La disparada de la deforestación obligó a crear una fiscalía especial

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Con la Unidad contra la Deforestación, la Fiscalía busca judicializar con mayor efectividad los delitos ambientales, que en 2020 dejaron 171.685 hectáreas deforestadas. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

EE.UU. la asesorará y estará en Guaviare; procesará 17 delitos. Solo en 2020 hubo 38.265 nuevas hectáreas deforestadas.

La deforestación y otros 16 delitos ambientales consagrados en la Ley 2111 de este año van a tener su propia oficina dentro de la Fiscalía para investigar y judicializar, con mayor efectividad, a quienes incurran en estas prácticas ilegales, que tan solo en 2020 dejaron 38.265 nuevas hectáreas deforestadas.

Así lo confirmó el fiscal general Francisco Barbosa, quien aclaró que la dependencia va a contar con la asesoría de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Ambas partes firmaron el memorando de entendimiento que las compromete a poner en pie la llamada Unidad contra la Deforestación, la cual fue pensada para reforzar la judicialización de cada caso.

EL COLOMBIANO conoció que la Fiscalía lleva procesos en diferentes seccionales del país por cada uno de los 17 delitos ambientales, cosa que ha hecho que les sea difícil agruparlos y consolidarlos en un listado en específico.

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Por eso, de acuerdo a Lina Muñoz Ávila, directora de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, que llegue una nueva dependencia es un alivio para poder atender la cantidad de casos que tiene en su poder la Fiscalía, “ya que desde hace tiempo se viene criticando a Colombia porque había falta de capacidad y lagunas legislativas”.

Una de las actividades que urge atender es la deforestación, la cual desde que se firmó la Ley –el pasado 29 de julio– da hasta 12 años de prisión a quien tale, queme, corte o destruya al menos una hectárea de bosque natural.

Este delito, en su último año, a juicio de Ávila y otros expertos consultados por este diario, dejó grandes pérdidas. Y es que si bien las cifras en los primeros tres meses del año bajaron, según el Ideam, al cierre de 2020 la deforestación aumentó 8% respecto a 2019: se pasó de 158.894 hectáreas dañadas a 171.685, una superficie superior a la de ciudades como Medellín.

Los departamentos en los que más se cometió ese delito, según la entidad, son Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Antioquia. Por eso, Barbosa, quien lideró la firma del memorando con Estados Unidos, dijo que la sede de la nueva dependencia es San José del Guaviare.Un freno a la deforestación

Lawrence J. Sacks, representante de Usaid que puso la firma en el escrito por parte de esa entidad, aseguró que la intención del país norteamericano es “ponerle freno a la deforestación, y prevenir los crímenes ambientales como los cultivos ilícitos en parques”.

Y es que, precisamente, los Parques Nacionales Naturales (PNN), a pesar de ser áreas protegidas, han sido objeto de estos delitos. De hecho, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible encontró que cuatro parques han sido deforestados en gran medida en los últimos dos años. En el caso del PNN Tinigua, en La Macarena, Meta, este lleva cuatro años siendo el principal blanco de este crimen ambiental, según sus cifras, pues desde abril de 2020 a marzo de este año perdió 4.566 hectáreas de bosque que terminaron afectando los corredores hídricos.

¿Y las condenas? Si bien se han logrado judicializaciones, ese es uno de los puntos que Barbosa afirmó que va a mejorar. “Se reforzará el aparato institucional para judicializar delitos ambientales”, resaltó.

Para Cristian Zapata, experto en derecho ambiental, garantizar la judicialización es un punto a concretar, pero cree que esta no es la principal salida para evitar el problema, ya que crear oficinas y endurecer las penas no ha demostrado disminuciones.

Por su parte, la directora Ávila explicó que una de las tareas a emprender es la capacitación de fiscales en derecho ambiental, pues ese un vacío pese a que hay una ley en curso: “La ratificación del Acuerdo de Escazú promueve el fortalecimiento de capacitaciones a funcionarios de la rama judicial”. Esa es la tarea que, según ella, tiene pendiente el país, porque así se tendrá un escenario que blinde con mayor fuerza al medio ambiente.

Por ahora, aunque Barbosa fue enfático en que la Unidad estará ubicada en el Guaviare, añadió que la oficina será itinerante para trabajar desde más departamentos

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