulo de violencia política, pero, a su vez, se empezó a gestar la reconfiguración de los actores armados en el país. No es un caso exclusivo del Putumayo, pero el foco de este artículo está centrado en el nuevo ciclo de violencia que padece esta región.

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Reconfiguración de los grupos armados

Paralelo a la desmovilización de las Farc, desde 2016 las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo advertían sobre el reagrupamiento de miembros de esa guerrilla que no se desmovilizaron y se negaron a la firma de los acuerdos de La Habana:

El Frente 1º fue la estructura que declaró, antes de la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016, que no suscribiría el Acuerdo, no haría tránsito a la vida civil y no entregaría las armas. Su presencia sobre el eje del río Caquetá se evidenció desde el mes de abril de 2017 en límites entre los departamentos de Amazonas y Caquetá. Desde entonces ha extendido sus operaciones a lo largo de este afluente a través de lo que para el 2018 se conoció como el Frente 1º Armando Ríos.

Para finales de 2018, el citado Frente 1º cambió de nombre y se empezó a presentar como “Frente 1 Carolina Ramírez” en los municipios objeto de advertencia. Esto se produjo de manera simultánea con la aparición y el inicio de la disputa por el control del territorio con el grupo de crimen organizado Sinaloa – La Mafia. (AT 001 – 2021; Cauca, Putumayo y Caquetá).

En 2018, en Puerto Leguízamo surgió el autodenominado grupo Nuevo Horizonte o Movimiento Revolucionario del Alto3. En el corregimiento de Piñuña Blanco (Puerto Asís) varias comunidades del pueblo Siona fueron confinadas por la presencia del Frente 1 de las Farc, quienes –según la Defensoría– habrían cometido varios asesinatos en el sector4. Por su parte, en el Valle del Guamuez el control de la producción y tráfico de cocaína se reconfiguró con la aparición de agrupaciones relacionadas con un sector del Frente 48, en alianza con la Banda La Constru y las Autodefensas “Gaitanistas”5.

Para ese momento las advertencias de la Defensoría y los reportes de organizaciones de derechos humanos permitían establecer que estaba por darse el inicio de un nuevo ciclo de guerra en el departamento, esta vez entre el Frente Primero Carolina Ramírez y La Mafia Sinaloa.

Este última surgió en la región producto de una alianza siniestra entre la banda La Constru –sucesora del paramilitarismo– y disidentes de las Farc que estuvieron concentrados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de La Carmelita (Puerto Asís) y/o que fueron reincorporados a la lucha contrainsurgente. La Mafia también es conocida en la región como Los Sinaloas porque su comandante fue Pedro Goyes, antiguo jefe del Frente 48 de las Farc, denominado Sinaloa por sus negocios con el cartel mexicano, asesinado por en una purga interna y reemplazado por alias La Araña.

Hasta mediados de 2019 La Constru fue liderada por Miguel Antonio Bastidas Bravo, alias Gárgola, quien pagó 100 millones de pesos al Frente 48 de las Farc para colarse en la lista de desmovilizados. De esta misma banda hacía parte Henry Loaiza, alias El Alacrán; antiguo jefe del Cartel del Norte del Valle, condenado por la masacre de Trujillo y que dejó como saldo un centenar de víctimas.

Como en película, el primero fue capturado en Soacha, cuando era escoltado por su cuñado, el coronel activo del ejército Elkin Alfonso Argotes, quien además habría escondido en Bogotá a Gárgola por dos meses en una guarnición militar; al Alacrán, por su parte, lo hallaron camuflado como pastor evangélico en una iglesia de Puerto Asís.

En el año 2020, el grupo La Mafia cambió de razón social y se convirtió en los Comandos de Frontera, los cuales se sumaron a La Segunda Marquetalia, grupo disidente comandado por Iván Márquez. En el departamento este hecho generó estupor dado que el accionar de La Mafia es similar en violencia y saña al otrora Bloque Sur Putumayo del paramilitarismo.

