Putumayo, Alfombra de Masacres, asesinatos, sistematicos, amenazas, desplazamientos, violación de derechos humanos e infracción al DIH, Acelerada militarización para garantizar erradicacion y expansión petrolera, todo en contravía del derecho a la Vida, la paz y un ambiente sano para el territorio.
La crisis humanitaria, la falta de garantías para vivir y sobrevivir en el territorio, la influencia legal e ilegal para la materialización y continuidad de la guerra, las descaradas acciones de corrupción, la negligencia de las entidades gubernamentales ante los mecanismos reales de atencion para contrarrestarlos problemas sociales, políticos, económicos y ambientales que afrontan las comunidades, la ingobernabilidad consecuencia de las disputas y movimientos politiqueros, las constantes violaciones de Derechos Humanos y la Infracción al Derechos Internacional Humanitario, la no implementación total y cabal del Acuerdo de Paz atizando cada una de las problemáticas mencionadas y permitiendo más argumentos para la creciente del conflicto interno a causa de problemas estructurales en el territorio nacional.
Son, han sido y serán responsabilidad del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, siendo ellos los encargados constitucionalmente de brindar y construir estabilidad, tranquilidad, bienestar y garantías de vida y la materialización de acciones reales para el cierre de brechas del campo a la ciudad.
Hoy 9 de febrero 2021, putumayo ya cuenta con una lista oficial de 18 asesinatos reportados y unos cuantos mas sin reportar o sin reconocer para no alterar las listas oficiales, por que esta claro que en un departamento altamente militarizado las cifras de asesinatos, complican la labor de las entidades encargadas de investigar y las instituciones militares encargadas de mantener la tranquilidad en el territorio; Iniciamos el año con una nueva Alerta Temprana, de la cual al momento no se conoce cuales son los avances y aplicación de las recomendaciones emanadas en dicha alerta, al igual que las 5 anteriores.
Ante este Panorama desalentador, estamos en la obligación de DENUNCIAR e INFORMAR:
• Desde el pasado 30 de enero se anuncio vía oficio a la Gobernacion del Putumayo y algunas Alcaldias del bajo putumayo, el inicio de las jornadas de erradicación, de la cual no conocimos manifestación alguna o informe de esto a la comunidad por parte de las mismas a excepción de una reunión que convoco el alcalde del Municipio de San Miguel para informar y socializarle a la comunidad lo manifestado en dicho oficio enviado desde el Ministerio de Defensa y la Presidencia. Desde los equipos de la Red de DDHH presentes en los Municipios de Orito, Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Asis, nos informaron que desde el pasado 3 de febrero se dio mucho movimiento de ejército y policía con grupo pequeños de erradicadores, anunciando ellos en terreno el inicio de las labores de erradicación y fumigación terrestre.
• Las comunidades se han visto en la obligación de activar mecanismos de protesta sobre los cultivos y atravez del dialogo evitar que les arranquen la coca; sumado a esto se han presentado hechos de presión por parte de quienes ven afectados el negocio sobre todo en estos municipios donde impera la fuerte presencia de grupos financiados para el narcotráfico, afectando de esta manera directamente a las comunidades.
• Se han registrado hechos de violencia en los municipios de Puerto Asis, San Miguel, Valle del Guamuez y Orito, como en la continuidad de los patrones de asesinatos respondiendo a la disputa del negocio en algunos casos y otros a las acciones de terror contra la comunidad, mujeres y hombres en medio de esta guerra interna, dejando familias afectadas y generando desplazamientos forzados, ademas de la generalidad de amenazas si no se trabaja con ellos, o si no está la comunidad de acuerdo con ellos.
• Existe tambien un enemigo silencioso que está aprovechando y haciendo uso de la crisis humanitaria y social interna en las comunidades para avanzar, aprovechando incluso las acciones de “desminado humanitario”; si bien es cierto las comunidades de esas zonas de influencia logran contar con territorios libres de minas, son tambien víctimas directas de las consecuencias ambientales y sociales alrededor de los Proyectos Petroleros, son las empresas petroleras el enemigo silencioso de la Comunidad, y hacen parte de la estrategia de guerra financiada por las grandes potencias y el gran Capital, son los únicos que en terreno cuentan con garantías para vivir y avanzar, sin impórtales que pasa con la sociedad.
El Gobierno Nacional ha incumplido todos y cada uno de los compromisos y deberes que tiene con las comunidades en términos de inversión y lo más grave el estancamiento del Programa PNIS y la no Implementación del Acuerdo de Paz como herramientas de cambio en las comunidades afectadas por el conflicto, nunca se dio inicio a la ruta de atención y
concertación con las comunidades no PNIS proyecto que se venía adelantando con el Compañero MARCOS RIVADENERIRA y hoy debemos reconocer que su muerte fue a causa del importante trabajo que se venía adelantando con el ministerio para la sustitución voluntaria del Cultivo de COCA.
Es nuestro deber dar continuidad a la vicibilizacion y denuncia de cada una de las situaciones que viven las comunidades, mas aun cuando impera la violación de Derechos y la Infracción al Derecho Internacional Humanitario; por lo tanto instamos a las organizaciones defensoras de DDHH nacionales e Internacionales a que nos acompañen, y aporten en el monitoreo de cada una de las situaciones acá mencionadas y las consecuencias de la activación de la erradicacion en el medio y bajo putumayo, Piamonte y Sucumbios y hacemos un llamado insistente al presidente de Colombia IVAN DUQUE y cada uno de sus Ministerios Responsables de aplicar e instalar escenarios reales de PAZ en el marco de planes y programas para la efectiva PREVENCCION, PROTECCION Y GARANTIAS DE NO REPETICION, además de la activación de todos y cada uno de los procedimientos y programas que emana el ACUERDO DE PAZ para la transformación y la estabilidad social, económica de los territorios.
EXIGIMOS:
Al Gobierno Nacional, la Gobernacion del Putumayo, las Administraciones Municipales, la Defensoria del Pueblo, la Procuraduria, Policia y Ejercito según corresponda, para que en el marco de lo posible, avancen y actúen bajo los protocolos de PREVENCION, PROTECCION y GARANTIAS DE NO REPETICION, las jornadas de dialogo y concertación con las comunidades como derecho fundamental de participación, de igual manera los mecanismos legales y constitucionales, que aporten la no impunidad de estos hechos y la celeridad de cada uno de los casos de asesinatos, amenazas y desplazamientos que en el Departamento del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofania Jardines de Sucumbios Nariño se han presentado en lo que va corrido del año 2021.
RED DE DERECHOS HUMANOS DEL PUTUMAYO, PIAMONTE CAUCA, COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS- IPIALESNARIÑO.
Jesús Bernal – Putumayoaldia