Mongabay –
Adiela Jineth Mera Paz se levanta cada mañana con un único pensamiento: proteger su territorio, ubicado en Puerto Asís, Putumayo, justo en la frontera entre Colombia y Ecuador. No la tiene fácil. Son 4500 hectáreas que debe cuidar junto con otros 44 voluntarios que forman parte de los Cuiracua Mai Yija, la guardia indígena del resguardo Buenavista, la sede principal del pueblo Siona —también conocido como ZioBain—. Son cuatro coordinadores, pero ella es la única mujer. Y es única en casi todo: fue la primera alcaldesa mayor que tuvo el resguardo entre 2019 y 2020, se ha formado en procesos de liderazgo con la ONU, tiene perfil de etnoeducadora y ahora lidera a los guardianes que están dispuestos a hacerle frente al narcotráfico, al conflicto armado, a las minas antipersonal y, sobre todo, a las pretensiones extractivistas.
Desde su infancia quiso ser lideresa. En la casa de pensamiento que tenía su abuelo (como se llama al espacio que ocupa un sabio de la comunidad) formaba grupos de líderes con los jóvenes. Luego, en una organización de mujeres, se enfocó en aprender de las plantas, la medicina y el territorio. Cuenta que en ese momento de su vida apareció la inspiración y su decisión de proteger la sabiduría de su pueblo. Entendió que en la espiritualidad encontraría la resistencia y las fortalezas necesarias para proteger a la madre tierra.
“Zio Bain bos’ëcua cuiracuyija, somos jóvenes cuidadores del territorio”, dice Mera Paz en su lengua, como recalcando que su cultura se mantiene y se mantendrá. Esa es su misión y no hay poder humano que la convenza de lo contrario. Incluso ahora que siente que libra una lucha contra un gigante, la petrolera Amerisur, hoy llamada Geopark, que ha tenido —y tiene— interés en los territorios ancestrales de esta comunidad en la que viven 210 familias. Se han opuesto a la entrada de la multinacional, pero han visto a su alrededor los efectos de una industria que, para ella, vive a costa de la explotación de la vida.
—¿A qué le tiene miedo Adiela?
—Me da temor que los estados que tienen la potestad y el deber de velar por los derechos nuestros, no lo hagan. Me da miedo que desaparezcamos. Estamos en un mundo donde lo que más prevalece es la guerra y los intereses de unos pocos.
—La Corte Constitucional los reconoció como un pueblo en riesgo de exterminio físico y cultural, ¿cree que eso realmente puede ocurrir?
—Sí. Estamos en riesgo por culpa del abandono del Estado, por las minas [antipersonal], por las empresas petroleras, por los grupos armados ilegales, por el narcotráfico, por la contaminación, pero aún así, seguiremos defendiendo lo nuestro y preservaremos nuestro legado.
—¿Cómo proteger su territorio para garantizar la existencia de su comunidad?
—Anteriormente los que protegían el territorio eran los mayores. Por su conocimiento espiritual, protegían la tierra desde su medicina, se transformaban, se convertían. El territorio estaba muy protegido espiritualmente. Pero antes no había la contaminación, la invasión, el aislamiento y las limitaciones que tenemos hoy tanto en Colombia como Ecuador. Hay muchos intereses en este territorio porque saben que los indígenas hemos conservado su riqueza. Por eso nacimos nosotros como guardianes, los Cuiracua Mai Yija. Aunque seguimos con el legado de la espiritualidad, ahora también cuidamos la tierra físicamente.
Hay 45 voluntarios, entre hombres, mujeres y jóvenes. De estos, somos cuatro coordinadores, yo soy la única mujer y mi función es ser el apoyo del coordinador general. Nuestro día a día es duro porque tenemos que estar pendientes de las 4 500 hectáreas de territorio. Somos los que enfrentamos las diferentes situaciones de riesgo que aparecen pero, cuando se requiere de más personal, nos apoya el resto de la comunidad.
—¿Qué amenazas enfrenta el territorio siona?
—Por el abandono estatal, tanto en Colombia como Ecuador, hay familias que se arriesgan realizando labores con cultivos de uso ilícito, se vinculan a distintas partes de la cadena y la comercialización para poder sobrevivir. Adicionalmente, se han incrementado los riesgos derivados del reclutamiento infantil de niñas y niños por parte de los grupos armados ilegales.
Entre 2009 y 2015, que fueron los años más duros, nuestro resguardo fue uno de los más afectados por la siembra de minas [antipersonal]. Eso nos trajo restricciones, que no pudiéramos movilizarnos, que quedáramos en confinamiento y que hubiera muchas muertes. Se ha hablado de un proceso de desminado, pero eso no avanza. Quedamos limitados para recorrer los territorios y aún así debemos exponernos para evitar que las multinacionales y los grupos armados exploten nuestra tierra. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo: no queremos empresas extractivas en nuestro resguardo.
—Con tantas limitaciones, ¿cómo hace la guardia para recorrer el territorio y hacerle frente a las amenazas?
