El mandatario departamental habría incurrido en sobrecostos y otras actuaciones ilícitas al amparo de la emergencia sanitaria por el Covid – 19.
Ante un magistrado de la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al gobernador de Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, como presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
La investigación da cuenta de presuntas irregularidades en las fases precontractual, de ejecución y liquidación del contrato 547 del 1 de abril de año 2020, que dispuso la compra de 10 ambulancias medicalizadas al amparo de un decreto de calamidad pública expedido para atender las necesidades ocasionadas por el Covid – 19.
El valor inicial del contrato ascendió a 3.460 millones de pesos. Sin embargo, luego de las advertencias de la Contraloría General de la República se fijó en 2.876 millones de pesos, con plazo de ejecución de un mes y un anticipo del 50%.
Durante la audiencia de acusación, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia reveló varias de las supuestas inconsistencias detectadas. Algunas son:
- El gobernador Rosero Peña decretó la calamidad pública en el departamento, cuatro días antes de la declaratoria de Emergencia Económica Social y Ecológica que hizo el Gobierno Nacional. A la luz de ese acto administrativo el departamento suscribió el contrato de los vehículos medicalizados.
- El contrato habría sido direccionado para que quedara en manos de un único proponente, Carrocería Innovas SAS.
- Hay indicios de sobrecostos por 1.060 millones de pesos en el valor total de las ambulancias.
- El anticipo fue consignado en una cuenta corriente del contratista. Una actuación contraria a las normas de contratación pública.
Desde las diligencias de control de garantías, realizadas en noviembre de 2020, el gobernador de Putumayo cumple medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia. Por disposición del magistrado del caso, las audiencias preparatorias de juicio iniciarán el jueves 15 de abril del año en curso.