En Putumayo no golpea tanto el virus del covid, como el de los armados

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LaSillaVacia

En momentos en los que muchos en el país tienen la expectativa de un posible rebrote, en Putumayo no golpea tanto el virus del covid como el de los armados ilegales y el de los líos judiciales de su dirigencia.

Al departamento lo está golpeando la disputa territorial entre las bandas, y la crisis de gobernabilidad por las acusaciones contra su gobernador y de uno de sus dos congresistas.

Las organizaciones sociales han tenido que asumir esa vocería para que esos problemas no se queden en lo local sino que trasciendan y llamen la atención de las autoridades. Pero es una tarea por la que han tenido que pagar con sangre.

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Un virus que aún no golpea
A diferencia de sus vecinos de Huila, Caquetá y Amazonas, en Putumayo la pandemia aún no ha mostrado su peor cara, al menos en cifras.

Tienen 4.924 casos y 199 muertes, mientras en Caquetá, que tiene una población similar, los casos llegan a 11.036 y las muertes a 387. La ocupación de las 26 unidades de cuidados intensivos que tienen es del 60 por ciento.

Eso tiene varias explicaciones. Primero, que no han hecho las muestras necesarias para medir el impacto, van 14 mil en los ocho meses de emergencia. Mientras que en Caquetá van 21.336, por ejemplo.

También que es una población mayoritariamente rural, con poca concentración urbana. Sus habitantes creen que se han ‘salvado’ de un colapso por su medicina tradicional indígena.

Por eso, aunque se mantienen medidas de restricción como aglomeraciones, la atención de los putumayenses se centra en otras situaciones que les están pegando más de frente.

La reactivación del conflicto
El fin de semana, la Defensoría del Pueblo y sectores políticos alternativos, denunciaron una incursión armada en el corregimiento de Yurilla de Puerto Leguízamo, el municipio más militarizado del departamento.

Hasta allá llegaron integrantes de La Mafia, que también se hace llamar ‘Comandos de Frontera’, un grupo armado que se creó con disidentes de las Farc y otras bandas que históricamente han movido el narcotráfico en la región.

La intención de La Mafia, según le confirmaron a La Silla cuatro fuentes en terreno, era presentarse ante la comunidad y anunciar su presencia y control del territorio.

Yurilla, al que solo se puede llegar por bote, es un corregimiento clave porque es la puerta de conexión entre Putumayo y Caquetá.

Es un corredor importante para la retaguardia militar (Leguízamo y Solano, en Caquetá, son los municipios más grandes e inhóspitos de los dos departamentos) pero también para el transporte y comercialización de coca y marihuana.

La Mafia entró a marcar territorio en Yurilla porque allá, históricamente, tuvieron control las Farc a través de los Frentes 32 y 48 . Ese control lo ha buscado recuperar un grupo que se hace llamar ‘Carolina Ramírez’ que fue el que se formó entre los exFarc que no quisieron meterse en el Acuerdo de La Habana desde un principio, y que tienen conexiones con ‘Gentil Duarte’, el jefe máximo de las disidencias.

Un líder de la región que tiene cómo saber lo que pasó, nos dijo que La Mafia había avisado que iba a llegar a la zona a presentarse ante la comunidad, pero que esa información se filtró y los del frente ‘Carolina Ramírez’ se enteraron y buscaron evitarlo.

Y que, por eso, se presentaron los combates en los que los habitantes de Yurilla quedaron en la mitad. Las autoridades reportaron dos muertes.

Esa versión la corroboró un informe del Ejército que al llegar a la zona encontró munición militar en los alrededores del corregimiento.

También se conoció que los de La Mafia quemaron una sastrería del lugar en la que, al parecer, se hacían uniformes para la gente de ‘Carolina Ramírez’.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido la situación en tres alertas tempranas, una de ellas de 2018. No solo por la confrontación territorial, sino porque en esa disputa están asesinando líderes sociales y reclutando menores de edad.

Organizaciones campesinas han denunciado presencia de grupos de hasta 30 armados en otros municipios como Puerto Asís.

“En medio del fuego cruzado quedan las comunidades, con otro agravante, no saber a qué grupo obedecer o reconocer, porque los dos se presentan como autoridad, hablan con las juntas, quieren imponer sus manuales de convivencia y zanjar problemas”, comentó un líder de la región que pidió omitir su nombre por seguridad.

Es la misma lectura que tienen los voceros de la Red de Derechos Humanos de Putumayo.

“Es una reactivación del conflicto, y la poca respuesta institucional. Y de fondo el incumplimiento del punto cuatro del Acuerdo de Paz que habla de la desmantelación de los grupos armados que son los que están matando a los líderes, a los campesinos, y generando estos hechos de violencia que no se limitan solamente a lo que pasó en Yurilla, son muchos más pero que han pasado inadvertidos”, explica Wilmar Madroñero, vocero de la Red.

