“Estoy donde pueda servir”

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El trabajo de las instituciones de la mano de los líderes de la comunidad para crear una cultura de derechos humanos hace posible establecer una interlocución en medio del conflicto que, incluso en el contexto más adverso, puede lograr que los grupos armados respeten unos mínimos humanitarios.

David Narváez Gómez

El poder del diálogo

El trabajo de las instituciones de la mano de los líderes de la comunidad para crear una cultura de derechos humanos hace posible establecer una interlocución en medio del conflicto que, incluso en el contexto más adverso, puede lograr que los grupos armados respeten unos mínimos humanitarios.

Con apenas 24 años, David Narváez ya comprendía que el camino que tenía por delante era culebrero. Se había graduado de abogado en la promoción de 1999 y lo primero que hizo fue enviar su corta hoja de vida al concejo de San Miguel, Putumayo –un municipio de su departamento natal–, que en aquel entonces andaba en busca del personero municipal.

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“Sabía que, de ser elegido, la cosa no sería fácil: había guerrilla, había paramilitares, había coca. Sabía que iba a ser difícil, pero la verdad no me imaginé que tanto”, recuerda.

Cuando la corporación lo seleccionó y él empezó a trabajar, en julio de ese mismo año, el panorama era confuso en la región. Se adelantaban diálogos entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep, pero estos parecían haber fortalecido el dominio de esa guerrilla que, financiada en algunos eslabones por el narcotráfico, ejercía casi como un gobierno local en San Miguel. “En ese momento –cuenta Narváez–, en el municipio no había Policía, ni Ejército, ni juzgados, ni notario, ni registro de instrumentos públicos. Los pocos funcionarios teníamos que rendirle cuentas a la subversión y, por ejemplo, las vías se hacían donde ella dijera que se debían hacer”. Sin embargo, la comunidad quería hacer cosas y quería hablar, y esa fue la oportunidad que vio el personero para apoyarla, a pesar del peligro que eso representaba.

En 1999, el Bloque Sur Putumayo y el Bloque Central Bolívar de las Auc entraron a sangre y fuego a disputar el control sobre el departamento del Putumayo. Su ingreso trazó una secuencia de masacres que no tuvo ninguna resistencia de parte de la fuerza pública (Verdad Abierta, 2014). El 9 de enero, paramilitares asesinaron a 28 personas en el corregimiento de El Tigre, del municipio vecino de Valle del Guamuez y, a finales de ese mismo año, el 7 de noviembre, paramilitares del Bloque Sur asesinaron a otras 11 en la vereda El Placer, en el mismo municipio. Ese mismo día sacaron a seis campesinos de San Miguel y los mataron. Esas últimas masacres se dieron, aparentemente, en ‘represalia’ por una masacre perpetrada el día anterior, el 6 de noviembre, por parte del Bloque Sur de las Farc-Ep. Según el portal Rutas del Conflicto, la guerrilla había instalado un retén en una carretera de San Miguel para emboscar a una patrulla de la Policía y, antes de que apareciera, los guerrilleros abrieron fuego asesinando a cuatro civiles que pasaban por el lugar. Uno de ellos era un menor de cuatro años.

En ese contexto, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría les pedía a los personeros municipales avanzar en la capacitación y formación de posibles defensores de derechos humanos, lo que parecía una locura. No obstante, David Narváez notó que había, al menos, dos mujeres y dos jóvenes del municipio que tenían habilidad natural de liderazgo, de modo que de inmediato los invitó a conformar un grupo de promotores de derechos humanos.

Pero lo temido comenzó a ocurrir: los paramilitares hicieron presencia en San Miguel, por lo que las autoridades –y, sobre todo, la población– quedaron en medio de la disputa entre las Farc-Ep y las Auc. A David y al nuevo grupo de promotores los comenzaron a amenazar. Por un lado, llegaban las intimidaciones por parte de la guerrilla –que los acusaba de haber llevado a los paramilitares–, mientras que, por el otro, los paramilitares los atemorizaron acusándolos de ser aliados de la guerrilla. También recibió advertencias después de denunciar y exigir que la inspección de Policía de La Dorada retirara a ocho agentes que habían amenazado a un menor y a una mujer.

