El representante a la Cámara Fabián Díaz propone también eliminar los peajes situados dentro de los municipios y que haya una tarifa más baja para el transporte de productos agropecuarios, buscando beneficiar a campesinos.
La controversia alrededor de los peajes internos en Cartagena –que, según la Contraloría, cumplieron su tasa de retorno en 2015– desataron una ola de protestas y rechazo contra este tipo de cobro. Por ello, advirtiendo que “Colombia tiene las tarifas de peajes más costosas de Suramérica”, en el Congreso se insistirá en un proyecto de ley para que la distancia mínima entre peajes sea de 150 kilómetros.
La iniciativa, de autoría del representante de oposición Fabián Díaz (Alianza Verde), propone además eliminar los peajes que se encuentren situados dentro de los municipios, como es el caso de Cartagena, o aquellos que se encuentren en vías de acceso a aeropuertos, como en Bucaramanga.
Para ejemplificar la problemática, Díaz dio cuenta de casos como la vía Bucaramanga-Barrancabermeja, alegando que empezarán a cobra un nuevo peaje “y cuando culminen las obras serán en total seis peajes con los que pretende atracar al pueblo”. Adicionalmente, la vía Bucaramanga-Cúcuta, en la que instalarán tres nuevos peajes, quedando en total cinco peajes en apenas 196 Kilómetros.
Por si fuera poco, denunció que en la vía Bogotá-Sopo pretenden poner otro peaje, “quedando en total cuatro” peajes en tan sólo 104 Kilómetros, es decir un peaje cada 26 Kilómetros. Y que en la vía Manizales-Medellín pondrá otro, quedando en total cuatro peajes, es decir un peaje cada 48,5 kilómetros.
“Todo esto es un atraco. En estos peajes siempre los que se terminan beneficiando las mismas mafias que saquean a nuestro país con la complicidad de políticos corruptos”, reclamó el congresista.
En su proyecto de ley, Díaz propone también la creación de una tarifa de peajes más baja para el transporte de productos agropecuarios, buscando con ello beneficiar a campesinos.
El parlamentó solicitó además a la Procuraduría acciones necesarias para suspender el cobro de los peajes internos en Cartagena, así como recuperar los $300.000 millones de daño patrimonial que reportó la Contraloría por irregularidades en los contratos de concesión de peajes.
En esa línea, instó a también a la Procuraduría y Contraloría a iniciar acciones preventivas y vigilancia especial para salvaguardar los derechos de las comunidades de Barrancabermeja, “que se han visto afectadas por el nuevo peaje que inició su cobro, pese a que las obras están inconclusas”.