Habitar tras el destierro: Nuevos hábitats en el Putumayo, Colombia

ArchDaily

Escrito por Jheisson Joseph Lasso Imbachi

Este artículo de Jheisson Joseph Lasso Imbachi fue publicado originalmente con el título «Habitar tras el destierro: Desplazamiento forzado y retorno como configurador de nuevos hábitats en el Putumayo» en el número 30° de la revista Dearq el 01 de mayo de 2021 (DOI: https://doi.org/10.18389/dearq30.2021.05).

Explora los procesos migratorios en el sur del país, consecuencia de las economías extractivas que han determinado la organización territorial y ocasionado destierros, desplazamientos forzados y dos fenómenos menos atendidos: el establecimiento y la permanencia de la población en un territorio de acogida y el retorno a su lugar de origen. Con este propósito, se estudiaron, analizaron e interpretaron fuentes documentales y testimoniales que permiten la aproximación directa a la comunidad desplazada por la violencia, a fin de analizar las diversas formas de habitar tras el desplazamiento y cerrar con algunas consideraciones para futuras propuestas de vivienda rural, de fácil acceso a población víctima.

A continuación, lo presentamos como parte de una colaboración conjunta para contribuir a la difusión de investigaciones, análisis y opiniones que la comunidad académica nacional e internacional elabora sobre la arquitectura, los temas de la ciudad y las áreas relacionadas.

Los procesos migratorios en el sur colombiano han trascendido en el tiempo y las fronteras políticas; el desplazamiento forzado es un fenómeno atemporal que sigue establecido en el mundo y, particularmente, en Colombia. Las pasadas cinco décadas de conflicto armado en el país han dejado más de 7,7 millones de desplazados; tan solo en el 2018 la cifra fue de 30.517 personas desplazadas, sin contar la población migrante venezolana que, en cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), en el 2019 sumaba más 1,2 millones. [1]

En la primera década del siglo XXI, la población víctima del conflicto armado, generalmente, se ha desplazado y permanece en ciudades principales, y ello ha dado paso a precarios hábitats urbanos, desarticulados ambientalmente con el resto del territorio. Sin embargo, otro hecho menos frecuente y menos documentado ha sido el retorno de esta población víctima a sus lugares de origen, en el que los procesos de restitución de tierras y reparación a las víctimas han representado un papel importante. La Ley 1448 de 2011,[2] llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, abrió una puerta para el acompañamiento a la población víctima y su acceso a la reparación, por los hechos victimizantes.

Estos procesos de restitución y retorno, no necesariamente están enfocados en que las familias retornen a su territorio de origen; de hecho, los acompañamientos también son realizados a comunidades que se han establecido en terrenos invadidos (públicos o particulares), lo cual constituye una tendencia mayor, que el retorno a los lugares de origen. El retorno al lugar del hecho victimizante es menor, dado que la mayor parte de la población desplazada se encuentra en ciudades principales e intermedias, donde encuentran, comparativamente, mejores servicios básicos, así como un mejor acceso a programas de reinserción social y, relativamente, mejores ingresos. A esto se suma que retornar a territorios de origen se ve condicionado por la capacidad del Estado de brindar seguridad a la población; es decir, si la población víctima se reconoce como población no amenazada, procede a su retorno, aunque esto no implica, precisamente, a su vivienda de origen, dado que, en la mayoría de casos, lo hacen a otras viviendas y, con ello, a diversas formas de habitar y ocupar un territorio ajeno a su regreso.

El análisis de los dos fenómenos, tanto el establecerse como el retornar, determinan que, tras el destierro, son originadas diversas formas de habitar que, después de la violencia y el destierro, confluyen en la resiliencia y arraigos a nuevos territorios, los cuales son adaptados a las necesidades vitales. Esta adaptación de los territorios y viviendas constituye una dificultad para la calidad de vida de la población rural, que visibiliza la necesidad de plantear estrategias y lineamientos que orienten la formulación de políticas públicas encaminadas al diseño de prototipos y acceso a vivienda digna de la población víctima y vulnerable en la zona rural del país.

Este artículo se centra en identificar las situaciones del espacio físico que ocupa la población víctima del conflicto, una vez se establece en un territorio, tras el desplazamiento y el retorno, haciendo un recorrido por los distintos procesos migratorios que existen en el Putumayo (Colombia), a fin de brindar una aproximación a las nuevas formas de habitar presentes cuando termina el desplazamiento, en ocasiones en los lugares donde se establecen, así como cuando retornan al lugar de origen. Las situaciones expuestas permiten determinar pautas o directrices para futuras propuestas de vivienda rural, vivienda de interés social y prioritario, de fácil acceso a población víctima y vulnerable.

