Una nueva negativa para reabrir la cárcel “Las Mercedes”, petición que le hicieron otra vez los mandatarios del Departamento Buanerges Rosero y el alcalde Jhon Jairo Imbachí, ante el nuevo amotinamiento de 82 presos que están en un lugar inadecuado, recibieron los dos gobernantes por parte del General Marino Botero Coy, Director Nacional del INPEC.
Después del que ya es el cuarto motín registrado en el centro de reclusión transitorio del barrio San Agustín, donde la Policía tuvo que intervenir para evitar fuga de presos, las autoridades locales inspeccionaron las antiguas instalaciones de la cárcel cerrada tras la tragedia del 31 de marzo de 2017, y al observar que cumplen las condiciones para reabrir el penal, el director penitenciario, les negó esa posibilidad de resolver en definitiva la situación de 70 hombres y 12 mujeres que permanecen recluidas, en la llamada ‘carceleta’ sin ser aún condenados.
La postura del General del INPEC,, es vista por las familias de los presos como “egoista” que no se compadece con la situación de la población carcelaria del Putumayo, ahonda el incumplimiento a una Acción de Tutela que en favor de los internos interpuso ante de Tribunal de lo Contencioso (Nariño Putumayo), en meses pasados el Defensor Regional del Pueblo, Jhon Harold Ordoñez Gaviria, y cuyo fallo en segunda instancia ordena 3 días de arresto contra el Gobernador Rosero, el alcalde Imbachí y el funcionario del Instituto Nacional Penitenciario el General Botero.
A finales año pasado (2020) en una visita a Mocoa el Ministro de Justicia Wilson Ruiz, se comprometió para noviembre de (2021) en reabrir la cárcel ante los avances en las obras de mitigación en el Río Sangoyaco, pero su anunciada gestión, se convirtió en otras de las tantas mentiras gubernamentales.
Según críticos, con la decisión no explicada por Botero Coy, “se lleva en los cachos”, al Gonernador y al alcalde. Los tres deberán pagar los tres días de arresto y cancelar 3 días salarios, cuando la Rama Judicial en enero, regrese de la vacancia judicial.
A los familiares de los más de 820 internos que fueron desarraigados por orden del INPEC, tras la avalancha, nos les queda sino medidas de hecho para obligar a solucionar la precaria situación de los reclusos de Mocoa y el inicio de las obras de la nueva cárcel, también retrasadas.
De esta ‘palera’ de responsabilidad tampoco se salva el director de Corpoamazonia, Alexander Mejía Bustos y su equipo, pues la lentitud en los conceptos para evaluar las obras de reconstrucción y mitigación del riesgo del penal, tampoco ha contribuido a la toma de decisiones del Minjusticia y el INPEC, en aras de reabrir el centro penitenciario.