IC – A medida que los precios del oro se han disparado, los grupos criminales que antes se dedicaban exclusivamente al tráfico de drogas y armas han incursionado en la minería ilegal.
La actividad se ha convertido en una de las economías criminales más lucrativas en Colombia. Mientras que poco menos de 30 gramos de oro costaban más de US$2.000 en agosto de 2020, la misma cantidad de cocaína se vendía por menos de US$1.250 en Miami. El oro no solo es más valioso que la cocaína, sino que además es más fácil de lavar e implica muchos menos riesgos que el tráfico de drogas.
La minería ilegal de oro ha sido una importante fuente de ingresos para los grupos armados no estatales en Colombia desde finales de la década de 1990, cuando el Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar de derecha comenzó a beneficiarse de la extracción del mineral en los departamentos de Bolívar y Antioquia.
Lo mismo hicieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que también se han involucrado en la minería ilegal en toda Colombia.
A principios de la década de 2000, bajo el primer mandato del presidente Álvaro Uribe (2002-2006), el gobierno presionó para que se otorgaran títulos mineros en todo el país, en lo que se conoció como “la locomotora minera”. El proyecto estaba dirigido a grandes conglomerados mineros multinacionales, a quienes se les otorgaban concesiones en áreas dominadas por GANE. Esto significaba que no podían operar libremente.
*InSight Crime se ha aliado con el Instituto Igarapé —un centro de pensamiento independiente ubicado en Brasil, que se dedica a temas actuales relacionados con el desarrollo, la seguridad y el clima—, con el fin de hacer una cartografía de los delitos ambientales en la cuenca Amazónica. Las otras partes de la investigación se publicarán durante el mes de septiembre. Lea todos los capítulos aquí.
A la par, la minería ilegal efectuada por estos mismos GANE tuvo un crecimiento explosivo, a menudo acompañado de violencia y destrucción ambiental. Desde entonces, la minería ilegal de oro ha seguido creciendo en todo el país.
Según la ONUDD, las operaciones de minería ilegal cubren más de 64.000 hectáreas de tierra en toda Colombia. De ellas, 37.138 hectáreas no cuentan con permisos. Las 27.589 restantes se encuentran en territorios de comunidades indígenas, en zonas en las que se han solicitado contratos mineros, o en zonas que aún están en proceso de convertirse en áreas de reserva especial para la minería. Dado que estas zonas aún están en proceso de aprobación para ser utilizadas para la minería, cualquier tipo de explotación allí es ilegal.
Hoy en día, la minería ilegal en la región Amazónica está dominada por GANE, compuestos en gran parte por disidentes de las antiguas FARC. El Frente Amazónico de las antiguas FARC, desmovilizado oficialmente en 2016, continúa con sus actividades de minería ilegal a lo largo de los ríos Caquetá y Vaupés, en alianza con el Frente 1°.
Militares ubicados en la ciudad de Leticia, en el departamento del Amazonas, revelaron que el Frente Amazónico de las antiguas FARC ejerce un gran control sobre las comunidades de estas zonas. Según los funcionarios, los disidentes ponen a los pobladores frente a dos difíciles opciones: ser reclutados como combatientes o convertirse en mineros ilegales.
En 2019, el departamento de Amazonas no reportó extracción de oro, mientras que en Putumayo se extrajeron 2.652 gramos del metal precioso. Ese mismo año, en Guainía se extrajeron unos 135.319 gramos de oro.
En 2020 se encontraron cerca de 100 sitios de minería ilegal de oro a lo largo de los ríos Caquetá, Putumayo y Cotuhé, según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), un consorcio de organizaciones de la sociedad civil que buscan promover la sostenibilidad en toda la Amazonía. A lo largo de estas fuentes hídricas, el mercurio utilizado para separar el oro de los sedimentos contamina las fuentes de agua y envenena la vida silvestre.
Además, las dragas degradan los suelos, que antes eran ricos en minerales, y causan la sedimentación de los ríos en toda la región. A pesar de los daños causados, la minería en la Amazonía colombiana está poco estudiada, y la mayoría de las investigaciones publicadas se centran en la conformación de esta actividad en otras partes del país, incluidos los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Santander y Bolívar.
Los tesoros de Colombia: cómo funciona la minería ilegal en la Amazonía colombiana
Las operaciones de minería ilegal que devastan la Amazonía colombiana se desarrollan en tres etapas principales: extracción, transporte y transformación/comercialización.
La extracción de minerales en la Amazonía colombiana no es homogénea y varía de un departamento a otro, e incluso de un sitio a otro. En 2019, El Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund – WWF) reveló que “la mayoría de las actividades mineras en la Amazonía colombiana se han centrado en la eliminación de sedimentos aluviales con dragas y mini dragas, con la excepción de la minería de vetas informal en elevaciones de baja altitud en el Escudo guayanés en el sur de Guainía y Vaupés».