Es muy probable que, al igual que en otras regiones del país, La Mafia Sinaloa haya cambiado su nombre y realizado alianzas con antiguos enemigos con el propósito de ocultar su responsabilidad en el asesinato de líderes sociales en el Putumayo y buscar la legitimidad de sus acciones bajo el amparo de un supuesto discurso político. No obstante, lo cierto es que desde 2020 los Comandos de Frontera han dejado una estela de muerte y terror en el departamento6.

Por su parte, Gentil Duarte, máximo jefe jerárquico del Frente 1 Carolina Ramírez, reforzó el grupo desde finales de 2021 con personal de los frentes 7 y 62 del Bloque Jorge Briceño, además de la Compañía Miller Perdomo, con el propósito de enfrentar a los Comandos de Frontera7.

Desde entonces los hechos de violencia se han recrudecido, especialmente en los municipios de Puerto Guzmán, Puerto Caicedo (en las riberas del río Picudo), Puerto Asís (aguas abajo hacia Puerto Leguízamo), y el río Yurilla hacia su desembocadura en el Caquetá.

El mapa de violencia en la región coincide con la zona de mayor deforestación en el último año en el departamento8. En otras palabras, lo que está en disputa son las rentas del narcotráfico y los corredores de movilidad, tanto fluvial como terrestre, en una región cuya economía depende de la coca, primer renglón de ingresos y sustento para miles de familias en los sectores rurales y la población flotante que llega procedente de otras partes del país. Pese a que en la actualidad no hay una bonanza cocalera, no se puede desconocer que la economía ilegal de la coca es la única fuente de recursos para gran parte de la población, lo cual también explica el por qué la violencia se ensaña contra civiles.


De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en el departamento existen 24.973 hectáreas sembradas con coca9, en una zona que además resulta estratégica para todos los negocios del crimen organizado (contrabando, minería ilegal, trata de migrantes, trata de mujeres, etcétera), por su cercanía con Ecuador, Perú y, aguas abajo, con Brasil.

Recientemente, el grupo de investigación Insight Crime reveló las alianzas existentes entre el Frente Primero Carolina Ramírez y organizaciones criminales brasileñas dedicadas al tráfico de marihuana y cocaína hacia la ciudad de Manaos, con el río Caquetá como uno de los principales corredores10.

Por su parte, el control del tráfico de droga sobre el río Putumayo está en manos de los Comandos de Frontera en inmediaciones del municipio de Puerto Leguízamo, con uno de los epicentros para la producción de cocaína en Pacora, poblado situado al lado peruano, donde se han presentado varios hechos de violencia. Hacia el lado ecuatoriano han establecido campamentos para el entrenamiento de jóvenes que son reclutados por este aparato armado11.

La población civil, la más afectada


La guerra entre esas dos facciones narcocriminales afecta una vez más y en forma desmedida a las comunidades indígenas, campesinas y colonas de un departamento en el que, según cifras de la Unidad de Víctimas, el 41 por ciento de la población fue víctima de violencia política desde 1997, unas 147.761 personas de un total de 353.759 habitantes.

De acuerdo con la misma fuente, el desplazamiento forzado ha sido históricamente la violación –de derechos humanos– que más víctimas ha dejado en el Putumayo, con 136.704 denunciantes. Los homicidios reportados ascienden a 16 mil y las desapariciones forzadas a más de 3 mil personas.
No obstante, en los reportes de la Unidad de Víctimas brillan por su ausencia las masacres cometidas a finales de los noventa y principios del dos mil12, en medio de una guerra que llegó a su clímax con la implementación del Plan Colombia y cuyas secuelas aún persisten en las miles de personas que perdieron a sus seres queridos, muchos de ellos todavía desaparecidos, y otras que ni siquiera hacen parte de las cifras porque prefirieron callar por miedo. Es por ello que cuando hoy se conoce de un nuevo hecho violento, la angustia reviva en las comunidades que quieren superar las historias de terror del pasado.

En el Putumayo se vivió una aparente calma mientras se reconfiguraba el teatro de la guerra. Sin embargo, durante estos cinco largos años de post acuerdo, los asesinatos selectivos contra líderes y excombatientes de las Farc no han cesado. La ley del silencio sigue rondando, como un fantasma que no deja dormir tranquilos a los pobladores.