—Nosotros como cuiracuas no podemos caminar libremente, pero aún así lo hacemos para proteger la madre tierra. Por más que se ha hablado de un proceso de paz, aquí seguimos en un proceso de lucha y resistencia. La Amazonía tiene mucha riqueza y guarda la vida, pero las multinacionales, en apoyo de los gobiernos extractivistas, no ven la importancia. Mientras tanto, nosotros como pueblos indígenas estamos en medio de la guerra y la explotación.
Muchos de nuestros mayores tuvieron que abandonar los territorios, pero nosotros no haremos eso. La Amazonía está siendo azotada, golpeada y los únicos que podemos luchar en este momento somos los pueblos indígenas, porque es nuestro legado. Tenemos que protegerla, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones. Eso es lo que nos motiva a seguir adelante.
—¿Cómo la extracción petrolera vulnera a los pueblos indígenas amazónicos?
—Nosotros estamos en un área de influencia de una empresa que anteriormente se llamaba Amerisur, hoy es Geopark. En el año 2009 quiso entrar por primera vez al territorio pero no lo permitimos. Luego, en 2014, se hizo una consulta y protocolizamos con un ¡No!, porque en nuestro resguardo aún se mantienen las costumbres y estamos decididos a conservar la vida.
El propósito de la empresa era realizar sísmica. Eran siete líneas que cruzaban prácticamente el centro de la comunidad. Sabíamos que las detonaciones iban a afectar a nuestros animales, las plantas y el agua, así que decidimos no permitir el ingreso.
—No ingresaron a las 4500 hectáreas pero sí trabajan en el territorio ancestral que los rodea…
—La empresa generó rupturas alrededor de nuestro territorio y afectaron los corredores biológicos, que son la vida, son los sitios donde nace el agua y están las plantas de las que nos alimentamos nosotros y los animales. La empresa vierte los tóxicos y genera contaminación.
En 2015, por ejemplo, se pasó una tubería por el fondo del río, cruzó el río Putumayo. A pesar de los daños y las denuncias que hicimos, no hubo compensación. Con los vertimientos de desechos, a veces no somos capaces de soportar el olor que baja por el río. Ese es solo un ejemplo de un daño enorme en una pequeña porción de nuestro territorio, ahí ya ni siquiera se puede consumir el agua. Ahora, imagínese lo que pasa en el resto del territorio.
Antes nuestros mayores decían “hasta tal punto íbamos a cazar y a pescar”, hoy esos sitios están ocupados por las petroleras y eran importantes para nuestro pueblo, para la caza, la pesca, para buscar los alimentos que son nuestro sustento, nuestra medicina. En este territorio está nuestra resistencia espiritual. Para el indígena el territorio es la vida, el indígena que no tenga tierra no es indígena.
—Con la contaminación que menciona, ¿se ha llegado a afectar la salud de la gente en el resguardo?
—Sí, claro. Las mujeres ya no podemos ir al río, ni bañarnos, porque aumentaron las infecciones vaginales y las de la piel. Son elementos comprobados. Ya no puedes tomar el agua tampoco, así que esperamos agua de lluvia para poder consumir y tratar de mitigar un poco esa contaminación.
—¿Tienen menos acceso a las plantas medicinales y al alimento?
—Exacto. Los sitios más importantes para nosotros fueron invadidos con minas y contaminados con el vertimiento de residuos. Cuando se cortó el corredor biológico, algunas plantas se secaron. Incluso los animales se empezaron a ir. Ya no podemos alimentarnos como antes. El pescado del río lo comemos, pero no sabemos qué daño nos puede estar haciendo, porque seguramente tiene mercurio y las aguas son tóxicas. Pero, ¿qué más hacemos? Nos toca asumir los riesgos. No hay un Estado que nos proteja, así que nos toca a nosotros. Nuestra tierra es la sangre y la vida, seguiremos cuidándola para que pueda seguir manteniéndonos como seres humanos.
—¿La llegada de las petroleras a los territorios ancestrales ha causado división en las comunidades? ¿Afectó de alguna manera sus costumbres?
—Cuando estábamos en consulta en 2014, decidiendo sobre el ingreso de esta empresa al territorio, sí se generó división. Era un proceso que se iba a hacer con tres comunidades, pero la empresa empezó a ofrecer dinero a nuestros mayores para que hicieran trabajos [campaña] a favor de ellos, entonces hubo una ruptura espiritual, social y comunitaria porque se cambió el pensamiento.
Ofrecían 180 millones de pesos (46 600 dólares) para mi resguardo (Buenavista), para compensar los daños que se podían generar. En ese momento, la ambición y la mala fe de la empresa ocasionó que no hubiera una unidad como pueblo. No sé qué ofrecieron a las otras dos comunidades, Santa Elena y Piñuña Blanco, pero protocolizaron con el ¡Sí! para aprobar la sísmica. Cada quien se fue por su lado.
A partir de eso, ellos alcanzaron a recibir una parte de lo que ofrecía la empresa, pero después, al ver todo el proceso de resistencia que llevábamos nosotros como resguardo Buenavista, se dieron cuenta de la importancia y el respeto que merecía la madre naturaleza, que iba a ser violada y vulnerada. Y ahora sí estamos más unidos y conscientes.