Metodología

Inicialmente, con el fin de aproximarse a las fuentes testimoniales y contrastar las fuentes documentales recopiladas, se recurrió a la observación directa, que permite ver, escuchar, palpar y vivenciar el contexto o el caso observado y, luego, narrar el hecho. Se hizo una participación moderada con la comunidad, mediante la elaboración de entrevistas abiertas e historias de vida, conversaciones, notas de campo y descripciones espaciales, junto con un registro fotográfico, con el fin de dar cuenta de las condiciones cambiantes de las situaciones de hábitat. La digitalización de los planos e imágenes permite la descripción, el análisis y la interpretación de los estudios de caso.

El tipo de investigación es de naturaleza deductiva, porque permite al investigador realizar inferencias, con base en las observaciones directas, con el propósito de describir las principales características de esta población, sin manipular la situación.

Destierro, desplazamiento y despojo

Los procesos migratorios en el sur del país han respondido a distintos factores ocurridos en una extensa escala de tiempo. Los desplazamientos más documentados fueron los ocurridos por la violencia del conflicto armado en la lucha por el control del territorio, a partir de los años ochenta, por parte de distintos grupos armados; pero también distintos sucesos de migración fueron producto de invasiones y despojos, entre ellos de los que fueron objeto las poblaciones originarias indígenas por parte de las compañías extractivas de caucho y quina y, posteriormente, la población colona, a causa de las compañías petroleras extranjeras, a partir de 1950. [3]

Documentar la historia de los procesos migratorios en Putumayo puede equivaler a escribir la historia misma del departamento y del sur del país. El piedemonte amazónico putumayense ha sido una región de distintas bonanzas y economías extractivas, como el caucho, la quina, las pieles exóticas, el petróleo, la madera y, la más lucrativa, la coca, que han hecho que, en distintas épocas, llegara población en busca de tierras y oportunidades. Adicionalmente, su posición estratégica de frontera hizo que desde inicios del siglo XX el Estado promoviera la colonización de ese territorio. Para ello, las misiones capuchinas en el departamento tuvieron como fin integrar los pueblos indígenas al resto del país, estableciendo colonias agrícolas y ganaderas que fomentaron la llegada de población colona de los departamentos cercanos de Nariño, Cauca y Huila. Con lo anterior y con la apertura de las principales carreteras como Pasto-Mocoa, en 1912, y Mocoa-Puerto Asís, construida en parte por el conflicto colombo-peruano, en 1932, detonaron que la población del centro del país se estableciera en los baldíos cercanos a las carreteras. [4]

Otro actor determinante en las configuraciones territoriales del sur del país fue la Texaco Company, con la exploración del llamado Distrito Sur Putumayo. A medida que la exploración petrolera continuaba, demandaba gran cantidad de mano de obra no calificada que fue suplida por población migrante del centro del país.[5]Estos colonos se establecieron próximos a las carreteras que la compañía construyó hacia la frontera, para conectar con los pozos que tenía en Ecuador.[6]

Aunque la industria petrolera protagonizó distintos episodios de disputas de tierras a indígenas y colonos, la explotación petrolera produjo una simbiosis entre una economía extractiva y una economía productiva, de la cual surgen los mayores desarrollos para la Amazonía suroccidental colombiana y en la consolidación del Putumayo como departamento fronterizo y conexión con el resto del continente. Este mismo hecho convirtió al departamento en un eje estratégico, primero, para la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC) y los cárteles del narcotráfico y, posteriormente, para las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que hacen presencia a partir de 1980, con la idea de ‘liberar’ el territorio de las FARC y lograrse el control del tráfico de la pasta base de coca, el eslabón más lucrativo de la economía del narcotráfico.

La presencia de grupos armados ilegales en zonas rurales del país sigue dejando consecuencias devastadoras. En el caso específico del Putumayo, los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica dejan constancia detallada de los hechos violentos que originan los procesos migratorios. Estos informes dan una vista real sobre cómo los sucesos del conflicto armado han configurado la realidad socioespacial y dejado en evidencia la crisis de la sociedad rural de Colombia.

