¿Por qué Putumayo no debe volver a las fumigaciones aéreas con glifosato?

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Germán Arenas – LBM – Colprensa

Las 24.973 hectáreas sembradas con matas de coca en el Putumayo, disparan las alarmas del Gobierno Nacional/Colprensa

En 2015, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, le apostó a la preservación del ambiente y la salud humana cuando decidió suspender en Colombia la fumigación aérea con Glifosato sobre los cultivos de matas de coca. Sin embargo, existe un proceso judicial en curso ante la Corte Constitucional colombiana al cabo del cual podría haber un fallo que abra camino para una posible reanudación de ese tipo de fumigación.

Dicha práctica tiene su origen en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), parte del llamado Plan Colombia, lanzado hace casi dos décadas con el apoyo de Estados Unidos.

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La Corte deberá decidir ahora si la fumigación respeta o no los derechos humanos. Las comunidades campesinas organizadas del Putumayo, creen firmemente que la respuesta es no. Los campesinos cuentan porqué Putumayo,  no debe retroceder en sus esfuerzos de evitar los impactos negativos de la fumigación aérea con glifosato en comunidades y ecosistemas.

Según la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, el glifosato es una sustancia probablemente cancerígena para las personas. También se ha reconocido, a partir de información científica, que puede causar problemas dermatológicos, abortos, daño a nivel celular o enfermedades neurodegenerativas entre otras.

Además, de acuerdo con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA), la mezcla de Glifosato y la forma en que se utiliza, amenaza la biodiversidad, especialmente a peces y anfibios en una región amazónica como es este departamento ubicado al sur del país.

Principios de Precaución

 “Principio 15. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.”

La abogada Verónica Muriel Carrioni, con una maestría en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la universidad de Lewis and Clark de Oregón, Estados Unidos, donde fue parte de la Clínica de Derecho Internacional. Argumenta que los principios de precaución están definido en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992). Su objetivo es evitar riesgos inciertos, graves e irreversibles para las personas y el ambiente.

El principio está incorporado en la legislación colombiana desde 1993 y, en el caso de la fumigación aérea con glifosato, es claramente aplicable. De hecho, con base en el mismo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales  ANLA decidió, en septiembre de 2015, suspender el Plan de Manejo Ambiental del programa de fumigaciones y detenerlas.

Aunque no se cuenta con estudios sobre la dimensión de los impactos de la implementación del programa, existe evidencia científica sobre los impactos graves e irreversibles del glifosato en la salud humana y el ambiente.

En consecuencia y en cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales, el Estado colombiano debe seguir aplicando el principio de precaución para proteger a la población y al patrimonio natural del país de los daños del glifosato y demás químicos nocivos.

La Corte

Los argumentos mencionados arriba fueron presentados también ante la Corte Constitucional por la organización regional de derechos internacionales AIDA y la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, como parte del proceso judicial relacionado con el programa de fumigaciones.

Le manifestaron  a la Corte que aún es necesario que el Estado mantenga la suspensión de las fumigaciones para evitar la consumación de los daños de su implementación durante muchos años.

Hasta no contar con estudios científicos objetivos, independientes e integrales que demuestren que el programa de fumigaciones es seguro, dicha actividad no puede ser reactivada. Los estudios deberán tener en cuenta las características específicas del programa y las condiciones ambientales y sociales de los lugares afectados. Asimismo, se deberá considerar los impactos ambientales acumulativos.

El proceso judicial responde a una acción legal presentada por el municipio de Nóvita, región del Chocó, contra varias entidades del gobierno por vulnerar derechos fundamentales de comunidades indígenas y afrodescendientes a raíz de la fumigación aérea con glifosato para erradicar cultivos de coca y amapola en la zona.

AIDA apoyó esos esfuerzos locales con argumentos de derecho internacional, abogando por la aplicación del principio de precaución para velar por la salud y el ambiente.

Quedamos ahora a la espera de la decisión de la Corte sobre un tema de trascendental importancia para el país y el continente.