Aun así, el personero continuó trabajando de la mano de los promotores de derechos humanos, lo mismo que de otros funcionarios de la Alcaldía y un líder indígena de la región, para dialogar con la guerrilla y los paramilitares. Con ello, logró que se respetara en el municipio un mínimo de normas del Derecho Internacional Humanitario: si la guerrilla o los paramilitares capturaban a alguien, inmediatamente él y alguna de sus compañeras o compañeros se dirigían a los campamentos para negociar su liberación y, en muchos casos, de esta manera evitaron reclutamientos forzados, homicidios o desapariciones forzadas. El funcionario sabía –y trató de inculcarlo en sus amigas y amigos del pueblo– que eran diálogos delicados en los que debían evitarse las confrontaciones con los interlocutores, y que se debían llevar con respeto y cuidado con un objetivo primordial y superior en mente: salvar vidas. Así lo puso en práctica siempre. Por ejemplo, en una ocasión en la que la insurgencia tuvo en su poder a un concejal y a su hijo, el grupo de promotores logró convocar a casi doscientas personas para ir y plantarse hasta que los liberaran a los dos.

Sin embargo, las amenazas continuaron sobre el grupo de trabajo. “A uno de mis compañeros lo mataron mientras otro tuvo que salir desplazado del municipio, en tanto que otra ‘habló muy duro’ en el velorio de un joven del pueblo, reclamando indignada por su asesinato. La guerrilla la amenazó de muerte y la obligó a irse del pueblo”, recuerda el personero. En otro velorio, otro de los integrantes de la colectividad de promotores también habló y, en ese caso, sin mediar amenaza, la guerrilla lo mató. La repetición de esos hechos obligó al funcionario a terminar el trabajo de los promotores, con el fin de evitar más pérdidas de vidas.

Y aun con este doloroso final, mientras hicieron su trabajo lograron impulsar la cultura de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en el municipio. “Éramos atrevidos –explica Narváez–. Nos metíamos en motos hasta las veredas e íbamos a las escuelas donde las profesoras nos llamaban para que dictáramos cursos sobre derechos humanos. Sabíamos cómo hablar de forma delicada, sin que se sintiera afectada la guerrilla, porque se sabía que ellos estaban por todas partes. Logramos hacer un trabajo de casi un año”.

Fue entonces cuando se empezaron a oír en el pueblo promesas de que iba a llegar Policía, Ejército, Fiscalía y juzgados. Sin embargo, el poder paramilitar se consolidó en San Miguel mientras esas instituciones prometidas nunca llegaron. “El control de las AUC nos mantuvo en un escenario de amenazas y arbitrariedades en contra de la población y muerte”, recuerda hoy el expersonero.

Al poco tiempo, un joven paramilitar, alias Blanco, se presentó en su oficina como el nuevo comandante político de la región. David Narváez se sentó a hablar con él para convencerlo de que, como líder, debía proteger al pueblo y a sus habitantes al máximo de sus posibilidades. “Lo puse de mi lado, pero, ¿para qué? Para que, como vínculo entre la población y las AUC, me entregara a la gente que se querían llevar. Él me ayudó mucho para que proteger indígenas, afros, campesinos: muchos de ellos civiles, otros de ellos vinculados con la guerrilla”, afirma. El objetivo era salvar vidas. Y cuando no estaba en su despacho, el secretario de Gobierno también lo apoyaba en hablar con los armados para salvaguardar a las personas.

Arte y cultura
Socialización del informe de Pos Fallo en El Placer, municipio de Valle del Guamuez, septiembre de 2017

En esos mismos meses, las AUC comenzaron a llamar, uno por uno, a los líderes de gremios y sectores de La Dorada. A todos ellos, David Narváez los acompañó, antes, a hablar con la guerrilla para que no los fueran a matar con la excusa de que “eran colaboradores de los paramilitares” y, luego, a aclarar las cuentas con los paramilitares, para que no los mataran bajo la excusa de “ser colaboradores de la guerrilla”. En una ocasión, pudieron dialogar con un comandante paramilitar que se presentó como capitán retirado de la Policía y en ese instante el entonces personero vio la oportunidad de lograr un mínimo respeto del Derecho Internacional Humanitario en San Miguel. “Mire, hermano –le dijo–: como está de mal vista su organización por todas esas masacres que ha cometido, en El Tigre, en La Hormiga, en El Placer, en Puerto Asís, ¿va a entrar a La Dorada a hacer lo mismo en momentos en que están buscando hablar con el Gobierno para hacer un acuerdo de paz?”.