 Figura 1. Vivienda abandonada en El Placer, Putumayo. Fuente: Germán Arenas Usme.. Image Cortesía de Revista Dearq
Figura 1. Vivienda abandonada en El Placer, Putumayo. Fuente: Germán Arenas Usme.. Image Cortesía de Revista Dearq

Vacíos tras el destierro: El Placer, Putumayo

El Placer es una inspección de Policía que se localiza a diez kilómetros de La Hormiga, cabecera municipal del Valle del Guamuez, Putumayo (fig. 1). Es amplia la documentación de la violencia y la crisis social que el conflicto armado ha generado en este lugar. Muchas de las referencias provienen de los habitantes que sobrevivieron y aún permanecen en el lugar; pero, igualmente, “muchos testimonios hoy, son tangibles y visibles en los vacíos físicos que dejó la violencia, haciendo eco de los testimonios olvidados en el silencio del tiempo”. [7]

La ubicación estratégica de este poblado lo constituyó rápidamente en un sitio en el que las FARC implantaron un centro de operaciones que controlaba la producción y distribución de la pasta base de coca. La incursión del cartel de Cali y, posteriormente, el cartel de Medellín y las AUC dio paso a la lucha por el control de este territorio y dejó algunos de los episodios más recordados en la memoria histórica del conflicto, como la masacre ocurrida en noviembre de 1999 por parte del Bloque Sur Putumayo de las AUC, cuando el territorio, momentáneamente, pasó a ser controlado por las AUC, que consolidaron una base paramilitar en ese poblado.

Los procesos migratorios, acrecentados en mayor medida por el abandono y el destierro, han configurado vacíos y discontinuidades en la trama urbana, aún presentes en los asentamientos del departamento. En el caso específico de El Placer, muchos habitantes fueron desterrados, obligados a dejar sus casas y pertenencias y marcharse. [8]

Las viviendas despojadas las usaron los grupos armados ilegales para atender distintas actividades como alojamiento, torturas, violaciones, así como para el centro de control y distribución de sustancias ilícitas. Tiempo después, y tras los continuos enfrentamientos, estas casas fueron expoliadas con tal de extraer las puertas, las ventanas o los techos, en ocasiones por personas que buscaban encontrar dinero o joyas escondidas. Algunas de las viviendas fueron prestadas por sus dueños desterrados a otras familias, con tal de mantenerlas conservadas; sin embargo, otras no se han ocupado, en gran parte por la superstición de ‘ver’ o ‘escuchar’ los sucesos violentos ocurridos. Actualmente, muchas continúan desmanteladas, como testigos de la bonanza, ascenso y decadencia del narcotráfico. El hecho de que no fuesen ocupadas de nuevo llevó a su deterioro y constituyó una discontinuidad en los centros poblados golpeados por la violencia.

Asentamientos espontáneos tras el destierro

Las ciudades intermedias del Putumayo y de otros departamentos de Colombia han sido ciudades receptoras de población víctima, con urgencias reales de establecer un nuevo lugar donde vivir. En este escenario, al factor social se le ha sumado el agravante de que estas ciudades cuentan con menor capacidad para gestionar de modo adecuado los asentamientos de esta nueva población, formada en su mayoría, por familias de bajos recursos.

Estos asentamientos irregulares, por lo general fuera del perímetro de los servicios de la ciudad, se han ido consolidando y, con el tiempo, los gobiernos locales han ajustado las infraestructuras de los servicios, supliendo las necesidades y mejorando el hábitat precario de estas poblaciones; no obstante, muchos de estos nuevos barrios se establecieron en zonas de riesgo de desastres: laderas y riveras de ríos, las cuales no se han tenido en cuenta en el momento de integrarlas en el diseño e implementación de las políticas de planificación urbana y de ordenamiento del suelo, lo que ha dejado casos fatales, como el ocurrido en la Avenida Torrencial de Mocoa, capital de Putumayo, en 2017, o las inundaciones en la ribera del río Caquetá, en Puerto Guzmán, Putumayo, que amenazan a la población víctima del barrio Jairo Casanova, población que actualmente se encuentra ejecutando su plan de reubicación y retorno.

