Por : J. Alexander Africano
La pandemia del Covid 19 ha traído por su puesto afectaciones a la salud, a la economía y a la convivencia ciudadana o social, sin embargo, todo indica que una nueva dinámica en su incremento que en muchas ocasiones es invisible será la nueva afectación por el virus. A nivel nacional podemos afirmar que delitos como el homicidio, los hurtos, la violencia sexual e intrafamiliar y las amenazas se redujeron durante los meses de mayor grado de confinamiento en el país; no obstante, en Mocoa persisten los flagelos de violencia intrafamiliar y lo concerniente a la dignidad sexual, luego podría ser esta la nueva dinámica para controlar estatal y socialmente.
El contexto no es nuevo en Putumayo y en especial en su capital, ya que hegemónicamente es la violencia intrafamiliar pero especialmente la violencia ejercida contra la Mujer uno de los delitos de mayor afectación; ni que decir de la veintena de homicidios contra mujeres en lo corrido del 2020, donde seguramente un gran porcentaje corresponde a feminicidios. Si bien podemos claramente afirmar que el lugar más seguro para las Mujeres es el hogar o mejor la casa, tal vez no lo es así, ya que si se convive con un maltratador ese “lugar seguro” será un completo tormento, eso en razón a los mas de 300 casos de violencia intrafamiliar y los más de 200 casos denunciados en el presente año por delitos sexuales.
Ahora bien, las diferentes explicaciones sobre la violencia sexual e intrafamiliar se han apoyado en que esta se da, mayoritariamente, en el ámbito privado, y que los agresores son conocidos o cercanos a las víctimas. Sin embargo, este argumento parece invisibilizar una serie de violencias que se dan en el espacio público y, por tanto, existe un mínimo de preocupación por diseñar políticas públicas que protejan a las mujeres y niñas en las calles. Luego por ejemplo no se puede afirmar que la disminución de los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar, que ocurrían mayoritariamente en el espacio público, se debe a que dejamos de ocupar las calles por la pandemia. De ahí la importancia de continuar con acciones de prevención de forma permanente.
Si bien en el país se ha avanzado con normativas como las leyes 1257 de 2008 y 1761 de 2015, entre otras, que pretenden prevenir o erradicar las violencias basadas en género, pareciera que estas no han tenido impactos significativos en la reducción del fenómeno. Cabe destacar que en casi todos los municipios se encuentran establecidas las rutas de atención, pero estas son imposibles de materializarse pues los recursos humanos, técnicos y financieros que resultan insuficientes; resulta cierto que como sociedad civil somos corresponsables en la prevención, luego no podemos no debemos seguir siendo ajenos a estas realidades cotidianas.
También vale la pena preguntarnos si cabe la posibilidad de que las niñas y niños menores de 14 años se encuentren hoy más vulnerables porque ha disminuido el control social sobre ellos; esto en atención a que, por ejemplo, se ha reducido el control del sistema educativo, que perdió contacto directo con los menores, así como el de personas cercanas que podrían visibilizar la violencia sobre los menores; esto resulta muy grave pues es la mejor forma para que este tipo de violencia siga siendo invisible.
Es preciso indicar que persiste una debilidad en la forma en que las instituciones y autoridades han desarrollado mecanismos efectivos para proteger a las posibles víctimas que se encuentran, en parte, junto a sus victimarios en el ámbito privado durante estos meses de confinamiento, incluso desde antes del virus; de ahí la importancia de que las Autoridades desarrollen una atención integral a las Mujeres víctimas.
Para finalizar, hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el cual fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999 y se empezó a conmemorar desde el 25 de noviembre del año 2000. Luego vale la pena entre otras decir que, en el caso de la violencia intrafamiliar, especialmente de aquella cometida contra las mujeres, los mecanismos nacionales como las líneas de atención o el servicio de denuncia virtual “A denunciar”, parecen no tenerse en cuenta para diseñar las medidas de prevención y atención integral. Tampoco parecen conectarse con los procesos locales y/o municipales. Un ejemplo de ello es el desconocimiento y falta de acceso a los datos de estos dos mecanismos de información y denuncia por parte de las instituciones en general.
Es una invitación a actualizar los escenarios de política pública departamental y municipales como los Planes Integrales de Seguridad y convivencia PISCC, los comités consultivos de violencia sexual, los subcomités de prevención, protección y garantías de no repetición, etc; en fin todo lo que tiene que ver con la salvaguarda de Derechos fundamentales.
“La eliminación de la violencia contra la mujer es uno de los puntos más relevantes, de la lucha de las mujeres por sus derechos”