Gracias a esa conversación, se acordó con ese grupo que las cosas en La Dorada iban a ser diferentes. Que no iba a cometer otra masacre y que no iba a extorsionar a los dueños de los negocios: fueron acuerdos mínimos que permitieron reducir el impacto de la guerra en el Putumayo. Las exigencias las hicieron los líderes de los gremios, pero David Narváez pudo canalizarlas como personero.

Unos meses después, y finalizando su segundo mandato en la Personería, ocurrió el segundo atentado contra su vida por parte de los paramilitares de las Auc. Pero fue su relación de respeto y diálogo con el ‘comandante Blanco’ lo que evitó que lo mataran. En esa ocasión, los paramilitares lo acusaron de ‘sapo’ por haber hablado con los medios de comunicación para denunciar la situación de crisis humanitaria después de que se presentaron confrontaciones armadas cerca de la cabecera municipal. Al finalizar la entrevista, lo mandaron a llamar para reunirse con ellos y él decidió “dar la cara”. La secretaria de Gobierno y un amigo decidieron acompañarlo, pero esto no impidió que, al llegar, los paramilitares lo ataran de manos. En ese momento, el personero estaba seguro de que lo iban a matar, pero cuando entró el ‘comandante Blanco’, ordenó no asesinarlo: él había visto la entrevista en la que no había dicho nada y, además, que si lo mataban todo el pueblo se les iba encima. Afortunadamente, minutos después lo soltaron.

En medio de esta situación de miedo y zozobra, David Narváez decidió que debía abandonar San Miguel y dejar el cargo de personero. Recuerda que, en ese momento, las instituciones del Estado no lo apoyaron, y que solo algunas organizaciones sociales le prestaron algo de apoyo en capacitación y tratamiento psicosocial y de salud. Entidades como Minga y Codhes lo ayudaron a viajar a Bogotá por unos meses, para superar los impactos emocionales y físicos que su trabajo le había dejado. Al finalizar el 2002 sintió tranquilidad de permanecer fuera del municipio, pues se creó la primera estación de Policía en San Miguel, lo que le permitió pensar que las cosas mejorarían.

Pasó luego a trabajar como docente en el Instituto Tecnológico de Putumayo, y se desempeñó como asesor jurídico del Incoder, lo mismo que en la Superintendencia de Notariado y Registro hasta que, finalmente, se posesionó en 2012 como director de la Unidad de Restitución de Tierras, Putumayo. Estos cargos los ejerció en un contexto muy distinto al que conoció en San Miguel, pues ya las AUC no existían en el departamento, y ello alivianó la carga provocada por la situación de seguridad.

Sin embargo, muchos de los predios que se pretendían restituir estaban situados en zonas rurales de los municipios aún controladas por las Farc-Ep, lo que implicaba un gran reto para la entrada de las instituciones en la región. “Fueron las comunidades de esas zonas las que se le plantaron a la guerrilla para lograr la entrada de la restitución y el trabajo de la mano de ellas fue lo que permitió convencer a la fuerza pública de que era posible avanzar con el proceso. Tan solo en el primer año, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) logró presentar 26 demandas en medio de una situación de continuidad del conflicto armado. Detrás de la URT entró a trabajar la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), así como la Agencia de Tierras y Acción Social y, de esa manera, se fortaleció el entramado institucional en las zonas rurales. “Comenzamos a coger los mangos bajitos –anota el funcionario–. Restituimos predios de áreas de cabecera municipal, lo mismo que los de veredas cercanas a esas cabeceras, incluso con la mirada de la guerrilla encima, y así se fueron repoblando terrenos que estaban casi completamente abandonados”.

El trabajo en la URT le permitió restituir tierras de las que habían salido comunidades enteras desplazadas, y avanzar en el reencuentro de las personas y en la reconstrucción del tejido social de esos municipios. Además, promovió un proceso de retorno condicionado a que las comunidades sustituyeran los cultivos de coca y desarrollaran diversos proyectos productivos.