Asentamientos como Jairo Casanova, en Puerto Guzmán, o Nueva Esperanza, en Mocoa, han sido resultado de invasiones a terrenos estatales, con viviendas realizadas por autoconstrucción que usaron materiales transitorios como lonas plásticas, maderas, mallas, láminas metálicas y que se ubicaron en terrenos inestables o inundables que carecen de servicios básicos. El desconocimiento técnico en el uso de materiales o en los sistemas de construcción y la mala calidad de los materiales, sumados a las limitaciones económicas de esa población, aumentan la vulnerabilidad y el proceso destructivo de las instalaciones frente a cualquier desastre. Mocoa tiene 45.589 habitantes y más del 50 % de ellos es población víctima, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. [9]

Dado que Mocoa se ha caracterizado como una ciudad receptora de población víctima, muchas familias —como las 40 del 2001— han buscado nuevos terrenos donde establecerse, como es el caso de la comunidad de Nueva Esperanza, la cual fue resultado de una invasión a terrenos del Instituto de Promoción de Soluciones Energéticas, después de llegar desplazados de otras regiones de Putumayo, Cauca y Caquetá. El asentamiento cuenta con una zona de viviendas y equipamientos, así como una zona productiva para cultivos y sostenimiento de cada familia (fig. 2).

Figura 2. Aerofotografía del asentamiento Nueva Esperanza, donde se visibiliza al norte, el área de viviendas, y hacia el sur, la zona productiva. Fuente: elaboración propia a partir de la imagen de Google Earth y el Mapa del Sistema Nacional Catastral, Geoportal IGAC.. Image Cortesía de Revista Dearq
Figura 2. Aerofotografía del asentamiento Nueva Esperanza, donde se visibiliza al norte, el área de viviendas, y hacia el sur, la zona productiva. Fuente: elaboración propia a partir de la imagen de Google Earth y el Mapa del Sistema Nacional Catastral, Geoportal IGAC.. Image Cortesía de Revista Dearq

El impacto del desplazamiento [10] en Colombia ha causado que tanto el Estado como las organizaciones no gubernamentales acudan a resarcir los derechos de la comunidad víctima. En el caso de Nueva Esperanza, el asentamiento ha pasado por distintas etapas, entre ellas lograr el reconocimiento de su posición en el territorio para, posteriormente, conformar la asociación de víctimas que les permitió acceder al apoyo de entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales. Con el apoyo de entidades como la Acnur, este y otros asentamientos vecinos en iguales condiciones han podido conformar el plan de retorno y reubicación para la consecución de infraestructura educativa y comunitaria, al igual que el acceso a servicios públicos y, primordialmente, conseguir la legalización de sus predios. De esta manera, y gracias a la gestión interinstitucional, el proceso de legalización y titulación de predios para Nueva Esperanza culminó dieciséis años después de ocupar las tierras, en 2017, cuando sus habitantes recibieron los títulos que los acreditaban como dueños: 266 títulos de propiedad, siendo la primera titulación de predios rurales en el Putumayo. [11]

Este caso de restitución de predios no implicó el retorno al lugar de origen, sino permanecer legalmente en el lugar que los acogió después del desplazamiento. Es importante resaltar que estos procesos de restitución son posibles gracias a los acompañamientos de organizaciones como Acnur, Opción Legal, Unidad de Víctimas, Alcaldía municipal, entre otras, que coordinan sus acciones; pero, fundamentalmente, la estructuración de la comunidad es vital para lograr un acceso real a la exigibilidad de derechos. [12]

Habitar el retorno

El análisis del siguiente caso expone la tendencia de habitar un territorio rural por parte de la población víctima, una vez que retorna a su territorio de origen; permite entrever las dificultades antes del retorno, durante y después, exponiendo las dinámicas familiares que configuran las nuevas formas de habitar, lo que deja en evidencia la problemática de la vivienda rural y los vacíos en los prototipos de vivienda, así como la dificultad para acceder a estos.

Este caso refiere las vivencias de la familia Gómez que durante diez años se enfrentó al destierro y al desplazamiento forzado para, posteriormente, retornar a su lugar de origen en una vivienda que se transformó acorde a su nuevo modo de vida. La familia, inicialmente, adquirió su vivienda a través del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, en 1998, año en el que iniciaron los mayores enfrentamientos por el control del territorio. Muchas familias como la de este caso se acoplaron y convivieron con la situación; no obstante, las presiones ejercidas a los líderes sociales agudizaron, y este fue el caso de la familia Gómez, en la cual el padre de familia era un líder social, lo que profundizó las diferencias con los dirigentes de las fuerzas paramilitares y ocasionó el destierro que llevó a la familia, de seis integrantes, a desplazarse al departamento de Nariño, en el 2000.

