Incidencia de los ejes de acceso a justicia en planes de desarrollo departamental municipales en articulación con los PDET

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Por Maria Fernanda Botero CastañoComunicaciones Fundación Makikuna

Para el PNUD “El acceso a la justicia es un concepto que hace referencia a las posibilidades de las personas de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas y cuyo ámbito material de aplicación se delimita mediante el análisis del conjunto de derechos de los ciudadanos y la valoración de la naturaleza y extensión de la actividad pública y de los mecanismos o instrumentos jurídicos necesarios para garantizarlo”.

En Colombia la Constitución del 91 fortaleció la oferta de justicia, mediante el desarrollo de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y el reconocimiento de jurisdicciones especiales como la jurisdicción indígena y los jueces de paz y estableció el principio según el cual la administración de justicia es “desconcentrada” y “autónoma” (Título VIII, Artículo 228).

Entonces, haciendo uso de lo dispuesto en la Ley 152 de 1994 “Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, alcaldes y gobernadores deben incluir en sus planes de desarrollo programas, planes y proyectos tendientes a fortalecer el acceso a la justicia, mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión judicial, fortalecer la calidad de las decisiones judiciales, modernizar y ampliar la infraestructura judicial, entre otras acciones

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En el ejercicio de diagnóstico, diseño y formulación se debe prestar especial interés al enfoque diferencial en el que se incluyan elementos que consulten y tengan en cuenta la especificidad de cada una de las poblaciones de acuerdo a su condición, por ejemplo:

  • -Poblaciones indígenas y afrodescendientes
  • -Población en situación de discapacidad
  • -Mujeres víctimas Violencia sexual
  • -Personas de tercera edad, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, comunidad LGTB

EL EJERCICIO A NIVEL LOCAL

El proceso de incidencia en la planificación del desarrollo en el Putumayo y en los municipios (priorizados por los PDTES, los de mayor afectación por el conflicto) empieza desde el trabajo  en temas de justicia que genera el Programa de Justicia para una Paz Sostenible en el departamento, que permite resaltar el papel y la importancia que tienen  los Sistemas de Justicia, de conformar los espacios de los Comités Locales de Justicia en los municipios, enfocándose en específico en la fase de constitución de los planes de desarrollo, la tarea se enfocó en incluir líneas de justicia en la planificación territorial 2020 – 2023.

La dinámica del proceso de construcción empezó por dialogar en paralelo con los secretarios de gobierno desde la gobernación y las alcaldías, con las organizaciones sociales, así como articular acciones con la Agencia de Renovación para el territorio  para verificar en los planes pdets  (que debían incluirse en el diseño de los actuales planes de desarrollo de cada territorio…con el fin de hilar cabos para que no aparecieran por separado. En los diálogos se recalcó la importancia de incluir los elemento del pilar 8 (relacionado con los temas de justicia) y las  otras acciones de justicia ligadas a los Planes de de Desarrollo,

Luego se dio la participación en las mesas ciudadanas que se realizaron en los municipios, Hubo una mesa de justicia y convivencia ciudadanía propuesta desde Gobernación,  que lidero el Programa de Justicia para Una paz Sostenible, en la que asistían: Comisarios de familia, defensores, corregidores, representanes de organizaciones sociales, en donde a través de un árbol de problemas, identificaron los problemas en materia de justica, sus caudas y sus efectos.

Con ese instrumento se trabajó con cada secretario de gobierno de los municipios priorizados por el programa de JPS, se hicieron matrices para mostrar el sentir de la ciudadanía, y para revisar otros instrumentos, por ejemplo,  los que ya existían en materia de política pública como la relacionada con la equidad de género. Con ese insumo se hizo un trabajo conjunto con los formuladores de cada plan, facilitando la información temática y de diagnóstico, se acompañó la revisión de planes y programas…para que desde la autonomías de cada municipio y del departamento, se decidiera que metas incluían.

Como uno de los resultados del proceso la mayoría de los planes desde Departamento, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Orito y Valle del Guamuez, tienen un sector exclusiva para justicia llamado “Justicia del derecho” , esto antes no estaba porque siempre estaba ligado el eje de seguridad , en esta ocasión se puso aparte.

*Fotografía de la planificación con organizaciones/

Para Fátima Muriel, presidenta de la Organización Tejedoras de Vida, quiénes años atrás avanzaron junto a las mujeres del Putumayo en la formulación de la política pública de equidad e igualdad de género para la mujeres del Putumayo “Dignidad, reconocimiento y territorio 2017 – 2010”. La lidereza nos comparte su testimonio sobre la articulación en los actuales planes de desarrollo, con el instrumento de los planes de acción que materializan la política pública que en la materia ya estaba formulada.

“Durante este tiempo de pandemia las Tejedoras de vida se dedicaron con muchas organizaciones de mujeres, al ejercicio de volver a activar las propuestas que estaban plasmadas en el plan de acción que se elaboró con la política pública de género para el Putumayo:  dentro de las propuestas incluidas está el fortalecimiento para las medias de atención, prevención y sanción de todas las formas de violencia contra las mujeres de acuerdo a la Ley 1257, quedaron consolidadas en 6 municipios que es dónde se ha focalizado el trabajo, igualmente se dejó lo que es la conformación de las mesas de seguridad integral y garantías para las defensoras de derechos humanos en el putumayo”

La organización de mujeres manifiestan el compromiso de continuar haciendo exigibilidad e insistiendo que se cumpla el plan de acción para las mujeres que está contemplando en la política pública.

Desde la Fundación Makikuna queremos resaltar el rol de las organizaciones sociales y el papel de la ciudadanía, como actores importantes para garantizar el cumplimiento de la inclusión de los ejes de acceso a la justicia en la planificación territorial. Esto con el objetivo de activar los procesos de control social y veedurías ciudadanas establecidos como escenarios de participación directa. Fomentando prácticas que profundicen la cultura de la legalidad y el buen gobierno.

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