Del mismo modo, en la región se extrae algo más que oro. El coltán, que se utiliza sobre todo para la fabricación de dispositivos electrónicos como teléfonos y baterías, también se extrae de los departamentos amazónicos de Colombia. Sin embargo, en la mayoría de los departamentos al oro se le presta mayor atención dado su alto valor.
El oro se extrae sobre todo de los lechos de los ríos. A diferencia de los departamentos de Antioquia y Chocó, la minería ilegal en la Amazonía colombiana no suele hacerse en tierra, sino casi exclusivamente en los ríos. Por lo tanto, las operaciones mineras de la región no están limitadas por las fronteras departamentales, ya que los mineros se mueven a lo largo de los ríos en búsqueda de oro.
La minería de oro en la Amazonía colombiana no se suele realizar con maquinaria pesada como las retroexcavadoras que se utilizan en otras partes del país, ya que estas requieren un terreno firme sobre el cual operar. En su lugar, se utilizan balsas hechas a mano. Los mineros se transportan en bases de madera flotantes y utilizan mangueras motorizadas para extraer cada día hasta 40 gramos de oro de los lechos de los ríos amazónicos.
Por su parte, las dragas (o mini dragas) remueven el limo y otros materiales de los lechos y las orillas de los ríos, en búsqueda de fragmentos del metal. Estas máquinas pueden atraer la atención de las autoridades más que las balsas, pero obtienen mayores cantidades del metal precioso.
Y los “dragones” son quizá las máquinas más importantes utilizadas para extraer oro. Se trata de dispositivos construidos sobre tablones de madera con plataformas de varios pisos, sobre los que se pueden ubicar dragas. Los dragones aumentan la cantidad total de oro que se puede extraer, causando una mayor degradación que la que se produce mediante el uso de una sola draga. Estos equipos han sido detectados en todo el departamento del Amazonas, y han sido utilizados para excavar varias fuentes hídricas, como los ríos Caquetá, Puré, Cahuinarí, Querarí, Putumayo y Cotuhé.
Luego de recopilar datos sobre casos de minería ilegal en cada uno de estos ríos, RAISG detectó la mayoría de los sitios a lo largo del río Caquetá en 2020. Según la organización, hay al menos 67 sitios de minería ilegal a lo largo del río Caquetá, que se extienden desde el extremo de la frontera de Colombia con Brasil en Amazonas, hasta los departamentos de Putumayo y Caquetá.
Cada punto de extracción suele tener entre una y ocho máquinas. Una balsa que aspira 40 gramos de oro por día puede acumular más de 14 kilogramos en un año, que producen entre US$150.000 y US$200.000 si se venden en el mercado local. Agentes del ejército afirman que los dragones utilizados en estos ríos son traídos principalmente de Brasil.
Según algunos informes, pueden tener “hasta tres pisos”. “Son balsas que miden seis veces el tamaño de una habitación [de aproximadamente cuatro por tres metros cuadrados] con varios pisos y docenas de mineros a bordo”, cuentan los funcionarios. En estas máquinas se usa mercurio para separar el oro de los sedimentos de los ríos, y así producir una amalgama que, después de ser usada, se vierte de nuevo al río.
Tras ser extraído, el mineral debe ser transportado. El oro ilegal suele ser contrabandeado a través del río Caquetá hasta Tefé en Brasil, una ruta que también se utiliza para traficar marihuana y cocaína.
Funcionarios militares asentados en la Amazonía colombiana dijeron que el río Caquetá se utiliza para mover marihuana desde el departamento del Cauca, al suroccidente del país. Agregan que la cocaína que sale de Putumayo es traficada a lo largo del río Putumayo. Explican además que la distancia existente entre el río Caquetá y la ciudad de Leticia, junto con la ausencia de rutas terrestres, llevan a que el oro ilegal sea sacado de la región Amazónica por vía aérea, lo que dificulta que las autoridades lo incauten en su trayectoria.
Este oro suele llegar a manos de las empresas exportadoras “legales”. En 2015, “el escándalo de Goldex S.A.”, uno de los mayores exportadores de metales de Colombia, fue acusado de lavar tanto oro de origen ilegal como lo que quizá eran ganancias del tráfico de drogas por valor de más de mil millones de dólares. Goldex reportó compras de oro hechas a proveedores supuestamente legítimos, que en realidad eran mineros artesanales registrados con nombres falsos, así como nombres de personas sin hogar o fallecidas. Goldex utilizó compañías fantasma para comprar oro ilegal y hacerlo pasar como si fuera de origen legal. De esta manera, Goldex exportó el metal precioso a mercados internacionales en Estados Unidos, Europa y el Medio Oriente.
De las redes criminales a las comunidades locales
Una gran cantidad de actores están involucrados en las operaciones de minería ilegal que extraen minerales de la Amazonía colombiana implacablemente. Los que obtienen las mayores ganancias generalmente nunca pisan suelo amazónico, sino que manejan las ventas de oro desde sus lujosas casas en los centros urbanos.
