ElPais –
Tan largo como complicado ha sido el camino transitado para que las llamadas 16 curules de la paz se hicieran realidad. Con la rúbrica presidencial dejando en firme las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz se da paso al capítulo final: las elecciones en marzo del próximo año para conocer quiénes ocuparán estos asientos en la Cámara de Representantes.
Las 16 curules, que se concertaron en el punto 2.3.6 del acuerdo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Farc, tardaron más en implementarse que las 10 curules asignadas a los excombatientes que actualmente conforman el partido político Comunes.
Las circunscripciones están conformadas por municipios de territorios como Cauca, Arauca, Norte de Santander, Caquetá, Huila, Chocó, Meta, Bolívar, Nariño, Putumayo, Cesar, Córdoba, Tolima y Antioquia.
Estas curules tienen el fin de brindarles a las víctimas la oportunidad de participar en el mundo político como retribución a las situaciones que vivieron durante años. En la Cámara participarán los habitantes de las zonas más impactadas y golpeadas por la violencia y el conflicto.
Bajo este panorama, el analista político Carlos Andrés Arias considera que actualmente es complejo y difícil que algún excombatiente de las Farc pueda acceder a las curules que están destinadas únicamente para las víctimas, pero alertó que miembros de casas políticas en las diversas regiones podrían incidir.
“Veo una oportunidad para miembros de casas políticas, que en las regiones que ostentan el estatus de víctimas, pueden hacer campaña para llegar a esas curules. Aunque por otro lado quienes son víctimas están acreditadas en la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas”, declaró.
En sentido similar, el senador Jorge Enrique Robledo, aunque satisfecho por la firma del decreto, dejó en claro su temor porque estos asientos en la Cámara queden en manos de la politiquería colombiana.
“La fórmula legal es muy amplia, falta ver si esto se va a simplificar y evaluar para ver qué terminará pasando. Hay víctimas de todos los orígenes, pero a mí no me preocupa tanto en las manos que queden la curules, me preocupa es el tipo de visiones que tienen quienes ocupen estos cargos, que no tengan una visión progresista”, le dijo Robledo a Colprensa.
Cabe precisar, no obstante, que el decreto regula que los candidatos no podrán ser representados por los partidos o grupos políticos tradicionales. Tampoco deben tener historial político electoral o haber ocupado cargos públicos en años anteriores, por lo que se delimita que los aspirantes deberán postularse por medio de grupos o movimientos ciudadanos que no tengan personería jurídica.
También le restringe la postulación a quienes hayan participado de un proceso de desmovilización entre el primero de diciembre de 1996 y el primero de diciembre de 2016. Esta vigilancia será ejercida por el Consejo Nacional Electoral, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, (Coda), serán las entidades encargadas de verificar las bases de datos con el fin de evaluar quiénes son los inscritos a las circunscripciones.
En el caso que los elegidos a ocupar las curules incumplan las normas acordadas en el decreto les serán interpuestas sanciones y la pérdida del escaño. En este caso, no habrá reemplazo. Como tampoco lo habrá para quienes renuncien al mismo.
Sobre este particular, el precandidato presidencial Sergio Fajardo, expuso que no se debe dejar de lado la vigilancia que se le debe hacer a quienes ocupen estos asientos, reconociendo el clientelismo y la corrupción que rodean las campañas electorales.
“Las elecciones (para estas curules) deben ser garantes de transparencia y legalidad, y que permitan por primera vez en Colombia tener en el Legislativo una representación y una voz”, dijo el exsenador Juan Fernando Cristo al tiempo que opinó que el Gobierno básicamente se vio obligado a aprobarlas “ya que nunca fueron partidarios de que las mismas se dieran”.
Y es que el camino para llegar hasta este punto recorrió varias instancias. Una de las fechas clave es el 9 de noviembre de 2017 cuando la Cámara aprobó en el último de los ocho debates el proyecto que hasta ese momento le daba vida a las curules.
Pero el 30 de noviembre del mismo año el Senado hizo su votación. 50 senadores dijeron sí, pero en su momento se dijo que eran mínimo 51.
Roy Barreras, explicó que el proyecto sí había sido aprobado toda vez que debían hacerse cuenta sobre 99 senadores y no sobre el pleno de 102 ya que había tres sillas vacías. Bajo esa lógica, 50 era una mayoría absoluta y que las curules debían aprobarse.
Así las cosas, Roy interpuso una tutela que hizo tránsito en la Corte Constitucional. El alto tribunal le dio la razón al senador y ordenó reavivar el acto legislativo. Surtidos los trámites de rigor, Iván Duque, como presidente de la República, estampó su firma y así lo anunció desde Cúcuta.
Por todo este recorrido, Juan Manuel Galán, precandidato a la Presidencia, describió la aprobación como una lucha incansable y de insistencia que duró muchos años, reconociendo el papel de las víctimas.
“Las curules tienen que ser para las víctimas, estas mismas no pueden ser clasificadas según el victimario, todas deben tener su representación y garantías sin ningún distingo”, manifestó Galán.
La semana pasada, en la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1821, Duque anunció que entró en vigencia el decreto que garantiza las curules para las víctimas.
Quiénes pueden acceder a las curules
El Gobierno ha sido claro en que las curules de paz únicamente serán para las víctimas del conflicto y no para los partidos políticos tradicionales.
El presidente Duque manifestó la semana anterior que “las víctimas que han sido flageladas por la violencia merecen tener voz y voto en las deliberaciones del Congreso”
La reglamentación indica que pueden aspirar a un escaño los nacidos o quienes hubiesen habitado durante los recientes tres años, en las zonas de las circunscripciones de paz.
En caso de que una persona desplazada por la violencia quiera aplicar, podrá hacerlo únicamente si demuestra que está en proceso de retorno al territorio.