En el momento del desplazamiento, la vivienda y pertenencias quedaron abandonadas; en consecuencia, al retorno, ocho años después, la familia no contaba con una vivienda ni con un terreno propio, por lo que su asentamiento se dio en una vivienda prestada que en 2018 lograron adquirir, gracias a recursos propios y a los subsidios del Programa de Restitución de Tierras de la Unidad para Atención y Reparación Integral de Víctimas (fig. 3).

Figura 3. Línea de tiempo con los sucesos de desplazamiento y retorno de la familia y sus repercusiones en la transformación de la vivienda. Fuente: elaboración propia.. Image Cortesía de Revista Dearq
Figura 3. Línea de tiempo con los sucesos de desplazamiento y retorno de la familia y sus repercusiones en la transformación de la vivienda. Fuente: elaboración propia.. Image Cortesía de Revista Dearq

Análisis físico-espacial de la vivienda original

La vivienda parte de un esquema conformado por tres franjas; dos de ellas, de habitaciones separadas por una franja central, que cumple el papel articulador y social de la vivienda, la cual es construida siguiendo un esquema tradicional de la región, en el que se utiliza el porche no solo al frente de la casa, sino que se extiende también al interior, en la parte central; a su vez, este espacio relaciona el interior y el exterior de la vivienda. En esta zona se desarrolla la vida social de la familia, en la que localizan los muebles de la sala, un comedor y zona de hamacas. Las dos franjas restantes conforman las habitaciones, que son dejadas como salones abiertos para que sus habitantes las dispongan según los miembros de la familia (figs. 4-7).

Figura 4. Vivienda original. Fuente: elaboración propia.. Image Cortesía de Revista Dearq
Figura 4. Vivienda original. Fuente: elaboración propia.. Image Cortesía de Revista Dearq

La vivienda después del retorno: adaptación a nuevas formas de vida familiar

La evolución de la vivienda rural, como el caso presentado, no es un hecho aislado y constituye un fenómeno extendido en la zona rural del Putumayo. [13] Así, es posible observar dos tipos generales de transformaciones: unas internas y otras externas, donde las primeras responden a pequeñas remodelaciones, mantenimientos y adecuaciones en materiales flexibles, como madera o textiles, para dividir espacios, crear una nueva habitación o una zona de trabajo.

Figura 5. Ampliación del porche y construcción de la cocina. Fuente: elaboración propia. . Image Cortesía de Revista Dearq
Figura 5. Ampliación del porche y construcción de la cocina. Fuente: elaboración propia. . Image Cortesía de Revista Dearq

Las transformaciones externas son hechas en distintos aspectos. Como primer paso, se busca ganar espacios para la vivienda y, como tal, se crea un nuevo porche en el frente. Sin embargo, las transformaciones externas más particulares son los espacios adosados a la vivienda original, lo que visualiza la necesidad de mayor densidad, producto del tiempo, conforme a las dinámicas de la familia: los hijos crecen y conforman nuevos núcleos familiares, que habitan próximos a la vivienda de los padres, debido a la imposibilidad económica de acceder a terrenos propios. Estas nuevas habitaciones aprovechan la estructura de la casa original, donde los muros de cerramiento pasan a ser muros divisorios entre las viviendas.

Las transformaciones morfológicas de las viviendas también son hechas por etapas: una primera construcción adosada se hace en estructura y cerramiento de madera con techo metálico de zinc, a fin de delimitar y establecer rápidamente una habitación. Con el tiempo, la estructura de madera se remplaza por una construcción en columnas de concreto reforzado y cerramiento en bloque o ladrillo; los materiales de la cubierta permanecen en teja de zinc y, pocas veces, se hace la transición hacia teja de fibrocemento. Es característico que las nuevas viviendas adosadas establezcan con el tiempo un lenguaje similar a las viviendas originales, tanto en materialidad como en continuidad de colores y acabados; no obstante,en la mayoría de los casos, la vivienda original sigue siendo reconocible. De esta manera, pasa a ser una vivienda base, donde convergen un núcleo familiar y nuevas personas que integran la familia.

