Una justicia fortalecida y para todos

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El acceso efectivo a la justicia requiere de un trabajo conjunto entre instituciones y comunidades.

ElTiempo

Prevenir y abordar las violaciones a los derechos humanos ha sido un objetivo común del Gobierno, la sociedad civil y la institucionalidad colombiana desde que el país decidiera transitar por la senda del posconflicto.

Se trata, por tanto, de una causa de talla nacional que, a la luz de establecer una paz sostenible y duradera, requiere que las comunidades (especialmente aquellas cuyos derechos han sido transgredidos históricamente) sean fortalecidas y puedan encontrar respuestas efectivas en el sector justicia.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), está apoyando los esfuerzos de los colombianos en esta línea a través del Programa de Justicia para una Paz Sostenible (JSP), cuyo objetivo es fortalecer la capacidad local de las instituciones colombianas y de las comunidades para promover el acceso a la justicia en los territorios más apartados y que han sido afectados por el conflicto armado.

Con el apoyo de USAID, las instituciones del Estado y comunidades avanzan juntos a través de los Sistemas Locales de Justicia con miras a resolver las necesidades de justicia que se presentan en el país.

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Foto : USAID

Cinco estrategias guían esta labor en Colombia: ‘Género’, ‘Líderes sociales’, ‘Justicia ancestral afrocolombiana’, ‘Jurisdicción Especial Indígena’ y ‘Métodos de Resolución de Conflictos (MRC)’. A continuación, podrá conocer los más importantes logros en cada uno de estos:

¿Qué hacer por los líderes sociales?


Al menos 753 líderes sociales fueron asesinados en Colombia de 2016 a 2020, según informó la Defensoría del Pueblo en febrero de este año . De acuerdo con la entidad, el 2020 fue el año más violento dado que se presentaron 182 crímenes contra estos defensores de derechos humanos.

Aunque desde la firma de los Acuerdos de Paz los colombianos han sido testigos del recrudecimiento de la violencia contra los líderes sociales, muchos aún no tienen claro qué es ser un líder o lideresa social.

El Instituto de estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) define a un líder o lideresa social como “aquella persona que defiende los derechos de la colectividad y desarrolla una acción por el bien común reconocida en su comunidad, organización o territorio. Todo líder o lideresa social se considera un defensor de derechos humanos”.

Quizá la definición más humana de lo que es ser un líder social la resume Yisel Carabalí Rentería, líder ambientalista de Santander de Quilichao en el Cauca, en el portal web de la Comisión de la Verdad. Para ella, “ser líder social es defender nuestro territorio hasta con la propia vida”.

Sobre su labor como lideresa, Yuli Artunduaga, quien hace parte de la Coordinadora de Mujeres Andino-amazónicas en el Putumayo, explica que “primero, considero que son vocaciones en algunas personas, hombres y mujeres, que de manera desinteresada asumimos roles comunitarios de gestión y servicio que nunca han sido remunerados, pero que finalmente es como asumir una responsabilidad: el hecho de sentirse útil a la sociedad, sentir que estamos contribuyendo. El título de líder o dirigente social lo dan las comunidades de las cuales somos voceros”.

Entre tanto, un informe reciente de Human Rights Watch señaló “las graves deficiencias en los esfuerzos gubernamentales para prevenir estos abusos, proteger a los defensores y juzgar a los responsables de estos crímenes”.

Así las cosas, ¿qué hacer para mejorar la situación de líderes y lideresas sociales en todo el territorio colombiano?

Desde 2018, el Programa de Justicia para una Paz Sostenible (JSP) de USAID Colombia ha brindado asistencia técnica a la Procuraduría General de la Nación en la prevención de la violencia contra los líderes y defensores de derechos humanos. Así mismo, ha apoyado a la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones que adelantan sobre estos crímenes; de 105 casos priorizados en cinco departamentos por parte de la Fiscalía, 15 avanzaron en su etapa procesal.

Igualmente, uno de los principales resultados del JSP fue la realización de nueve ‘Mesas por la Protección a la Vida’, que a la fecha se han desarrollado en los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo, Córdoba, Chocó, Antioquia y Cundinamarca.

Dichas mesas han sido un espacio de intercambio de perspectivas y visiones en la búsqueda de soluciones sobre las problemáticas locales y el fortalecimiento de los mecanismos de control en beneficio de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Otra de las acciones emblemáticas en la defensa de los derechos de líderes sociales ha sido la creación y el diseño de la campaña ‘Lidera la Vida’, que ha sido liderada por la Procuraduría General de la Nación con la participación de 14 instituciones y organizaciones más, que tiene como objetivo impulsar acciones con enfoque diferencial para la protección de líderes y lideresas, promover una pedagogía en torno a los instrumentos y rutas de protección de estos líderes y, en general, hacer un llamado urgente ante la opinión pública sobre la situación de riesgo en la que viven todos ellos.

