Fiscalia – Al procesado también se le atribuye la posible participación en una doble tentativa de feminicidio, en la cual una de las víctimas era menor de edad.
Como parte de la estrategia investigativa para esclarecer homicidios contra defensores de derechos humanos y contribuir al desmantelamiento de organizaciones criminales, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Luis Enrique Peteche Mestizo, alias Gurre, presunto integrante de la subcomisión financiera del grupo residual E-48 conocido como Comandos de Frontera, con influencia en el departamento de Putumayo.
Luis Enrique Peteche Mestizo, alias Gurre, fue capturado durante un allanamiento en Puerto Guzmán (Putumayo), por unidades del CTI, la Dijín de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
De acuerdo el proceso adelantado por la Unidad Especial de Investigación (UEI), alias Gurre estaría implicado en los asesinatos de la líder social indígena María Beneranda Juagibioy, alcaldesa mayor del cabildo indígena Camentsá Biya, y su nieta de 18 meses; así como en la tentativa de feminicidio de Paola Patricia Pujimuy y una menor de 9 años, en hechos ocurridos el pasado 17 de marzo en la inspección El Placer, jurisdicción del municipio Valle del Guamuez (Putumayo).
El hombre fue capturado este 6 de julio en Puerto Guzmán (Putumayo) por unidades del CTI adscritos a la UEI, la Dijín de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, durante una diligencia de allanamiento y registro.
En audiencias concentradas, el ente acusador le formuló cargos a Peteche Mestizo como posible autor de los delitos de feminicidio agravado, feminicidio agravado en modalidad tentada, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir agravado.
Por su parte, el Juzgado 73 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, acogió la petición de la Fiscalía y le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado la Fiscalía General de la Nación ratifica su compromiso de investigar y judicializar a los responsables de hechos delictivos que afectan a poblaciones de especial protección, como defensores de derechos humanos, líderes sociales, indígenas y campesinos, al igual que niños, niñas, adolescentes y mujeres rurales; con el fin de garantizar la protección de sus derechos.