Procuraduría dejó plantadas a comunidades étnicas del Putumayo

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Autoridades indígenas y afrocolombianas de Villagarzón, Putumayo, llevan dos días esperando a la Procuraduría delegada para asuntos étnicos, encargada de garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales en medio de un proceso que se adelanta desde 2015 en contra de la explotación de hidrocarburos en su territorio.

Autoridades del pueblo Inga de Villagarzón, en Putumayo, durante el encuentro al que también estaba citada la Procuraduría. / Daniela Quintero Díaz

Desde hace dos días las autoridades del pueblo Inga, comunidades afrodescendientes y campesinas del municipio de Villagarzón (Putumayo), esperan la llegada de la Procuraduría Nacional y Regional para dar inicio a una visita de verificación de un proceso que inició hace más de cinco años en contra del avance de la explotación petrolera en su territorio.

En 2015 la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón (ACIMVIP) interpuso una acción de tutela contra la Nación, específicamente el Ministerio del Interior, pues consideraba que sus derechos fundamentales como pueblos indígenas y, en particular, su derecho a la Consulta Previa, había sido vulnerado con la instalación de una plataforma petrolera del Proyecto de Perforación Exploratoria La Cabaña, de la empresa Gran Tierra Energy LTDA, en su territorio ancestral.

“Desde hace 15 años se vienen presentando situaciones que ponen en riesgo la vida, el territorio y la persistencia del pueblo Inga debido a la presencia de empresas extractivistas en nuestro territorio”, asegura Carlos López Descanse, presidente de la Asociación de Cabildos ACIMVIP. “Se han adelantado exploraciones sin el debido consentimiento de las comunidades y se construyó una plataforma en territorio indígena donde están asentadas las comunidades, desconociendo su presencia y teniendo un completo desconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”, explica.

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Esta semana debía llevarse a cabo la tercera visita de verificación, solicitada por el Tribunal Administrativo de Nariño, con la que esperaba llegarse a una conclusión sobre la presencia de grupos étnicos en el área de perforación exploratoria del proyecto. Se planeó un recorrido entre el 2 y el 6 de marzo para visitar resguardos, chagras, reservas de plantas medicinales, cementerios y demás sitios de interés étnico que las comunidades consideran que podrían verse afectados si el proyecto de exploración continúa.

Al encuentro llegaron 11 gobernadores indígenas, un representante de las comunidades afro, el Ministerio del Interior, la Defesoría del Pueblo y Corpoamazonía. La Procuraduría no participó.
Al encuentro llegaron 11 gobernadores indígenas, un representante de las comunidades afro, el Ministerio del Interior, la Defesoría del Pueblo y Corpoamazonía. La Procuraduría no participó. / Daniela Quintero Díaz

Además de la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y de los representantes de las comunidades étnicas, debían participar de la visita la Defensoría y la Procuraduría delegada de asuntos étnicos como garantes de los derechos fundamentales de las comunidades afro y los pueblos indígenas. No obstante, al inicio del encuentro, el pasado 1 de marzo, estas dos instituciones no estaban presentes. Su ausencia generó que la visita que llevaba meses planeándose, con cronogramas, protocolos de bioseguridad, recorridos, y a la que llegaron los 11 gobernadores de los resguardos indígenas, así como representantes de las comunidades afro provenientes de todo el territorio, estuviera a punto de cancelarse.

La Defensoría del Pueblo finalmente envió en representación a Jhon Harold Ordoñez, Defensor Regional de Putumayo, para el encuentro del 2 de marzo, e informó que la delegada nacional llegaría el 3 de marzo. Sin embargo, y pese a que el Ministerio del Interior aseguró haber hecho todas las gestiones para garantizar la presencia de la Procuraduría -y se desplazó hasta Mocoa para hablar con el Procurador Regional- la Procuraduría informó a último minuto que “no podría acompañar la visita”, y que, en consecuencia, delegaba a la Personería Municipal la responsabilidad del Ministerio Público.

“El pasado 22 de febrero los representantes de los resguardos, comunidades afro, juntas de acción comunal, instituciones y Ministerio Público (incluidas Defensoría y Procuraduría) habíamos confirmado la participación en la visita. En ese momento, María Alejandra Gómez, procuradora nacional delegada para asuntos étnicos, informó que, aunque no podía participar personalmente, confirmaba la participación de la institución a través de un delegado regional”, aseguró el presidente de ACIMVIP.

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