Por ejemplo, el pasado 16 de diciembre ‘Lidera la Vida’ auspició el ‘Concierto Virtual por la Vida’, que fue transmitido en vivo por diferentes medios de comunicación y redes sociales, y que contó con una audiencia de unas 200.000 personas.

‘Lidera la Vida’ se actualiza constantemente en su sitio web (www.lideralavida.com) y publica contenidos de valor en sus redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook).

La ancestralidad de la Justicia Propia Afro

La Justicia Propia Afro tiene un origen ancestral, pues es la forma como estas comunidades han resuelto sus tensiones y conflictos a través de los siglos. Hace referencia a un mecanismo autónomo que se da al interior de las comunidades afrocolombianas y negras, que incluye la resolución de conflictos con sus comunidades vecinas (bien sean comunidades indígenas o campesinas) antes de acudir al sistema de justicia ordinario colombiano.

Maricel Sandoval Solarte, lideresa de la Consejería de Derechos Humanos de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), se refiere a algunos de los mecanismos internos de la Justicia Propia en su región:

“Tenemos un territorio donde siempre hemos estado y ejercido, con mecanismos propios para trabajar. ¿Cuáles son esos mecanismos? Yo, simplemente, les diría que primero están nuestras autoridades, lo segundo es una ruta de cómo procesar y atender las tensiones. ¿Y cómo corregimos? De la misma forma que lo hacen padres y madres: en la lógica de restaurar, de recomponer lo dañado. Nunca ha sido una Justicia que piense en la represión, en la coacción, siempre es una Justicia que da oportunidades”, afirma la lideresa.

Aunque este sistema se ha conservado de manera oral en las tradiciones del territorio, se han perdido muchos de sus elementos por la fragilidad de su esencia como memoria histórica. Por ello, desde hace algunos años la Justicia Propia Afro se está sistematizando con reglamentos internos dentro de los consejos comunitarios, al mismo tiempo que avanza en su reconocimiento por parte de la justicia ordinaria en Colombia.

Cabe destacar que el Programa de Justicia para la Paz Sostenible de USAID Colombia ha fortalecido las capacidades organizativas de 190 Consejos Comunitarios conformados en el Cauca, Chocó, el sur de Córdoba, Urabá, Putumayo y Nariño.

También, el JSP ha desarrollado un plan de formación y una metodología basada en casos sobre litigio estratégico para el fortalecimiento de 90 lideresas y líderes afro estas regiones. Y, en los últimos años, el programa ha hecho acompañamiento a 136 casos resueltos por diferentes sistemas de Justicia Propia Afrocolombiana.

A corto plazo, se espera que el país pueda aprobar plenamente el marco jurídico de la Justicia Propia Afro en el Congreso, de tal manera que en los territorios se pueda legislar bajo términos constitucionales respetando su ancestralidad.

Al rescate de la autonomía indígena

En Colombia existen 102 pueblos indígenas, según reporta la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) . Cada uno de estos pueblos cuenta con sistemas diferenciados de justicia indígena, así como diferentes niveles de organización para atender las situaciones que se presentan en su diario vivir.

La definición más práctica de la Jurisdicción Especial Indígena es un conjunto más o menos amplio de normas y leyes que tienen los pueblos originarios en Colombia mucho antes de que Colombia fuese un Estado y tuviera ordenamiento propio. Este les permite administrar y gestionar sus propios procesos de justicia, de acuerdo con sus leyes de origen y sus propios marcos culturales y espirituales.

Se trata de formas de administrar justicia milenarias, que no se ocupan únicamente de asuntos de orden penal sino también de aspectos de la vida social y espiritual de estas comunidades.

Con la Constitución Política de 1991, se determinó que autoridades y pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial y de acuerdo a sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando estos no contravengan o resulten inconsistentes con lo que reza dicha carta magna.

Es por ello que resulta fundamental la coordinación interjurisdiccional entre la Justicia Ordinaria y la Jurisdicción Especial Indígena. Lo anterior, precisamente, es uno de los grandes objetivos que se ha propuesto la ‘Estrategia Indígena’ del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID Colombia.

A grandes rasgos, el JSP ha fortalecido los sistemas jurídicos de 29 pueblos indígenas en los departamentos de Cauca, Putumayo, Nariño, Chocó, Urabá y Córdoba. Por medio de procesos de acompañamiento, la ‘Estrategia Indígena’ de USAID ha incentivado la conservación de las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, tanto en lo que respecta a la aplicación de la justicia indígena, como en lo concerniente a los procesos de coordinación interjurisdiccional.