Figura 6. Construcción de vivienda adosada permanente, provisional. Fuente: elaboración propia.. Image Cortesía de Revista Dearq
Figura 6. Construcción de vivienda adosada permanente, provisional. Fuente: elaboración propia.. Image Cortesía de Revista Dearq

El caso de la familia Gómez no es un caso aislado, sino una constante en las familias que retornan o se establecen en un territorio, después de un hecho victimizante. Generalmente, las viviendas rurales sufren de constantes transformaciones; pero, en el caso de una familia que retorna, el hecho toma más notoriedad, dado que la vivienda base se constituye en un núcleo en el que orbita el resto del núcleo familiar que ha retornado: los miembros anteriores, que eran seis cuando sufrieron el desplazamiento, y los nuevos, para un total de nueve personas. Esto podría deberse a un comportamiento en el que (según testimonio de los mismos integrantes de la familia) no se ven capaces de establecerse en otro lugar, dejando a sus familiares con quienes sufrieron el hecho victimizante y, sumando a ello, su incapacidad económica para acceder a terrenos y viviendas propias (fig. 8).

Con lo anterior, quedaron visibilizadas las transformaciones de la vivienda al habitar tras el destierro. Aspectos como la flexibilidad, la adaptabilidad y el crecimiento en el tiempo deben tomarse en cuenta en los prototipos de vivienda que le presenten a la población víctima y rural. Estas particularidades se han planteado en distintos estudios de vivienda urbana, en los cuales se han establecido hipótesis y caminos para nuevas unidades; sin embargo, en el caso de la vivienda rural, los estudios han sido mínimos y, en general, hace falta un enfoque claro para el desarrollo de vivienda rural nacional. Actualmente, los prototipos de vivienda rural instaurados por el Estado están centrados en resolver la necesidad básica de acceso a vivienda y, con unas pautas básicas, intentan resolver su construcción en cualquier zona del país.

En Colombia, algunos concursos públicos han explorado estas posibilidades; entre ellos, el realizado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos en el 2019, para un prototipo de vivienda rural productiva para la zona sur de Bogotá, el cual dejó entre sus resultados propuestas tangibles que demuestran el interés por plantear y aportar soluciones reales a la problemática de la vivienda rural. Así mismo, estas propuestas optimizadas a una región y un usuario han visibilizado que un solo prototipo sería insuficiente y no abarcaría completamente la variada geografía, cultura y sociedad del territorio colombiano.

Por tanto, ha quedado en evidencia la necesidad de que la academia continúe estudiando las posibilidades de la vivienda rural, a fin de determinar sus particularidades físicas, espaciales y socioeconómicas, en aras de integrar los conocimientos de adaptación al lugar de las comunidades con una retroalimentación técnica, para incentivar políticas públicas que permitan acceder a viviendas rurales de interés social a la población víctima y vulnerable de las zonas del conflicto en Colombia.

Figura 7. Construcción de vivienda adosada permanente, provisional con nueva unidad sanitaria. Fuente: elaboración propia.. Image Cortesía de Revista Dearq
Figura 7. Construcción de vivienda adosada permanente, provisional con nueva unidad sanitaria. Fuente: elaboración propia.. Image Cortesía de Revista Dearq

Conclusiones

Aunque han pasado dos décadas del inclemente conflicto armado en el Putumayo, los habitantes aún no se recuperan de las secuelas causadas. La resiliencia y actitud de silencio han sido forjadores de nuevos inicios y arraigos en medio del conflicto armado.[14]Después de la relativa calma que trajeron los acuerdos de paz, poblaciones como El Placer viven una nueva ola de violencia y las configuraciones territoriales han vuelto a responder a dinámicas planteadas por la economía de los cultivos ilícitos, lo que también conlleva una migración espontánea de la población urbana a zonas rurales apartadas, con el fin de cultivar la hoja de coca, y conforma así hábitats provisionales con servicios precarios o construcciones adosadas que aumentan la densidad de viviendas existentes.

Los avances en la consecución de títulos de propiedad para asentamientos como Nueva Esperanza han abierto el camino para una reparación integral, colectiva, eficiente y visible a las comunidades víctimas del resto del país. La legalización de predios avanza en el Putumayo y revela la incidencia de entidades internacionales en los territorios afectados por la violencia, y con ello han demostrado que el empoderamiento de las propias comunidades es fundamental para la consecución de derechos y la integración digna de la comunidad desplazada a las nuevas realidades de los territorios que habitan.