Los actores que participan en este comercio se pueden dividir en cuatro categorías principales, así como ocurre con la tala ilegal y la apropiación de tierras: redes criminales/empresarios, GANE, Mano de Obra y facilitadores/actores legales. El rol de los actores legales será explorado en la sección de corrupción.
Redes criminales/Emprendedores
Los principales actores que promueven la minería ilegal en la Amazonía colombiana hoy en día son los patrones, los emprendedores criminales y los líderes de las redes criminales. Tienen la capacidad financiera para comprar maquinaria de alto costo y suelen tener contacto con los grupos de seguridad nacional que operan en las áreas pertinentes.
En efecto, los patrones inician y dirigen las operaciones, coordinando a las empresas mineras ilícitas de principio a fin. Contratan mineros y operarios locales, supervisan el establecimiento de nuevas minas, trabajan con personas dedicadas a la minería de subsistencia para “legalizar” el oro ilegal y se asocian con los comerciantes internacionales para venderlo.
En lo que respecta a la minería ilegal en la Amazonía colombiana —especialmente la que se desarrolla en el río Caquetá y en los departamentos de Amazonas y Caquetá—, la mayoría de los patrones parecen ser de origen brasileño. La evidencia indica que utilizan principalmente a Tefé —ciudad brasileña fronteriza—como su base de operaciones.
Grupos armados no estatales (GANE)
Hoy en día, la minería ilegal se ha convertido en una importante fuente de ingresos para los GANE en Colombia, ya que el precio del oro se ha disparado. Además de que puede generar ganancias multimillonarias, la actividad también ha sido utilizada por esos grupos para lavar las ganancias de otras economías ilegales, como el tráfico de drogas.
La participación de estas organizaciones en la minería ilegal se remonta a la década de 1990, cuando los grupos paramilitares extorsionaban a los pequeños mineros y compraban minas. Como señaló WWF en 2019, “la infiltración de influencias criminales en las cadenas de producción de oro en la Amazonía es innegable; sin embargo, este es un hecho relativamente reciente (más o menos desde al año 2000) y aún se desconocen sus efectos reales”.
Los GANE participan sobre todo en la fase de extracción, momento en el que les cobran extorsiones a los pequeños mineros. Estos grupos les permiten a los mineros extraer oro de los ríos de la Amazonía siempre y cuando paguen los “impuestos”.
Según un agente del ejército en la ciudad de Leticia, Amazonas, los GANE cobran extorsiones por ingresar maquinaria, mercurio y gasolina a los sitios de minería ilegal. En algunos casos, los mineros pagan impuestos fijos solo para poder operar en un territorio controlado por un grupo específico. En otros casos, se añade un porcentaje a dicha tarifa fija por cada pieza de maquinaria que se introduce en el territorio. Estos impuestos pueden pagarse en oro, en lugar de efectivo.
Algunos GANE han mostrado un interés más directo en el oro que se encuentra en los ríos de la región, por lo que llevan a cabo sus propias operaciones mineras. Como informó WWF en 2019, “desde la década de 2000, los grupos armados ilegales como las FARC, el ELN y los paramilitares han adoptado la minería de oro como fuente de ingresos, complementando otras actividades ilegales como la extorsión y el tráfico de coca”. Entre esos grupos se encuentran el Frente 1 de las antiguas FARC y el Frente Amazónico.
Mano de obra
Los mineros o indígenas de la región ubicados cerca de los sitios mineros suelen ser contratados para extraer oro del lecho del río, a menudo trabajando en turnos de 12 horas. Ellos se ubican en la parte inferior de la cadena, reciben las recompensas financieras más bajas de la actividad y a menudo trabajan bajo extrema vigilancia de los GANE.
En algunos casos, los miembros de las comunidades locales firman acuerdos, ya sean voluntarios o bajo amenaza, con quienes orquestan y financian la minería ilegal en la Amazonía colombiana. Como WWF ha señalado, “los acuerdos voluntarios o coaccionados entre los propietarios de minas, normalmente de otras regiones, y las comunidades indígenas en el medio y bajo río Caquetá han dejado a las comunidades locales en un callejón sin salida frente a la expansión de la minería en sus tierras”. Esto a menudo conduce a divisiones en las comunidades, un hecho que se repite en otras partes de la Amazonía, incluso a lo largo de los ríos Putumayo y Cotuhé.
Los mineros locales y los pueblos indígenas involucrados en este comercio no representan una rivalidad frente a la capacidad militar y el poder de los GANE que operan en la región. Los mineros brasileños sobornan a los disidentes de las antiguas FARC en la Amazonía colombiana, a cambio de que los dejen operar en paz.
*InSight Crime se ha aliado con el Instituto Igarapé —un centro de pensamiento independiente ubicado en Brasil, que se dedica a temas actuales relacionados con el desarrollo, la seguridad y el clima—, con el fin de hacer una cartografía de los delitos ambientales en la cuenca Amazónica. Las otras partes de la investigación se publicarán durante el mes de septiembre. Lea todos los capítulos aquí.
