Lupa a sentencia sobre protección amazónica

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Cortesía WWF

ElNuevoSiglo – LA PROCURADURÍA General de la Nación instaló este miércoles el panel de expertos y la Mesa Técnica de Apoyo al Seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó tomar medidas para la protección de la Amazonía colombiana y la declaró sujeto de derechos.

En desarrollo de sus funciones de acompañamiento y vigilancia a la ejecución de la sentencia STC4360-2018, el Ministerio Público impulsó la adopción del reglamento de la mesa técnica conformada por representantes de los accionantes, de las comunidades indígenas, del Departamento Administrativo de la Presidente de la República, del Ministerio de Ambiente, de la Contraloría General y de la Defensoría del Pueblo.

Como miembros permanentes del panel de expertos estarán la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac); el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi); las fundaciones GAIA Amazonas y para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS); el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam);  y los accionantes representados por DeJusticia.

Como se recuerda, en abril de 2018, tras advertir el alarmante incremento del 44% en la deforestación en la región -de 56.952 a 70.074 hectáreas entre 2015 y 2016- y que el Estado no había enfrentado eficientemente esta problemática ambiental, la Corte ordenó a la Presidencia de la República y a las demás autoridades nacionales, regionales y municipales involucradas en esta responsabilidad, adoptar un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para proteger a la Amazonía colombiana.

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Entre las acciones ordenadas, la Sala de Casación Civil dispuso la elaboración del “Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano (Pivac)” para reducir a cero la deforestación y los gases efecto invernadero, la incorporación de componentes de preservación medioambiental en los planes municipales de ordenamiento territorial, y la ejecución efectiva de medidas policivas, judiciales y administrativas por parte de las tres corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en el territorio amazónico.

En el estudio adelantado para conceder la tutela de los derechos a gozar de un ambiente sano, vida y salud de un grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes representados por el director del Centro de Estudios Dejusticia, la Corte estableció que el Estado colombiano no estaba enfrentando eficientemente la problemática de la deforestación en la Amazonía, pese a haber suscrito numerosos compromisos internacionales y a existir en el país suficiente normatividad y jurisprudencia sobre la materia.

Según la providencia, adoptada en decisión mayoritaria de la Sala de Casación Civil, las CAR no estaban  cumpliendo sus funciones de evaluar, controlar y monitorear los recursos naturales, ni de sancionar la violación de normas de protección ambiental; la deforestación ocurría en lugares bajo la tutela de Parques Nacionales Naturales de Colombia; departamentos como Amazonas, Caquetá, Guaviare y Putumayo también  incumplían las funciones de protección ambiental, y municipios del área amazónica concentraban altos niveles de deforestación sin contrarrestar esa situación.

Con estos y otros elementos de juicio proporcionados por investigaciones del Ideam y el propio Ministerio de Ambiente, la Corte determinó el nexo causal entre la afectación de los derechos fundamentales de los accionantes de la tutela, y en general las personas residentes en el país, con el cambio climático generado por la reducción progresiva de la cobertura forestal, causada por la expansión de la frontera agrícola, los narcocultivos, la minería ilegal y la tala ilícita de los bosques de la región.

Por tanto, en aras de proteger ese ecosistema vital para el devenir global, tal como la Corte Constitucional declaró al río Atrato, se reconoció a la Amazonía colombiana como entidad “sujeto de derechos”, titular de la protección, de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales que la integran

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