Uno de los más sonados de estos actos violentos fue el homicidio del líder campesino y defensor del programa de sustitución de cultivos Marco Rivadeneira, el 19 de marzo de 2020. En el 2019, los asesinatos contra líderes campesinos en Puerto Guzmán, desestructuraron el trabajo realizado para la recuperación ambiental del Río Mandur. Casi todas las personas asesinadas eran del Pnis, el programa de sustitución de cultivos que se creó con los Acuerdos de Paz13. La escalada fue tenebrosa, en sólo tres semanas fueron asesinados 6 líderes campesinos y 4 más tuvieron que huir de sus fincas a finales de ese año14.

Según los reportes de Indepaz, en Putumayo durante el 2020 se registraron 19 asesinatos selectivos contra líderes sociales y 8 contra excombatientes de las Farc15. Sin embargo, la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte (Cauca) y Cofanía Jardines de Sucumbíos (Nariño) reportó más de 30 asesinatos en los tres primeros meses de ese año16. El subregistro de información sigue siendo una de los mayores obstáculos a la hora de dimensionar la crisis de derechos humanos que padecen las comunidades putumayenses. La guerra que se libra es selva adentro, en regiones donde el Estado no cumple con su mandato de invertir en todos los planos en pro de construir condiciones para que florezca la vida en dignidad, y donde su presencia solo se siente cuando avanza con sus tropas; un pedazo del territorio de este departamento en donde todo sirve de cultivo para la conformación de grupos armados que viven de las rentas ilegales.


Violaciones masivas o de configuración múltiple 2019-2022 Putumayo y Baja Bota caucana

Desde el año anterior la guerra arrecia. En Puerto Leguízamo, por ejemplo, desde el 2021 se han registrado cuatro masacres. La primera, el 5 de noviembre, cuando asesinaron a tres personas; luego el 25 de diciembre fueron fusiladas 7 más en el resguardo Bellavista; los días 2 y 5 de febrero del presente año se registraros otras dos masacres, con saldo de 3 personas muertas en cada una, todas en jurisdicción de la inspección de Yurilla.

Lo más grave es que la confrontación armada tiene confinadas a las comunidades indígenas del Predio Putumayo17, territorio adjudicado a la población indígena para resarcir el etnocidio causado por la Casa Arana hace cien años. Ya no es el caucho sino la coca el motor de las mafias que vulneran los derechos de las comunidades, tanto nativas como colonas.

En estas condiciones, es lamentable que los territorios de las comunidades indígenas que aún perviven en la Amazonía estén siendo invadidos por actores armados que imponen sus leyes o supuestos “manuales de convivencia” que vulneran sus derechos como pueblos y sus formas de gobierno propio. Según la Red de Derechos Humanos del Putumayo, sólo en el 2020 fueron víctimas de reclutamiento cerca de 600 niños y niñas indígenas18, obligados a abandonar sus comunidades y sus tradiciones para enfrascarse en una guerra ajena a su cosmovisión.

Más recientes aún son los ataques contra los excombatientes de las Farc, Fabián Alexander Rodríguez Suárez en la vereda Rancherías de Orito y Jorge Santofimio, presidente de la Cooperativa Comuccon, en la sede La Granja de Puerto Guzmán, hecho en el que quedaron heridos de gravedad su hijo de 13 años y una bebita de 5 meses.

Es evidente que los llamados de organizaciones de derechos humanos, las alertas de la Defensoría del Pueblo y los pronunciamientos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han sido insuficientes para detener la violencia contra las comunidades, sus líderes y lideresas.

Muestra de ello es que el 11 de febrero de 2022 fue nuevamente amenazada Maydany Salcedo, presidenta de la Asociación Municipal de Trabajadoras y Trabajadores Campesinos de Piamonte Cauca. Todo parece indicar que el plan de exterminio continuará sino hay una verdadera voluntad política para enfrentar la criminalidad. La violencia en Putumayo lleva más de cuatro décadas y su motor, desde entonces, es el narcotráfico, pero sus causas estructurales son el abandono y el modelo de desarrollo extractivista que avanza a pasos de animal grande.

