Putumayo defiende la vida y construye rutas de paz y verdad

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Como parte de la estrategia para profundizar en los espacios de escucha y recoger insumos que permitan visibilizar la situación de violencia en el país, el próximo 10 de marzo, la Comisión de Verdad realizará el ‘Diálogo para la No Repetición y la No Continuidad del conflicto armado en Putumayo’, que tiene como visibilizar la situación de violencia que se vive esta zona del país, un territorio en el que históricamente el conflicto armado ha estado presente y ha vulnerado los derechos humanos de sus habitantes.

En este departamento, ubicado en la Amazonía occidental, la violencia no se detiene. La débil capacidad de respuesta institucional ha agudizado la compleja situación de seguridad y ha dado espacio a grupos delincuenciales que quieren tomar el control.- Patrocinado –

Las agresiones a líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de Derechos Humanos y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, son sistemáticas. En lo corrido del año 2021, ha sido asesinado 1 excombatiente, y han amenazado de muerte a al menos 4 defensores y defensoras de derechos humanos, por denunciar y visibilizar esas situaciones.

Sumado a esto, se registran casos de desplazamiento forzado, situaciones de disputas territoriales entre grupos armados, episodios de erradicaciones forzadas violentas y de fumigaciones terrestres, acompañadas por la represión y el abuso policial y militar.

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A razón de la situación humanitaria que se vive en el Putumayo, la Comisión de la Verdad, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría realizaron en marzo del 2020, la séptima Mesa por la Vida en Puerto Asís, buscando promover la protección de los líderes, lideresas sociales y de los defensores de la vida y el territorio.

Además, dada la persistencia de los hechos de intimidación, amenazas, desplazamientos, asesinatos y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el departamento, la Comisión viene acompañando un proceso de diálogo y concertación que alberga a más de 35 organizaciones del territorio.

En el marco de este proceso, se tiene prevista la instalación de la Mesa Territorial de Garantías, que se había planeado inicialmente para el 18 de febrero 2021, en el municipio de Villagarzón, pero que, por razones expresas de falta de garantías y voluntades desde las instituciones responsables de dicha tarea, no fue posible contar con un resultado favorable.

Aplazada para el 10 de marzo de 2021, la Mesa Territorial de Garantías busca la construcción e implementación de una política pública de derechos humanos; la creación y puesta en funcionamiento de un Observatorio de Derechos Humanos, liderado y puesto en marcha por las organizaciones sociales que integran la Mesa; el diseño y puesta en marcha de una estrategia para el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz en Putumayo; el diseño e implementación de una estrategia de formación continuada y de comunicaciones; y la articulación de la Mesa con otros espacios o instancias creadas por el Acuerdo de Paz, en función de garantizar los derechos humanos.

Panorama en el departamento del Putumayo

De acuerdo con datos de la Policía Nacional sobre homicidios ocurridos en esta zona del país con corte al 31 de enero 2021, desde 2016 han sido asesinadas 696 personas, de las cuales, 14 tuvieron lugar durante el primer mes del 2021. No obstante, seguramente existe un subregistro.

A medida que nuevos grupos armados se reconfiguraron en el territorio, han aumentado las muertes. La disputa por el control territorial, la producción de pasta base y otras actividades ilegales han sido las principales causas.

De hecho, la organización de Justicia y Paz ha venido denunciando que los grupos paramilitares, específicamente el actor armado Comando de la Frontera, obstaculizan el trabajo de las empresas petroleras.

Otras instituciones y organizaciones sociales también han reportado y denunciado el reclutamiento y la vinculación de niños niñas y adolescentes, quienes son puestos en primera línea de los combates, situación que se agudizó con la pandemia y la imposibilidad de los jóvenes de poder acudir a las aulas escolares.

Quienes han venido participando de esos programas de sustitución de coca, y quienes han venido denunciando e imponiéndose a la presencia y al actuar de esos grupos armados legales e ilegales en los territorios; han sido blanco de ataques. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNDOC, en 2019 se reportaban 29.484 hectáreas de hoja de coca en la región del Putumayo – Caquetá.

Otras cifras institucionales obtenidas y socializadas en la instalación de la Mesa Institucional de Garantías son, que, en el período comprendido entre 2017 y el 30 de octubre del 2020, se reportó el desplazamiento de 5.215 personas, 5.057 personas fueron amenazadas y 58 sufrieron atentados.

Así como se reportan 495 víctimas de agresiones sexuales, 1.109 personas desaparecidas, y se registraron 36 víctimas de minas antipersonal en el departamento, pertenecientes tanto a la población civil como a las fuerzas militares. Otras 11 personas fueron víctimas de tortura, según el Registro Único de Victimas -RUV-.

Los registros de hechos de violencia más graves, se registran en la región del bajo Putumayo; en los municipios de Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez y Orito.

La remota presencia de instituciones del Estado, ha dejado comunidades indefensas, y es por eso que la Comisión de la Verdad está impulsando un Diálogo nacional para visibilizar esas dinámicas territoriales, que explican los factores de persistencia del conflicto armado en esta zona del país, que permita entender las medidas tomadas para solventar esa situación, y lo que haga falta por hacer en términos de recomendaciones y compromisos para la No Repetición

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