La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, destacó la finalidad de la Política Pública Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa, que promoverá la protección integral de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, evitando la reincidencia en el delito y promoviendo su reparación y resocialización. “Hoy lanzamos una hoja de ruta definitiva para concretar esa finalidad restaurativa del Sistema de Responsabilidad Penal, para que durante el proceso de atención se logre restaurar, no sólo al adolescente y su ser, sino también su relación con su familia, su comunidad y las personas afectadas por su conducta», sostuvo la Directora del ICBF.
En ese sentido, recalcó que la justicia restaurativa tiene que ver con la construcción de oportunidades duraderas, pues sólo un adolescente que se responsabilice será capaz de aprovechar esas oportunidades, al tiempo que una comunidad que lo acoja se convertirá en un factor protector que evitará su reincidencia en el delito.
La jornada realizada en Barranquilla, en conjunto con el Ministerio de Justicia, contó con la participación de jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), quienes manifestaron la importancia de implementar este modelo para la construcción de proyectos de vida legales y sostenibles.
La justicia juvenil restaurativa aborda los conflictos desde un enfoque social, afectivo, pedagógico y de derechos, orientado por los principios de la protección integral y corresponsabilidad de adolescentes y jóvenes. El ICBF, cuenta con programas como Sacúdete y Proyecto Sueños que permiten identificar y detonar sus talentos.
“Esto es un llamado a la acción, un llamado a articularnos, a ser corresponsables en la transformación de la Colombia que queremos, donde quepamos todos y podamos tener primeras oportunidades”, concluyó Lina Arbeláez.
Cabe resaltar que, el ingreso de nuevos casos al SRPA presenta un descenso constante desde 2013. En el 2021, ingresaron 13.313 adolescentes y jóvenes al Sistema, la mayoría de los ingresos se presentaron por delitos contra el patrimonio económico y relacionados con el tráfico o porte de estupefacientes.