Pero la tensión que se vive en Putumayo no es solo entre armados.

Coca, un motor
Putumayo es el tercer departamento con más coca en el país con 24 mil hectáreas hasta el reporte de 2019. Por eso, es una de las prioridades del Gobierno Duque para cumplir la meta de 130 mil hectáreas de coca erradicadas.

Y lo ha hecho en dos líneas, en las que según las comunidades, les han incumplido, y eso está generando choques.

Con el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Pnis, porque aunque hay unas 15 mil familias inscritas, no les están cumpliendo con los pagos y proyectos para arrancar las matas. Tres años después de la firma del acuerdo, sólo unas pocas familias han recibido los giros para comenzar con sus proyectos productivos.

Un asunto que, en cualquier caso, no dista de lo ocurrido en otras zonas, como lo hemos contado.

Eso generó, por ejemplo, que hace dos meses, en medio de la pandemia, unos mil campesinos salieran de sus parcelas y marchar por las calles de Puerto Asís exigiendo que lo cumplieran.

La línea de la erradicación forzada también está en veremos y está causando tensiones.

Esta semana, más de 500 campesinos del municipio de San Miguel (frontera con Ecuador) montaron un cordón de resistencia para evitar que soldados y erradicadores del Gobierno entraran a sus territorios a arrancarles los cultivos de coca que siguen siendo su principal fuente de ingresos.

Ayer, una comunidad indígenas de Orito hizo lo mismo aunque en ese caso sí se presentaron disturbios.

Eso, a pesar de que el martes el consejero presidencial para la seguridad, Rafael Guarín, visitó el departamento para comentar que ese proceso de erradicación marchaba bien.

En ambos casos, las comunidades exigen que antes de permitir la erradicación les garanticen qué otras actividades pueden hacer para generar recursos.

Plantean la posibilidad de que abran un nuevo censo en el Pnis, otros que se habilite un programa mejor.

“Si el Gobierno no presenta otra oferta institucional para darles solución a esas familias cocaleras, pues lo de Orito y San Miguel se seguirá repitiendo una y otra vez”, plantea Madroñero.

En medio de esas confrontaciones, los grupos armados encuentran un caldo de cultivo para seguir su proyecto de expansión.

El lío para los putumayenses, es que esas problemáticas se están quedando en lo local y no están trascendiendo a lo nacional porque faltan voces que los lleven a Bogotá.

Un gobernador y un representante en líos
Desde la semana pasada, el gobernador Buanerges Rosero (ASI, CR) está dedicado principalmente a resolver sus líos con la justicia.

La Fiscalía lo acusa de posible corrupción por un contrato para la compra de ambulancias que, al parecer, tendría más de mil millones de pesos en sobrecostos, y la alteración de varios documentos para favorecer al que se lo ganó.

Por eso, pidió que Rosero fuera detenido y cobijado con medida de aseguramiento. Esa solicitud es la que está definiendo en estos momentos el Tribunal Superior de Bogotá.

En el caso de que el Tribunal así lo decida, Rosero deberá apartarse del cargo de manera temporal, y al presidente Iván Duque le tocaría nombrar un delegado.

Y Putumayo se quedaría sin otra voz.

Desde hace un año, el representante a la Cámara Jimmy Díaz (Conservador) -uno de los dos con los que cuenta el departamento- está detenido en Bogotá acusado de delitos ambientales por hechos ocurridos cuando fue gobernador (2012-2015).

A Díaz se le acusa de promover y permitir la minería ilegal.

Su ausencia, además de restarle una voz al departamento en el Congreso, también ha privado al departamento de tener un puente con el Gobierno Duque porque al ser parte del partido Consevador, Díaz tenía entrada al Gobierno y la posibilidad de gestionar proyectos e inversiones para la región.

El otro representante, Carlos Ardila (Liberal), ha intentado poner en la agenda temas como la sustitución de cultivos y la falta de inversión en la región, pero no ha sido suficiente.

Díaz ha insistido en su inocencia y en promover una narrativa de que sus enemigos políticos lo están persiguiendo judicialmente, pero eso no le ha bastado para salir de la cárcel. Tampoco ha hablado de renunciar a su curul, que, de todos modos, está suspendida desde noviembre pasado.

La vocería que no tienen Rosero ni Díaz, y en la que se ha quedado solo Ardila, la han tenido que asumir las organizaciones sociales pero no siempre con libertad.

Justamente la manera en la que el país se enteró de lo ocurrido en Yurilla el fin de semana, se debió gracias a un mensaje de alerta que hizo la Red de Derechos Humanos, que es la organización que recoge a varias comunidades campesinas y tiene lazos con figuras nacionales como Gustavo Petro.

Pero esa comunidades han pagado con sangre esa labor de denuncia. Según sus voceros, en lo que va del año han sido asesinados 25 líderes sociales, comunales, campesinos e indígenas, afines a la red.

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