Impacto positivo
Gracias a la gestión de David Narváez en la Personería de San Miguel, se logró conformar un grupo de personas que reivindicaron el valor de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y así se redujo el impacto de la guerra en el Putumayo entre los años 1999 y 2003, época durante la cual muchos de los municipios vecinos presenciaron algunas de las peores masacres en la historia reciente del departamento. La promoción de los derechos humanos por parte de él y sus compañeros salvó la vida a muchas personas a través del diálogo y del acuerdo de unos mínimos principios humanitarios tanto con la guerrilla de las Farc-Ep como con los paramilitares del Bloque Sur Putumayo de las AUC. También se evidencia la construcción de confianza entre la comunidad y las autoridades locales, pues el personero logró conformar un grupo de líderes que apoyaban las gestiones humanitarias en medio del conflicto y que le apostaron a fortalecer una cultura de los derechos humanos en un contexto de precariedad institucional y de degradación de la guerra en el Putumayo.

Luego, como director de la URT, continuó la construcción de institucionalidad. Se avanzó en la presentación de demandas de restitución, así como en planes de retorno y la creación de proyectos productivos que lograron reconstruir comunidades campesinas, incluso en un contexto en el que las Farc-Ep aún estaban lejos de desmovilizarse. Con ello, el funcionario demuestra la capacidad de las instituciones de construir confianza y trabajar de la mano de las comunidades para lograr sus objetivos misionales. Como él mismo lo reconoce, los logros no solo fueron los procesos judiciales de restitución, sino haber propiciado con ello la reconstrucción de los municipios que habían quedado prácticamente vaciados por el desplazamiento de las comunidades. “La intención de quien llega a un cargo es lo importante –dice–: si llega a robar o a acomodar a sus amigos políticos, pues no va a hacer nada. Lo otro es no mentirle a la gente y saber hasta dónde se puede llegar y no prometer lo que uno no puede cumplir”.

Al mirar las cosas en retrospectiva, David Narváez advierte que, en su oficio desde la URT, nunca tuvo que hablar directamente ni con guerrilleros ni paramilitares para poder trabajar. Y añade que, mientras como personero de San Miguel tuvo la necesidad de dialogar con los actores armados para salvar vidas, en el contexto de su labor en la URT conversaba con las comunidades y sus líderes para que fueran ellos quienes juzgaran si existían las condiciones propicias para avanzar e, incluso, para determinar la forma de ingresar a las zonas en las que el control de la guerrilla se mantenía.

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Visita a proyectos productivos en la inspección de El Placer, en el Valle del Guamuez, en presencia del director nacional de la URT, Ricardo Sabogal, en agosto de 2017

Visita a proyectos productivos en la inspección de El Placer, en el Valle del Guamuez, en presencia del director nacional de la URT, Ricardo Sabogal, en agosto de 2017

Aprendizajes en clave de convivencia y no repetición

Esta historia muestra la relevancia del trabajo de los personeros municipales como representantes del gobierno local, en particular si logran trabajar de la mano con los líderes de la comunidad para crear una cultura de los derechos humanos. En medio de la situación no deseada de conflicto armado, se evidencia la importancia del diálogo que, incluso en el contexto más adverso, puede lograr que los grupos armados respeten unos mínimos humanitarios.

Por otra parte, se prueba la importancia de la construcción de confianza entre el Estado y las comunidades. La experiencia de David Narváez es muestra del fortalecimiento institucional que se logró al contar con la confianza de las personas a las que sirve y para ello es importante que la cabeza de la entidad responda a la comunidad, que sea clara con los alcances que tiene su labor y que cumpla de manera eficiente y completa con lo que sus funciones disponen. Actuando de esa manera, incluso entidades transicionales como la URT pueden contribuir a sentar las condiciones para la entrada integral del Estado a municipios y veredas en los que hubo o hay presencia de actores armados y, de esa manera, generar las condiciones para la seguridad que contribuyan a la superación y la no repetición del conflicto armado.

Así, se destaca como ejemplar el trabajo de entidades y funcionarios que, de la mano de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, han insistido en defender los derechos humanos y la paz.

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