Por: María Mónica Monsalve (@mariamoniq91), Juliana Jaimes (@julsjaimes)
Un cálculo liderado por la Asociación Ambiente y Sociedad encontró que de los 51 contratos que hay asignados en la Amazonia colombiana, 39 se traslapan con territorios indígenas; además, los pueblos indígenas denuncian que la consulta previa no se cumple.
Hacia el año 2011 los indígenas nasas del Resguardo Alto Lorenzo en Puerto Asís, Putumayo, empezaron a notar que sus alrededores se llenaban de maquinaria y personas que no eran de la región. Más tarde, vieron manchas de petróleo en ríos y caños y, como dijo a El Espectador el líder José Evaristo Garcés, los espíritus guardianes no volvieron a aparecer en la bocana El Culebrero, en la quebrada La Amarilla.
Los impactos, supieron meses más adelante, eran consecuencia de una explotación petrolera que se estaba desarrollando en la zona. Pero a pesar de que el resguardo estaba ubicado dentro de las 38.000 hectáreas de influencia del proyecto, nunca se le consultó a la comunidad cuál era su posición al respecto; ni siquiera hicieron consulta previa.
Este enfrentamiento entre dos visiones del territorio, uno ancestral y otro extractivista, es el que se podría estar dando en 83 resguardos indígenas de la Amazonia colombiana. La cifra hace parte de un riguroso trabajo que ha adelantado la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), liderado por la geógrafa Andrea Pietro, quien utilizó datos del 2021 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y del 2019 de la Agencia Nacional de Tierras para conocer, a la fecha, a cuántos resguardos indígenas los afecta un bloque petrolero.PUBLICIDAD
“En la región amazónica hay 51 contratos petroleros, sobre todo en Caquetá y Putumayo; 39 de estos bloques se cruzan con 83 resguardos indígenas”, comenta. “Pero hay que tener en cuenta que a veces es un solo contrato el que se traslapa con varios resguardos, o un resguardo con varios contratos. Además, estamos hablando de los bloques que ya han sido adjudicados, pero podrían ser más”, explica. Entre los 39 bloques que atraviesan uno o más resguardos, ocho están en etapa de producción (tocando 12 resguardos), 29 en exploración (sobre 55 resguardos) y dos en evaluación técnica (en 25 resguardos).
Como sucedió hace diez años con la comunidad nasa de Alto Lorenzo, a los indígenas les preocupan los problemas ambientales y sociales que traen este tipo de proyectos. Tanto así que líderes como Fernando Piguaje, indígena siona y representante legal del área de territorio, ambiente y producción que representa a quince pueblos del Putumayo, es muy enfático en decir que ellos no quieren ningún proyecto petrolero en su territorio.
“Nuestro mensaje es claro y es que queremos vivir tranquilos con la madre naturaleza”, comenta. “Hemos visto lo que pasó en Villa Garzón y Puerto Asís, donde las comunidades tuvieron que salir por la bulla, el derrame de crudo y porque, para nadie es un secreto, estos proyectos atraen a los grupos armados. Las comunidades son desplazadas, dejando su territorio ancestral y su memoria histórica”, es el escenario que describe.
Fernando no es el único que le ve pocas ventajas a que los proyectos petroleros lleguen a sus resguardos. Fanny Jael Jamoy, indígena inga del departamento de Caquetá, dice haber visto cómo la llegada del petróleo beneficia poco a la comunidad. “Sí, al principio entran más recursos, pero eso se acaba y no sirve para vivir a largo plazo. En cambio, si nosotros permanecemos en el territorio lo que hacemos es cuidarlo y seguirlo fortaleciendo. Pero a nosotros como pueblos indígenas no nos han permitido permanecer”.
A lo que se refiere, y que repiten varios indígenas, es que la consulta previa —derecho constitucional que existe para que sean ellos quienes definan si en su territorio se pueden explotar recursos naturales— no siempre se cumple. Además, como lo señala Fanny Kuiru Castro, indígena uitoto del Amazonas, cuando se hacen las consultas previas tampoco se garantiza una transparencia de la información. “Es un derecho fundamental que muchas veces no se respeta, porque se convierte en un formalismo. Por ejemplo, se deberían hacer con información verídica, fidedigna y anticipada, pero no sucede así”.