Suspensión de audiencia

La realización de la audiencia pública ambiental virtual, que había programado la Autoridad de Licencias Ambientales para el próximo 1 de septiembre, volvió a quedar en veremos.

El Juzgado Segundo Administrativo de Pasto ordenó a esa entidad suspender de manera inmediata el proceso que se venía cumpliendoen el marco de la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG).

Para el juez no son satisfactorias las actuaciones realizadas por la Policía, la Dirección Antinarcóticos de la Policía (Diran), los ministerios del Interior, Salud y Ambiente, así como el Consejo Nacional de Estupefacientes para acatar el fallo de una tutela que había sido interpuesta por las comunidades indígenas y campesinas del municipio de Policarpa (Nariño) y ratificado por el Tribunal Administrativo de Nariño en segunda instancia.

Estas actuaciones, para el juez, tampoco permiten garantizar la participación real y efectiva de las comunidades que se verán directamente afectadas con el regreso de la fumigación aérea con este herbicida.

Fumigaciones aéreas con glifosato y el impacto social/Colprensa

Glifosato la palabra mágica

Según el SIMCI al día de hoy el departamento del Putumayo, contabiliza 24.973 hectáreas  una cifra que prendió las alarmas del Gobierno Nacional,  teniendo en cuenta que los cultivos han ido en aumento desde el 2013 hacia adelante siendo el año 2018 el de mayor cifra con 29.589 hectáreas y el 2019 con 26.407 pero se dejan a mayo del 2020 24.973, debido a la erradicación manual  de 9.145,988 ha.

Para el representante a la Cámara Carlos Ardila Espinosa, señala que la palabra Glifosato, se ha convertido en una palabra mágica para solucionar las problemáticas sociales de Colombia, como masacres, desplazamiento, amenazas a líderes sociales, campesinos y ahora los cultivos de uso ilícito.

Las declaraciones las argumenta el parlamentario en  base que el presidente Iván Duque, y el ministro de defensa refieren a que todos los problemas sociales  existentes en el país son por culpa del narcotráfico.

Por su pare el diputado de La Colombia Humana, Andrés Cancimance, opta por referir que el Gobierno Nacional quiere envenenar a los campesinos del Putumayo, con el uso del herbecida Glifosato,  antes de buscar salidas concertadas para contrarrestar la presencia de las matas de coca en gran cantidad. Políticas de Estado fallidas que al día de hoy no dejan avances significativos    al pequeño cultivador que va a la práctica de las matas de coca como medio de subsistencia en un departamento olvidado como es Putumayo.

Yuri Quintero, una de las voceras de la Red de los Derechos Humanos del Putumayo, rechaza de plano las fumigaciones aéreas si se llegan a dar en este territorio, por los efectos nefastos que las mismas traen para el ser humano, para la flora, la fauna, la vida silvestre, y los animales.

A pesar que en la primera semana de marzo del 2020 las organizaciones sociales fueron invitadas a la socialización de la erradicación de los cultivos ilícitos donde estas se negaron asistir; allí el Gobierno de Duque, manifestó que en este departamento no se iba aplicar la fumigación aérea sino, la erradicación manual.

Anuncio que para la líder deja mucha dudas, e interpretaciones. “Cuando hablaban de no fumigaciones aéreas se podía estar refiriendo  a la zonas como los límites fronterizos internacionales, los parques naturales y reservas indígenas”; indicó la señora Quintero.

Las organizaciones sociales coinciden que el retorno de las fumigaciones es ahondar más la crisis socia que tiene el territorio con la presencia de los cultivos de las matas de coca, la disputa territorial de los grupos armados ilegales que buscan el control absoluto del territorio y que siempre ponen en el medio al campesino ante los actores del conflicto armado.

Desde 1.996 los campesinos de este departamento vienen dando una pelea justa ante el Gobierno de turno para que se le dé una salida justa y legal a los cultivos ilícitos pero con inversión social, y a día de hoy no ha sido posible y siguen los territorios en el abandono y el olvido y con decenas de centenares de muertes violetas.-

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