Con miras a lograr un mayor reconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena por parte de la justicia ordinaria (y sus instituciones administrativas y judiciales), USAID ha apoyado la reactivación de seis mesas interjurisdiccionales en Cauca, Antioquia, Córdoba y Putumayo, Chocó y Nariño.

Adicional a ello, la ‘Estrategia Indígena’ ha apoyado al Consejo Superior de la Judicatura, más precisamente a la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (Cocoin), así como ha facilitado las relaciones que se establecen entre el Consejo Superior de la Judicatura, los Consejos Seccionales y las autoridades indígenas.

“Nosotros no hablamos de penas o de castigos. Nosotros siempre hablamos de armonizar, de aconsejar a estas personas que estén en contravía del camino que las autoridades han enmarcado y que los mayores han venido transmitiendo. Nuestro Derecho lo vamos construyendo de acuerdo a las experiencias de los sabios, de los mayores; es una política social que se construye desde las experiencias. A eso le hemos llamado derecho consuetudinario indígena”, manifiesta Irma Cabrera, una mujer embera dóbida que ha participado en procesos organizativos a nivel local y regional con su comunidad.

Justicia sin perjuicio de género

El acceso a la justicia por parte de mujeres y personas con orientaciones sexuales diversas en 45 municipios del Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Putumayo y Urabá es el propósito que guía la ‘Estrategia de Género’ del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID.

En este sentido, se han desarrollado en el país cinco acciones estratégicas en materia de género:

1. Articulación institucional relacionada a generar vínculos entre instituciones que trabajen por el fortalecimiento de Sistemas Locales de Justicia.
2. Lucha contra la impunidad en las llamadas Violencias Basadas en Género (VBG), en coordinación con la Dirección de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación.
3. Apoyo a la institucionalización del enfoque de género en la justicia, con el apoyo de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial.
4. Fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, tanto de mujeres como de personas LGTBI.
5. Acompañamiento a funcionarios de las Comisarías de Familia.

Entre los resultados más destacados de esta estrategia, se encuentra la inclusión de metas relacionadas con Violencias Basadas en Género (VBG) en 45 planes de desarrollo municipales con vigencia 2020-2023 y la representación legal y acompañamiento psicosocial a 300 casos de VBG de víctimas mujeres y personas LGBTI, así como acompañamiento a la FGN para el avance procesal de casos de VBG.

De igual manera, resaltan 3.315 casos revisados de violencia intrafamiliar, sexual y feminicidio; 758 casos con avance procesal, 11 sentencias condenatorias y 565 rutas de atención en violencia activadas. También se cuenta con 45 comisarías de familia fortalecidas y seis redes virtuales de comisarios en funcionamiento.

Gran parte del éxito de estas acciones estratégicas yace en la confianza que USAID ha construido en el territorio gracias a alianzas con organizaciones como la Corporación Humanas Colombia y Sisma Mujer, que también se dedican a asegurar el acceso efectivo a la justicia a mujeres y personas LGBTI.

“Nuestra relación con USAID es de vieja data. Hemos ido a Putumayo, Córdoba o Urabá a fortalecer las organizaciones de estos territorios y así tengan la capacidad de representar a víctimas entendiéndolas jurídica y psicológicamente. Dejamos capacidad instalada en estos territorios mientras promovemos el diálogo institucional”, indica Adriana Benjumea, directora y representante legal de la Corporación Humanas Colombia.

Por su parte, Luisa Fernanda Martínez, abogada e investigadora de la Corporación Sisma Mujer, destaca el fortalecimiento que se ha realizado a las organizaciones sociales de la sociedad civil que trabajan en cada uno de los territorios:

“La articulación entre Sisma y el Programa de Justicia para Una Paz Sostenible de USAID ha sido altamente satisfactoria. En principio, se pensó para garantizar el efectivo acceso y administración de justicia en las mujeres más allá del acompañamiento psicojurídico, para promover un cambio en la institucionalidad. De tal manera que la administración de justicia tenga perspectiva de género, que considere a la violencia como un acto de discriminación que, más allá de ser visible, es estructural y permea a las instituciones”, manifiesta Martínez.

Si bien aún queda mucho por hacer en materia de violencia contra la mujer y personas LGBTI, reconocer la existencia de las Violencias Basadas en Género (tanto a nivel nacional como en las regiones más apartadas) es un gran paso para focalizar acciones oportunas que se conecten adecuadamente con las necesidades de justicia de los individuos en cada una de las comunidades beneficiadas.

