Germán Arenas – LBM
Esta mañana autoridades y miembros de la asociación, de los diferentes pueblos de las comunidades del municipio de San Miguel y Valle del Guamuez y de la guardia indígena recibieron en el puente internacional San Miguel en Putumayo a Lucy Vargas, quien fue capturada por el ejército ecuatoriano el pasado 4 de febrero en la zona del resguardo indígena Yarinal San Marcelino del pueblo Quichua, lado colombiano en los límites del río San Miguel.
En su momento las autoridades acusaron a la señora Vargas de promover cultivos ilícitos en territorio ecuatoriano y por ello fue retenida y trasladada a la localidad de Sucumbíos Ecuador donde se surtió efecto su proceso de judicialización por parte de las autoridades de ese país y con rechazo de la autoridades colombianas.
Lucy Vargas, pertenece a la comunidad, miembro del cabildo Kichwa, resguardo de San Marcelino es subdirectora de la organización de la mesa permanente de trabajo por el pueblo cofán y se ha desempeñado como líder comunitaria, acompañando procesos de restitución de derechos territoriales, procesos de elaboración de plan retorno y de reparación colectiva a las víctimas del conflicto ya que su comunidad ha sido desplazada en tres ocasiones.
Este es el comunicado que entregó la OPIAC a la Agencia Colombiana de Prensa –Colprensa-
Putumayo, 22 de noviembre de 2020 El pasado 20 de Noviembre, después de 292 días privada de su libertad, el Tribunal de Garantías Penales de Sucumbios, Ecuador declaró nulidad del proceso y otorgó la libertad a la hermana Lucy Vargas, quien fue retenida de manera irregular por autoridades del vecino país en febrero de este año, cuando según el comunicado oficial de la asociación de autoridades tradicionales mesa permanente de trabajo por el pueblo Cofán y cabildos indígenas «las autoridades ecuatorianas incursionaron en territorio colombiano, ingresando al Resguardo Indígena Yarinal – San Marcelino de los pueblos Cofán y Kichwa ubicados en el municipio de San Miguel – Departamento de Putumayo – Colombia, allanando la propiedad colectiva, reteniendo a cuatro personas, entre ellas un menor de edad, siendo llevadas mediante engaño a territorio Ecuatoriano, capturadas y judicializadas, con lo cual violaron la soberanía nacional, quebrantando de manera grave los contenidos del Convenio No. 169 de la O.I.T., suscrito y ratificados por el Gobierno de Colombia y Ecuador, así como otros estados de latinoamérica, sobre la soberanía, independencia y autonomía de los pueblos indígenas sobre su territorio»
No hubo atención ni se adelantaron acciones por parte del gobierno nacional, para lograr la libertad de la líder Lucy, a pesar de los constantes llamados al Ministerio de relaciones exteriores, Ministerio del interior, dirección de asuntos indígenas, minorías y rom; Defensoría del Pueblo, así como a la embajada y consulado de Colombia en Ecuador.
Todas las gestiones necesarias fueron adelantadas por la asociación indígena.