Si no se construye una política de Estado que defienda la Amazonía como territorio de biodiversidad multiétnico y pluricultural, si no se brindan alternativas económicas acordes con el hábitat, si no se demuestra la existencia de voluntad política para la implementación de los Acuerdos de La Habana por una paz estable y duradera, el Putumayo, al igual que otras regiones del país, seguirá sumido en un silencio sólo interrumpido por las balas asesinas de quienes se imponen con violencia e intimidación, sembrando miedo, y los informes de aquellos que cuentan las víctimas de nuevas víctimas selectivas, así como de masacres.


1 Para mayor información leer los informes de la Comisión Interclesial de Justicia y Paz sobre la dinámica del conflicto armado en el Bajo Putumayo y la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo para el municipio de Puerto Leguízamo 002 del 24 de enero de 2022.
2 Alape se refería, en su momento, a la ruptura del Estado Mayor Unificado de las guerrillas en el Sur del Tolima. Las vidas de Pedro Antonio Marín Manuel Marulanda Vélez Tirofijo. Capítulo Tres. Planeta, 2003.
3 Alerta de Inminencia 024 del 26 de febrero de 2018 Puerto Leguízamo.
4 Alerta 038 del 19 de abril de 2018 Puerto Asís.
5 Alerta 054 del 20 de junio de 2018. Vale la pena resaltar que La Autodefensas “Gaitanistas” de Colombia son un grupo paramilitar que heredó gran parte del poder político y militar de las AUC que no tiene nada que ver con las ideas liberales del Caudillo Liberal Jorge Eliecer Gaitán.
6 Para mayor información sobre La banda La Constru y los Comandos de Frontera pueden consultar las siguientes páginas: https://periodismopublico.com/detencion-del-jefe-de-la-constru-en-soacha-permitio-acelerar-extincion-de-dominio-a-esta-organizacion-criminal;https://www.youtube.com/watch?v=gM-ivDb4NBU;https://miputumayo.com.co/2019/06/28/gargola-y-el-alacran-un-binomio-para-delinquir-en-el-putumayo/;https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/un-coronel-del-ejercito-protegia-a-gargola-jefe-de-banda-la-constru-381812;https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/comandos-de-la-frontera/;https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/comando-de-la-frontera-la-alianza-de-paramilitares-y-disidencias-que-acecha-putumayo-article/
7 Alerta 002 del 24 de enero de 2022. Páginas 20 – 21. Defensoría del Pueblo
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/10/17/leguizamo-el-segundo-municipio-mas-afectado-por-deforestacion-en-putumayo/
https://cambiocolombia.com/articulo/conflicto/la-guerra-entre-las-disidencias-por-el-putumayo.
10 https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2020/04/Cro%cc%81nica-de-una-amenaza-anunciada-las-ex-FARC-mafia-2019-pdf-informe-completo.pdf.
11 https://elcomercio.pe/peru/loreto/narcos-extranjeros-dominan-la-frontera-del-putumayo-noticia/?ref=ecr
12 Unidad para la Atención y la Atención Integral a las Víctimas. Consolidados Estadísticos de Víctimas. Putumayo, corte a 30 de abril de 2021.
13 Entrevista con Kristina Lyons, 14 de febrero de 2022.
14 Consultar el reportaje de la Revista Semana La caravana de la muerte: los misteriosos asesinos en moto que azotan Putumayo. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/la-caravana-de-la-muerte-los-misteriosos-asesinos-de-lideres-sociales-y-campesinos-en-el-putumayo/649382/.
15 Consultar el listado de líderes asesinados en https://indepaz.org.co/lideres/
16 Tomado del portal Recsur. Amazonia: la guerra que no claudica y la sombra del narcotráfico. https://recsur.com.co/amazonia-la-guerra-que-no-claudica-y-la-sombra-del-narcotrafico/
17 https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-ordena-al-Ministerio-del-Interior-y-a-la-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-proteger-al-pueblo-ind%C3%ADgena-Muina-Murui-en-Putumayo.aspx
18 https://semanarural.com/web/articulo/el-miedo-y-la-violencia-regresaron-al-bajo-putumayo-/1766

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