—¿Qué tan complicado es para una lideresa indígena enfrentarse a una multinacional en un contexto donde también están rodeados de actores armados legales e ilegales?
—En mi calidad de lideresa y de mujer indígena que habita y vive en este territorio, he visto que enfrentarse a las petroleras, y a todos los intereses de los actores que tienen una relación con el desarrollo de las actividades extractivistas, implica unas amenazas contra la integridad de nuestra comunidad. Ya hemos demostrado que el incremento de las condiciones de riesgo a las que nos enfrentamos están relacionadas con nuestra lucha. Nuestro riesgo aumenta con el crecimiento de los intereses extractivos en el territorio.
Por más que haya entidades que dicen que nos van a proteger, como la UNP (Unidad Nacional de Protección), no hay garantías. No tienen en cuenta que necesitamos una protección diferencial. Por ejemplo, encargan de nuestra protección a gente de ciudad que no llega hasta los puntos donde tenemos el riesgo, nos dan dotaciones de celulares sabiendo que casi no tenemos señal. No tienen en cuenta el contexto.
—¿Cuál es la situación de otros pueblos indígenas vecinos?
—En Ecuador también están en la resistencia. Hemos hecho acompañamiento a una comunidad que se llama Sinangoe, del pueblo Kofán. Aunque no viven en medio del conflicto que vivimos nosotros, viven otros tipos de violencia. Actualmente están en la lucha y se ganaron una sentencia para poder defender sus 67 000 hectáreas de la minería ilegal, que también afecta y contamina el territorio. Al igual que nosotros, hoy están en riesgo de exterminio. Por eso, con diferentes pueblos y organizaciones de Ecuador y Colombia estamos trabajando en procesos de defensa de la tierra, para decirles a las empresas extractivistas que los pueblos indígenas no se venden ni se negocian.
—El Estado debe velar por proteger la integridad de los pueblos indígenas, ¿cree que esa tarea se está haciendo?
—Tenemos medidas cautelares tanto nacionales como con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que le hemos dado a conocer todas las afectaciones que hemos tenido, pero aún así no ha sido posible el cumplimiento de sus órdenes por parte de las entidades competentes en Colombia. Eso quiere decir que no tenemos un Estado que garantice protección. Hicimos denuncias en la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), en Corpoamazonia, en todos los entes correspondientes al medio ambiente, pero no pasa nada. Sabemos que como pueblos indígenas tenemos unas normas que nos amparan, pero no son tenidas en cuenta. Por eso hoy seguimos en este proceso de lucha.
Lee más | Ecuador: la minería está destruyendo la riqueza ambiental del río Nangaritza
—¿Qué es lo más difícil de ser lideresa indígena? ¿A qué debe enfrentarse una mujer como usted?
—Las lideresas indígenas debemos enfrentarnos a muchas situaciones porque persiste la desigualdad. Creen que no podemos. Yo fui alcaldesa del resguardo Buenavista durante dos años (2019 – 2020), pero no es fácil que las mujeres podamos acceder a cargos fuertes. Hay muchos desacuerdos en el tema porque temen que no podamos encargarnos de ciertos procesos. Pero, por más que este año no tenga el cargo de alcaldesa, sigo trabajando y asumiendo los riesgos que conlleva el liderazgo: amenazas, señalamientos, estigmatizaciones, vulneraciones de derechos. Las mujeres estamos dispuestas a afrontarlos.
—Diversos estudios muestran que los pueblos indígenas juegan un papel fundamental en la preservación de la biodiversidad, es decir, ustedes pueden ser clave para preservar la Amazonía, ¿cómo hacerle entender eso a los gobiernos?
—Realmente creo que la mayoría de los Estados, no solo el colombiano, son muy extractivistas, solamente piensan en el capitalismo. Esas catástrofes que han ocurrido son porque la misma naturaleza reclama sus derechos, porque siente lo que está aconteciendo alrededor del mundo y, lastimosamente, los altos mandos no entienden lo que está pasando. Nuestro conocimiento [indígena] sirve para preservar el planeta, eso ya quedó demostrado. Qué bonito sería que estos territorios se convirtieran en un espacio de paz, que estas nuevas generaciones sientan ese amor, ese arraigo, esa lucha y resistencia que lleva tantos años porque, como pueblo siona, somos milenarios. Mi anhelo es que algún día pudiéramos vivir tranquilos y preservando el territorio.
—¿Ese es su sueño más grande?
—Es mi anhelo más grande. Que se mantenga el legado del pueblo ZioBain, que sigamos en la lucha y la resistencia, que algún día podamos decir: ‘lo logramos’ y que todos vivamos en paz. Una paz verdadera.
*Imagen principal: En 2019, Adiela Mera Paz fue la primera alcaldesa mujer del resguardo Buenavista del pueblo siona en Putumayo. Ahora tiene 39 años y coordina la guardia que protege el territorio. Foto: Cortesía Adiela Mera.