La semana pasada la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, les dijo a los congresistas del Huila que a más tardar el 31 de octubre van a definir qué va a pasar con la carretera 4G Neiva-Mocoa, que debía quedar lista en 2019 pero está parada y con solo un 5 por ciento de avance porque el consorcio Aliados, que se la ganó en 2015 y del que es socio mayoritario Carlos Solarte, quebró.
Es un nuevo plazo – antes había hecho cinco anuncios más- para que Aliadas o ceda el contrato a una empresa china que consiguió Solarte o la ANI le declare la caducidad del contrato y tenga que iniciar otro proceso de concesión desde cero.
Pero las maniobras que ya ha hecho Aliadas, los vacíos en el contrato, y la manera en la que la ANI ha cedido desde el inicio hacen pensar que la solución tampoco va a estar clara en noviembre.
La movida inédita
Hace casi un año, el 19 de noviembre de 2019, el presidente Iván Duque hizo un sonado anuncio en Pitalito:
“Hoy quiero hacer público que la compañía CCA (Colombia Corp) ya se hace cargo, con una firma de oferta vinculante, para sacar adelante esa carretera y para resolver, también, el anhelado paso de Pericongo”, dijo.
Se refería a que CCA iba a hacerse cargo de los 456 kilómetros a intervenir entre Neiva y Santana -Putumayo-, en reemplazo de Aliadas y cuando la obra, como contamos acá, estaba frenada por problemas de planeación y la quiebra de Solarte, procesado por sobornos en el escándalo de Odebrecht.
El anuncio de hace un año, que los congresistas uribistas del departamento como Ernesto Macías usaron para sacar pecho y decir que el presidente que barrió en Huila en las dos vueltas presidenciales sí les estaba cumpliendo, terminó sirviendo a Solarte para ganar tiempo, evitar perder la obra con sanciones y quedar fuera del negocio, y no para poco más.
Muestra de eso es que la propuesta que anunció Duque con bombos y platillos no la conocían ni siquiera todos los socios de Aliadas, y por eso tampoco la habían aprobado. Y sin eso, no podía implementarse.
La Silla conoció un acta de la asamblea de accionistas de Aliadas del 20 de noviembre de 2019, un día después del anuncio de Duque, que cuenta que dentro de la empresa no había claridad de lo que estaba pasando ni seguridad de ceder la concesión a los chinos.
La reunión arrancó con un informe del asesor jurídico de Aliadas, Andrés Ospina, contando que en la concesión tenían información que señalaba que, en Pitalito, Duque iba a anunciar la caducidad, lo que les hubiera ocasionado a los socios sanciones económicas e inhabilidades para seguir contratando.
Por eso, contó, días antes se movieron para acelerar la presentación de la oferta de los chinos que alcanzaron a radicar en la ANI el viernes 15 de noviembre, cuatro días antes de la visita presidencial a Pitalito.
Ospina también contó que habían contemplado ceder el negocio al Grupo Ethuss del empresario uribista William Vélez, pero que no se pudo porque el Banco Colpatria, que iba a financiarlo, se retiró.
Lo llamativo es que el socio de Solarte en Aliadas, la empresa paisa Latinco, no conocía la oferta de los chinos: Bernardita Pérez, delegada de Latinco (y hoy miembro de la junta directiva de EPM), se quejó de que “Se envió aprobación (a la ANI) con fecha anterior sin siquiera oír a Latinco”, dijo.
En la misma línea reclamó el otro delegado de Latinco, Ramiro Pérez. “Se aceptó la propuesta sin haber realizado la asamblea”, comentó.
Solarte justificó la movida por el afán: “se requería salvar el proyecto y evitar una caducidad”, dijo.
En esa reunión también ventilaron los problemas económicos de la sociedad.
Por ejemplo, Latinco contó que les llegó notificación de un embargo porque Aliadas le debía 1.800 millones a un proveedor que se llama Nexarte, o que un operador les prestó 10 millones de pesos con intereses al 10 por ciento para comprar combustible y no los habían podido pagar, o que la transportadora de valores que antes les prestaba 20 millones de pesos diarios para tener suelto en los peajes, dejó de hacerlo porque no se los devolvían.
Aún con esos líos de plata, las carreteras llenas de huecos y la queja constante de los habitantes de la región, Aliadas logró comprar tiempo gracias a que los contratos de concesión de vías 4G dan la oportunidad a los contratistas de buscar cesiones cuando tengan problemas financieros, para que el Estado pueda evitar que se congelen las obras.
En este caso, la oferta de los chinos, que se aprobó después de esa asamblea, fue ese salvavidas.
La ANI no ha entregado detalles de esa propuesta porque dice que es confidencial. Pero sí llama la atención que la esté analizando porque hace tres años la CCA intentó quedarse con otro proyecto 4G en Norte de Santander, pero la ANI la descartó porque la empresa no especificó de dónde iba a sacar la plata para financiar.
Tras el anuncio de Duque, Aliadas presentó un plan remedial, que incluye ponerse al día con obras prioritarias al tiempo que aterriza la oferta de los chinos, y llevarlo ante la ANI para que dé su visto bueno.
En eso se han ido estos 11 meses, con mesas técnicas buscando acuerdos entre Aliadas, CCA y ANI, y mientras tanto Aliadas ha seguido recibiendo plata pública para avanzar con las obras que siguen pendientes.
Una nueva ampliación}
El plan remedial que propuso Aliadas contempla una fase de obras prioritarias para garantizar como mínimo la movilidad entre Huila y Putumayo, que es difícil porque hay sectores como ‘Pericongo’ que tienen derrumbes permanentes.
En marzo, la ANI dio luz verde a esas obras y dispuso que el fideicomiso que maneja la plata del proyecto le entregara 29 mil millones de pesos a Aliadas para eso. Le dio como plazo para terminar las obras el 30 de junio, fecha en la que también se debía definir la cesión con los chinos.
Pero pasó junio y Aliadas no logró ni lo uno ni lo otro.
Argumentó que no pudo intervenir unos tramos entre Cauca y Putumayo por problemas con comunidades indígenas, y pidió a la ANI un nuevo plazo hasta el 1 de noviembre para terminar las obras.
Por su parte, CCA envió unas cartas diciendo que tenían parado el proceso de la cesión por que no han podido viajar por el covid, y por eso solicitaron una prórroga.
En ambos casos la ANI volvió a acceder, y les dio hasta el 31 de octubre.
Luis Gutiérrez, presidente de la ANI, explicó que han aceptado los nuevos plazos para salvar el proyecto, porque si declaran la caducidad seguramente arrancará un pleito en el que deben demostrar que Aliadas incumplió y después empezar de ceros una licitación para volver a entregar el corredor.
Como esos litigios se saben cuando arrancan pero no cuando terminan, Solarte sigue allí.
Mientras tanto, la carretera se cae a pedazos y las promesas de Duque de lograr mejoras en infraestructura para esa región, también.