Figura 8. Estado actual de la vivienda. Fuente: elaboración propia.. Image Cortesía de Revista Dearq
Figura 8. Estado actual de la vivienda. Fuente: elaboración propia.. Image Cortesía de Revista Dearq

La creación de espacios adosados a una vivienda existente no es exclusiva de la zona rural del sur del país; este hecho es similar a las transformaciones morfológicas de las viviendas urbanas. Esta búsqueda de densidad en las viviendas, ya sea en altura o en ocupación completa del lote, acrecienta las dificultades y vulnerabilidad de la población, tanto víctima como receptora. Si bien en el ámbito rural este fenómeno es similar, aunque no se reconoce como un problema (debido a un mayor espacio en la parcela), el caso estudiado se ubica próximo a centros poblados y, con el tiempo, formará parte de barrios periféricos, sin establecer un contacto adecuado con la ciudad.

Aunque los planes y programas del Gobierno apuntan a establecer pautas para la construcción de la vivienda rural, es evidente que los prototipos no dan una respuesta arquitectónica apropiada en su totalidad al lugar. De la misma forma, la ruta de las políticas públicas que permiten acceder a viviendas rurales de interés social no es clara y, en ocasiones, inexistente para la mayoría de población rural víctima y vulnerable. Por lo tanto, es necesario el análisis de las viviendas actuales y de las formas de vida para obtener las pautas para posteriores diseños de viviendas adaptadas y conscientes a los distintos factores de las regiones del país, que confluyan en hábitats de calidad, derivados de una condición histórica y poética de la vivienda rural eficiente y accesible.

Bibliografía

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Notas

[1] Rolón Salazar, “Hay más víctimas de desplazamiento forzado”.

[2] Ley 1448 de 2011.

[3] En 1904, la sociedad cauchera que fundó la compañía Casa Arana obtuvo la titulación de más de cinco millones de hectáreas cuadradas, ubicadas en las dos márgenes del río Putumayo. La titulación realizada por el Ministerio de Fomento peruano en 1922 violaba la concesión de tierras en Perú y Colombia. La explotación cauchera necesitó de la mano de obra indígena, lo que originó el desplazamiento y esclavitud de las poblaciones originarias en una amplia región de la Amazonía.

[4] La explotación cauchera y la deficiente presencia del Estado colombiano originaron el conflicto colombo-peruano de finales de 1932, que buscaba retomar el control de los territorios despojados por comerciantes peruanos apoyados por las autoridades de su país. El resultado del conflicto llevó al establecimiento de las fronteras con Perú, Ecuador y Brasil. El final de la guerra conllevó que muchos soldados se establecieran en los poblados nacientes del Putumayo.

[5] CNMH, Petróleo, coca, despojo territorial, 102-107.

[6] Mendoza, Historia de una epopeya.

[7] CNMH, Petróleo, coca, despojo territorial, 30.

[8] Capítulo IV, “Los impactos y los daños causados por el conflicto armado en Colombia”, en Culma, “La presencia de las AUC en Putumayo”.

[9] Ficha de caracterización Ciudad Capital elaborado el 5 de junio de 2019. https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/1205912/2017_04_27_Mocoa.pdf/40b6071d-af3a-4128-886d-a64daf22c48

[10] La Corte Constitucional, a través del Auto 373 de 2016, ordenó al Estado “una mayor presencia en los asentamientos, a través de: a) la identificación de los mismos; b) su inclusión en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), para reconocer sus vulnerabilidad y necesidades; c) el desarrollo de reubicaciones con plenas garantías en casos en los que estos asentamientos se encuentren en zonas de riesgo; y d) la garantía de servicios públicos básicos o un mínimo de sociales, económicos y culturales a la población allí asentada, especialmente, en lo concerniente a la seguridad jurídica sobre los predios y bienes que han venido siendo objeto de posesión y ocupación”.

[11] Ávila, “De desplazados a propietarios en Putumayo”.

[12] UNHCR, “Colombia: Displaced Community”.

[13] De acuerdo con Digiacomo y Palermo Szücsen “Flexibilidad: requisito fundamental en el proyecto de habitación de interés social”los problemas de la vivienda social derivan de un desconocimiento del usuario y sus necesidades futuras, sumados a la estandarización de las viviendas, debido a la reducción de los costos de producción. Ello resulta en viviendas inadecuadas que generan modificaciones realizadas por los habitantes, que producen efectos negativos como la densificación del hábitat existente y la desarticulación espacial de la vivienda con la ciudad o su contexto cercano.“Es un hecho, que los habitantes de una vivienda la transforman, para adaptarla a sus necesidades” (236).

[14] Cancimance López, Echar raíces en medio del conflicto armado, 90.