Métodos de Resolución de Conflictos para acercar la justicia a la gente

En los Métodos de Resolución de Conflictos (MRC), las partes implicadas se ven llamadas a encontrar autónomamente una solución frente a sus conflictos.

Los MRC hacen parte de la política pública del Ministerio de Justicia y consiste en brindarles a las comunidades herramientas que les permitan resolver sus propias tensiones y desacuerdos, a través del diálogo asistido por un mediador o conciliador.

La solución autocompositiva (es decir, que las partes son las que acuerdan una solución) es una valiosa herramienta del Estado colombiano y apoyada por USAID con el fin de que los colombianos que habitan en las regiones más apartadas cuenten con mecanismos institucionales y efectivos para acceder a la Justicia.

Para promover el uso de los MRC en las regiones, el Programa de Justica para una Paz Sostenible de USAID ha apoyado tres grandes acciones:

1. Procesos de formación en resolución de conflictos a funcionarios y líderes sociales.
2. Fortalecimiento de los procesos de conciliación en equidad.
3. Diseño e implementación de la Caja de Herramientas en Métodos de Resolución de Conflictos (MRC).

Dentro de la múltiples forma de llevar a los territorios los MRC está la Caja de Herramientas en MRC del Ministerio de Justicia y del Derecho, la cual contiene recursos que permiten a los gobiernos locales llevar a cabo procesos de mediación escolar, mediación intercultural, mediación comunitaria, conciliación en equidad y conciliación en derecho; esta última, que es la que aplican los funcionarios públicos conciliadores, tiene la potestad de aplicarse antes de dictar una sentencia o resolución. Por tanto, se trata de métodos que empoderan a campesinos o autoridades étnicas de territorios muy alejados (con múltiples conflictividades en los que históricamente ha habido fuerte presencia de actores armados al margen de la Ley) para hallar soluciones sin tener que recurrir a un juez.

De la implementación de esta Caja han surgido varios logros y experiencias a aplaudir. En palabras de María Eugenia Muñoz, representante legal de la Corporación Culturama Colombia (actor ancla de la ‘Estrategia de Métodos de Resolución de Conflictos’ de USAID para la región del Putumayo), “pese a que es virtual, una nueva forma de aprender para todos, la Caja de Herramientas ha sido un gran aprendizaje. Uno ve a los campesinos haciendo sus ejercicios y tareas. Esto abre un horizonte como de esperanza, y así ellos lo han manifestado. Esta herramienta ha traído una “luz de esperanza” en tema de convivencia en sus veredas, en sus barrios, en las Inspecciones de policía, además de brindarles tranquilidad frente al acceso de la justicia”.

Estas tres actividades han decantado en 50 talleres de formación que han capacitado a 1.331 operadores de justicia en talleres de resolución de conflictos, 299 servidores públicos en conciliación en Derecho y 326 personas (en 24 municipios del país) ahora son conciliadores fortalecidos y activos.

Buena parte de los beneficiados son inspectores de policía, personeros o comisarios de familia que ya tenían responsabilidades asociadas a estos temas y necesitaban cualificar su oficio como conciliadores.

Adicionalmente, USAID ha apoyado el Programa de Conciliación en Equidad del Ministerio de Justicia, mediante el cual se forma a conciliadores en equidad, por medio de reentrenamientos, suministro de equipos y material de trabajo, y pactos con Alcaldías Municipales. De este ejercicio derivaron, además, 500 acuerdos de conciliación en equidad.

Finalmente, con la implementación de estas herramientas se espera una disminución de los índices de conflictividad atendidos por las autoridades de 51 municipios y seis departamentos, así como en la reducción de los conflictos no resueltos por las partes implicadas.

Luego de unos 16.152 acuerdos resueltos entre el 2019 y el 2020 (no solo a raíz de la Caja de Herramientas sino con todas las acciones que el Programa JSP ha apoyado para el fortalecimiento de los Métodos de Resolución de Conflictos), es posible afirmar que este ha sido una experiencia muy positiva en pro del acceso y el conocimiento de la justicia, así como en la mejora de la legitimidad de las autoridades y actores que hacen parte de los Sistemas Locales de Justicia.

Citas bibliográficas: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/9929/Reportan-753-l%C3%ADderes-sociales-asesinados-en-Colombia-de-2016-a-2020.htm

https://www.hrw.org/es/news/2021/02/10/colombia-graves-deficiencias-en-la-proteccion-de-lideres-sociales

https://www.onic.org.co/noticias/2-sin-categoria/1038-pueblos-indigenas

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