DiarioPutumayo – Luis Alejandro Moncayo Gámez, Juez Promiscuo Municipal de Colón Putumayo, Admitió y concedió una Acción de Tutela que interpuso la médico ante ese despacho del Distrito Judicial de Mocoa, contra la Gobernación del Putumayo, por presuntamente violar su derecho al trabajo y al libre proceso.
La profesional Segura San Miguel, quien solicitó la medida de protección concedida por el Juez, presentó carta de renuncia al Gobernador, Buanerges Rosero Peña, al cargo de Jefe de Salud Pública Departamental de Putumayo, el pasado 17 de agosto, un día después de producirse el reintegro del mandatario. La dimisión la solicitó la funcionaria con fecha de 31 de agosto, sin embargo la Gobernacion, aceptó mediante el decreto 316 del 10 de agosto de 2021, renuncia inmediata situación por la cual, Dívian argumentó en su demanda, que le vulneraron el derecho al trabajo y al debido proceso jurídico.
“En el acto de aceptación, la Gobernacion del Putumayo omitió aceptar mi renuncia a partir del día 31 de agosto de 2021, como lo había solicitado, así como tampoco señaló los motivos por los cuales adoptó dicha posición”.
La funcionaria nombrada por el entonces gobernador encargado Álvaro Granja, el pasado 22 de frebrero de 2021, con el decreto 0088, funge a las vez las funciones de gerente del Hospital Pío XII, del municipio de Colón, en remplazo de la Doctora Camila Chamorro Ramírez, ante una licencia de maternidad por 18 semanas, entre el 20 de mayo al 17 de septiembre de 2021.
En la impugnación, la señora Segura San Miguel, afirma que en la aceptación de la renuncia anticipada, queda en vilo el tema de la gerencia del centro asistencial, que tiene delegada por el anterior gobernador, hasta el regreso de la funcionaria titular de la empresa social del Estado.
Con la decisión judicial, la demandante literalmente es protegida para terminar sus acciones administrativas y jurídicas planteadas en su renuncia a fecha de 31 de agosto del presente año, en el cargo de Jefe de Salud Pública del Putumayo.
La medida urgente, vincula a las entidades implicadas con el caso de la demandante y a la oficina regional del Ministerio del Trabajo. Ambas partes (demandante y la Gobernación), tienen un plazo de 2 días a partir de la fecha de admisión de la tutela, para presentar las pruebas que, darán paso al Juez, a fallar en favor o en contra.
Literalmente el tiempo en que se demore el juez, le dará tiempo a la funcionaria para entregar en orden los informes como funcionaria de salud pública y de la gerencia del Hospital de Colón.