Así quieren ser reparadas las víctimas del conflicto en el Putumayo

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Durante la entrega del informe, las víctimas del Putumayo hicieron un acto simbólico de perdón. / Grupo Guernica

Uno de los sitios claves para entender el fenómeno del paramilitarismo y de las ejecuciones extrajudiciales en el Putumayo es la finca Villa Sandra, un predio de 263 hectáreas ubicado en la zona rural de Puerto Asís. Allí se asentó por primera vez el antiguo bloque Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) para entrenarse y organizar sus actividades delictivas en 1998.

Luego, en los tribunales de Justicia y Paz, paramilitares que se acogieron a esta ley declararon que allí podría haber hasta 800 personas sepultadas en fosas comunes, que, según sus testimonios, fueron víctimas de desaparición forzada y de los mal llamados falsos positivos.

La entrega de los informes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): “Responsabilidad de la Fuerza Pública por colaboración con el paramilitarismo” y “Responsabilidad de la Fuerza Pública por los falsos positivos de Putumayo”, distinto a lo convencional, se dio de manera semipresencial en las instalaciones de la Jurisdicción en Bogotá en donde las víctimas hicieron un acto simbólico con danzas, cánticos y relatos de sus hechos victimizantes ante los magistrados de la Sala de Reconocimiento. El responsable de recibir este informe fue el magistrado auxiliar Hugo Escobar.

En los documentos, que suman más de 500 páginas, se relata que hay una deuda histórica con la población en materia de justicia. Las Mesas Municipales de Víctimas del Medio y Bajo Putumayo, la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofanía Jardines de Sucumbíos (Meros), quienes elaboraron los informes y los entregaron, dejaron allí plasmado que lo que hace falta es individualizar a los integrantes de la Fuerza Pública que, según ellos, colaboraron con las antiguas autodefensas para cometer hechos delictivos.

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Aunque no hay un registro exacto de cuántos uniformados participaron, la Sexta División del Ejército, según las organizaciones, habría sido la responsable de ordenar las ejecuciones extrajudiciales y de omitir su responsabilidad de proteger a la población de las autodefensas. Para demostrarlo, ilustraron un mapa en el que se evidencia que los cuatro puntos de control o “retenes” que tuvieron los paramilitares en los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Valle del Gamuez y San Miguel estaban contiguos a estaciones de Policía y espacios de control del Ejército.

Para ejemplificarlo, el personero de Puerto Asís en 1999, Germán Martínez, fue desplazado en 2001 tras haber denunciado ante Human’s Right Watch que entre 1999 y 2001, “los paramilitares trabajaban con el apoyo y la tolerancia del Ejército de Colombia y la Policía de Puerto Asís”. Víctimas de otros delitos, como el desplazamiento forzado, la violencia sexual y la desaparición forzada, también llevan años luchando para que estos hechos no queden en la impunidad y que se investiguen, no tanto para exigir penas para los responsables, sino sobre todo para ser reparados integralmente y garantizar la no repetición.

Por eso, en los informes entregados a la justicia transicional, las víctimas proponen a la JEP seis proyectos con los que quieren ser reparadas y que podrían llegar a ser las sanciones propias que les imponga esta justicia a los exmilitares involucrados en violaciones a los derechos humanos.

La primera acción colectiva propuesta por las víctimas para su reparación se trata de la celebración de un acto simbólico de reconocimiento y perdón en el territorio por parte de la Fuerza Pública, en el que sean los exmilitares quienes reconozcan que “las víctimas referidas a lo largo del informe eran civiles trabajadores de nuestros territorios y no guerrilleros de las Farc-Ep”.

Con el fin de dignificar a las víctimas, las organizaciones también piden que se construya un monumento a las personas que fueron asesinadas y que se reconozca que “perdieron su vida por la omisión y colaboración de la Fuerza Pública en el territorio”. Y como tercer punto, que se diseñe e implemente un “programa robusto de atención psicosocial para las víctimas directas e indirectas del accionar de los grupos paramilitares y del Ejército en el territorio, que asista en la recuperación de los daños psicológicos y culturales, tanto individuales como colectivos”.

Este programa, por ejemplo, sería parte de las acciones reparadoras para la familia de José Quevedo*, líder comunitario asesinado en 1996 por miembros del Ejército y a quien hicieron pasar como guerrillero. Según el informe, en el municipio del Valle del Guamuez los militares pasaron frente a una carretera en la que se encontraba el líder junto a su hermano buscando un ternero para la fiesta de la junta de acción comunal de la vereda. “La víctima separó a los novillos a fin de que estos no molestasen a los militares. Sin embargo, los militares propiciaron toda clase de insultos e improperios hacia los hermanos, ante lo cual el líder comunitario les exigió respeto. Entonces uno de los uniformados disparó su fusil, alcanzando a herir mortalmente al líder comunitario”.

