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El lío por calcular el supuesto daño del excongresista Jimmy Díaz por minería ilegal

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ElESpectador – Para la Corte Suprema, la presunta alianza del exgobernador de Putumayo y excongresista conservador con mineros ilegales habría generado un millonario daño patrimonial a su departamento, pero no se ha logrado establecer a cuánto ascendería esa cifra.

El excongresista Jimmy Díaz se ha declarado inocente de los cargos en su contra. / Cámara de Representantes

En sigilo, y en medio de la pandemia por COVID-19, ha avanzado el proceso penal que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el excongresista Jimmy Hárold Díaz. Quien fuera hasta hace poco un barón electoral del Putumayo enfrenta cargos por minería ilegal a gran escala. Uno de los debates que se ha cruzado en el proceso es cuánto debería pagar el exalcalde de Mocoa si termina condenado. Un peritaje que ordenó el alto tribunal concluyó que $167 millones y dijo que los daños al medio ambiente eran incalculables, pero la propia Corte tumbó ese dictamen y ahora serán investigadores de la Fiscalía quienes determinen la cifra.

Según la Sala de Instrucción que lo acusó el año pasado, en 2015 Jimmy Díaz, entonces gobernador de Putumayo, “estableció una relación comercial con Humberto Ramírez Leal, alias Barbas, negociante de oro y de maquinaria para su explotación”. Barbas, según la Fiscalía, es el “capo de las dragas”, las máquinas con las que se extrae el mineral de los ríos. Lo capturaron en 2016 y prometió hablar contra Díaz a cambio de beneficios jurídicos. En 2018, el exgobernador llegó al Congreso por el Partido Conservador y con ello el caso en su contra pasó a la Corte Suprema. Finalmente, en abril de 2020 fue llamado a juicio, como contó El Espectador.

Los delitos por los que está siendo procesado Jimmy Díaz son: concierto para delinquir, peculado por apropiación a favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y recepción y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero. Comenzando el juicio en su contra, a finales del año pasado, la Sala de Primera Instancia ordenó una serie de pruebas, entre las que estaba un peritaje que debía determinar si estos delitos causaron daños y, en caso “de ser así, las erogaciones económicas realizadas a cargo del presupuesto departamental por la Gobernación de Putumayo con ocasión de las conductas delictivas atribuidas al procesado”, según se lee en el auto de entonces.

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La Corte le dio quince días hábiles a una experta contadora para establecer a cuánto ascendían los daños. Y es que entre los hechos por los que está siendo investigado el excongresista, además de aparentes compras de oro ilegal a su socio, hay un contrato por $82 millones, que firmó siendo gobernador, con la Fundación Victoria Regia para “apoyo a la organización Asomicuap”, dirigida por alias Barbas, “en la recuperación del mercurio en el proceso de extracción de oro fino en Puerto Leguízamo”. En el contrato se le compraron a Barbas cinco máquinas Camel, especializadas en ese proceso, y, a través de la fundación, se le entregaban a la asociación que encabezaba el mismo Barbas.

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