John Elvis Vera Suarez
Mediante Decreto 2364 del 7 de diciembre de 2015, fue creada la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Su primer objetivo es “Adoptar los planes de acción para la ejecución de las políticas de desarrollo agropecuario y rural integral, a través de la estructuración de proyectos estratégicos nacionales bajo los lineamientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.” Igualmente “contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales y la competitividad del país.”
La nueva presidenta de la Agencia, Ana María Moreno, ha enviado su primer mensaje afirmando que “Tenemos que decir, para los jóvenes, el reto y el sueño no es ser campesino. La nueva definición en Colombia de ese sueño es ser emprendedor del campo…necesitamos entender que un campesino hoy, ya es un emprendedor del campo” …”si uno mira países desarrollados uno encuentra agricultores de esos países que ni siquiera tocan la tierra. “
Mientras las Naciones Unidas (ONU), el 17 de diciembre de 2018, en su Declaración sobre los Derechos de los Campesinos afirma que “se entiende por campesino toda persona que se dedique o pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociación con otras o como comunidad, a la producción agrícola en pequeña escala para subsistir o comerciar y que para ello recurra en gran medida, aunque no necesariamente en exclusiva, a la mano de obra de los miembros de su familia o su hogar y a otras formas no monetarias de organización del trabajo, y que tenga un vínculo especial de dependencia y apego a la tierra». Afirmando a su vez que las familias campesinas son quienes producen hasta el 80% de los alimentos en el mundo. Dicha Declaración, Colombia se abstuvo de apoyarla.
Es necesario aclarar que las afirmaciones de la Presidenta de la ADR, van en concordancia con el objetivo de dicha Agencia. En su Decreto de creación con sus 10.994 palabras, la denominación de campesino(a), no aparecen en su extenso articulado. Y esto no es casual o como se dice popularmente, no es gratuito. Y es que la política de estos gobiernos es pretender desprenderse del campesinado y entregar la tierra al empresariado. Hoy se busca incluso legitimar el despojo de las tierras a familias campesinas con lo que han llamado cínicamente como “terceros de buena fe”.
Mientras organismos internacionales como la FAO, sostienen que la agricultura familiar campesina es esencial no solo para la subsistencia de estas, la asociatividad y la inclusión social, sino para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población de los territorios y naciones enteras, los gobiernos colombianos se empeñan cada día en entregar el campo a la voracidad del agronegocio y del gran capital.
Ya lo hemos venido aprendiendo, con su lenguaje quieren oficializar su visión de país y contar su versión tergiversada de la historia y la realidad colombiana.