Después, según la comunidad, mientras el hermano del líder buscaba ayuda para salvar su vida, “los integrantes del Ejército lo vistieron con prendas militares, modificaron la escena y empezaron una campaña en la vereda para informar a los pobladores que se trataba de un guerrillero muerto en combate”. Su familia, hasta ahora, no ha recibido atención psicosocial ni indemnización alguna por este hecho.

Como cuarta medida reparadora proponen que la Fuerza Pública desarrolle trabajos con la comunidad con el fin de fortalecer los procesos comunitarios y que ayuden a regenerar el tejido social. Ese camino ya está abonado. La Mesa Municipal de Participación Efectiva de las víctimas del conflicto armado de Puerto Asís lleva siete años trabajando por la reconstrucción del tejido social, basados en actividades y proyectos que unan y representen a población afrodescendiente, campesina e indígena que vivieron las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición, violaciones, abusos sexuales, amenazas y hasta reclutamiento de menores de edad. La penúltima sugerencia de sanciones para los responsables de estos crímenes se basa en crear un programa de atención médica integral a través de un hospital de cuarto nivel “que incluya un programa epidemiológico que asista a aquellas personas que hayan enfermado o enfermen en un futuro a raíz del desarrollo de fumigaciones aéreas con glifosato”.

La petición de la creación de un hospital con esas características se da justo ahora, cuando el Gobierno ha hablado de retomar las aspersiones aéreas con glifosato, a pesar de que la Corte Constitucional lo prohibió en 2017 por los efectos nocivos del herbicida en la salud.

En el plan de aspersión actual se contempla hacer las fumigaciones en 104 municipios de 14 departamentos en los que más habría cultivos de uso ilícito. El Consejo Regional Indígena del Cauca y otras 30 organizaciones han argumentado que la salida es la sustitución voluntaria, que el Gobierno “no ha hecho el estudio epidemiológico de las zonas que se pretenden asperjar” y que los riesgos para la salud de los campesinos son altos.

Finalmente, sugieren que se construya una universidad pública en el Medio y Bajo Putumayo para los jóvenes que se han desplazado del territorio a causa del conflicto armado y para quienes vivieron el reclutamiento siendo menores de edad. En el municipio de San Miguel, entre 2000 y 2001, según la comunidad, se vivieron los años más crudos de la guerra. “El municipio pasó de tener 25.000 habitantes a solo 11.000” por los continuos reclutamientos y desapariciones forzadas, según comentó una víctima. “Uno estaba tranquilo en la casa cuando escuchaba los llantos, los lamentos de las mamás porque se llevaban a los hijos y esposos. Uno no podía hacer nada más que ir a hablar con los comandantes paramilitares a favor de la persona detenida”, dijo.

Si bien las víctimas del Putumayo apenas dieron el primer paso para participar en esta justicia al presentar los informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, este año se podrían emitir las primeras sanciones a los máximos responsables de delitos en el conflicto armado en los casos de secuestro y ejecuciones extrajudiciales. Esperan que sus peticiones sean tenidas en cuenta.

¿Cuáles son las sanciones que puede imponer la JEP?

La justicia restaurativa, a diferencia de la justicia ordinaria, no tiene como eje central las sanciones punitivas o de cárcel para los responsables de crímenes. La Jurisdicción Especial para la Paz ha determinado que los ex-Farc, militares o terceros civiles que admitan su responsabilidad en crímenes del conflicto armado y que hagan aportes a la verdad tendrán que asumir unas sanciones propias, es decir, deberán reparar a sus víctimas con una serie de trabajos, obras y actividades con contenido restaurador. Estas actividades deben ser consensuadas con las víctimas y deberán ejecutarse en un lapso de 5 a 8 años.

Por otro lado, quienes durante todo el proceso ante la JEP defendieron su inocencia, y solo antes del juicio aceptaron su culpabilidad, tendrán entre 5 a 8 años de cárcel.

Finalmente, quienes no reconozcan responsabilidad en los hechos de los que se les acusa y sean condenados por el tribunal de paz recibirán una sanción ordinaria de 15 a 20 años de cárcel.

* Nombre cambiado por seguridad de la fuente.

ElEspectador

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