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Esta idea no solo la tienen los indígenas, sino investigadores que le han puesto lupa al tema. “Hay reiteradas posturas por parte del Ministerio del Interior que desconocen la presencia de pueblos étnicos en territorios del país, las cuales impulsan a las comunidades a iniciar demandas en contra de la institucionalidad con el fin de reivindicar tanto el derecho a la consulta previa como el derecho al territorio y la vida o la igualdad”, explica Vanessa Torres, subdirectora de AAS.
Por ejemplo, en el caso de los nasas del Alto Lorenzo la consulta “previa”, si se le puede llamar así, solo se hizo en 2017 como respuesta a una sentencia que emitió la Corte porque la comunidad demandó. Pero la consulta llegó bastante tarde, pues la empresa petrolera había iniciado actividades desde 2011 y los indígenas no alcanzaron a blindar el territorio de la contaminación.
Hace más de dos semanas, El Espectador le preguntó al Ministerio del Interior cuántas consultas previas se han realizado en Colombia; sin embargo, al cierre de esta edición no recibió respuesta. Y es que obtener acceso a esta cifra parece ser una tarea difícil. Buscando conocer mejor el escenario, la investigadora Laura Montaño, también de AAS, radicó un derecho de petición ante el Ministerio de Interior preguntando por los expedientes de las consultas previas realizadas a los ochenta resguardos indígenas en Caquetá y Putumayo, u otros procesos que se hubiesen adelantado. Pero la respuesta de la cartera fue que “por motivo de protección a datos sensibles no era posible entregar esta información”. Pese a otros recursos que AAS ha presentado para obtener los datos, la negativa a entregarlos persiste.
Más allá de la consulta previa, cómo ordenar el territorio
Lo común al escuchar las palabras “ordenamiento territorial” es que uno piense en planes, Conpes, áreas protegidas, urbanas, dónde se puede abrir una carretera, zonas agrícolas y un largo etcétera. Pero para Mateo Estrada, asesor en tema ambiental y cambio climático de la coordinación general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombia, la definición debería ser más sencilla. “Es algo que viene desde la ley de origen, cuando los primeros hombres dicen y crean un sistema organizado de lo que debe ser la vida sobre la tierra. Cuál es el papel del humano, de los árboles y animales; pero también el papel de los espíritus que están debajo de la tierra, en la tierra y sobre la tierra. Es un orden natural de la vida armónica”.
Las palabras de Estrada hacen parte de la petición de varios pueblos indígenas para que el Gobierno incluya sus planes de vida, sus tradiciones y percepciones a la hora de pensar en una hoja de ruta para el Amazonas. Hasta ahora, según perciben, todas las claves de cómo organizarse vienen desde afuera y esto, en gran medida, es lo que ha dado pie para que las comunidades indígenas terminen en conflicto con los intereses económicos del Gobierno. “El Estado planea desde una silla y desde una oficina. Por ejemplo, yo no puedo ir a una casa ajena a ordenar su comportamiento, pero eso es lo que hacen. Así que estamos planteando que las reglamentaciones, decretos y leyes que ordenen nuestro territorio se hagan desde nosotros, con nosotros”, agrega Germinio Biguidima, indígena múrui del departamento del Amazonas.
Si el conocimiento indígena y sus planes de vida fueran reconocidos a escala institucional, los indígenas aseguran que no solo se evitarían disputas de poder, como la que existe con la industria petrolera, sino que Colombia agilizaría más su lucha contra el cambio climático. Pero como lo señala Karla Díaz, investigadora de AAS, “ellos no tienen participación en los escenarios de toma de decisiones, porque se han construido desde un lenguaje técnico y saber particular que los excluye”.
La consulta previa, asegura, ha sido una ganancia de los pueblos étnicos y una herramienta poderosa, pero “se nos ha olvidado que la Constitución Política ha previsto que los pueblos indígenas tengan facultades en el ordenamiento territorial por medio de la figura de las entidades territoriales indígenas”, afirma. Quizá si estos espacios fueran fuertes, no tendríamos la sensación de tener una Amazonia en amenaza, sino custodiada por aquellos que, como la misma ONU lo ha dicho, son los más adecuados para conservar los recursos naturales y liderar un camino que nos aparte de una cercana catástrofe climática.
*Este texto hace parte de una alianza entre El Espectador y la organización Asociación Ambiente y Sociedad.